Si hubiera hecho esto, si hubiera dicho lo otro, si hubiera llamado antes, si hubiera esperado un poco más, si hubiera sabido escuchar mejor...La vida está repleta de dudas que estrangulan al ser humano cuando un duro golpe los sacude. Ante la tragedia, buscamos sin encontrar veredas que habrían evitado el «accidente», interrogantes que son una carga insoportable en medio del luto. Pero aunque el peso de las preguntas duela, resulta necesario analizar si la muerte de toda una familia asfixiada en Barcelona es solo fruto del mal fario, del peso insoportable del destino. ¿Cuántas visitas de asistentes sociales hacen falta para salvar a un padre, una madre, un niño de tres años y un bebé de seis meses?
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Y es que el suceso ocurrido la semana pasada en la ciudad Condal resume con tintes terroríficos los fallos estructurales que tiene el sistema público de asistencia a los más desfavorecidos en una sociedad que se considera de primer mundo. La familia malvivía con otras cuatro personas en el local de un banco -más ironía si cabe- desde septiembre de 2020. Con luz pero sin agua, con la chatarra que recogían de la calle como único sustento.
Desde entonces habían sido atendidos ¡en 88 ocasiones! por los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, que ayudaron a la escolarización del niño mayor y les dieron apoyo en materia sanitaria y alimentaria. Sin embargo, la situación irregular de los padres «impedía darles una vivienda de emergencia», ni tramitar otras ayudas públicas como la renta básica. Según explicó el concejal del área, la otra opción era pagarles una pensión pero «la solución habitacional era peor» que el frío local en que fallecieron. Y no se hizo nada.
Tampoco los niños debían ser rescatados de esta situación de vulnerabilidad porque «los padres cuidaban de sus hijos», según certifica el expediente municipal. Entramos entonces en la maraña legislativa y competencial que deja en manos de las comunidades autónomas a los menores siempre que estén en desamparo o corran peligro, algo que nunca denunciaron los servicios del ayuntamiento a la Generalitat. Y no se hizo nada.
Todos conocían la situación de esta familia. Los mossos acudían cada poco al local avisados por los vecinos de peleas, hasta el punto de que la oficina estaba en su listado de locales ocupados en riesgo, algo que habían comunicado a la Guardia Urbana y al departamento de Derechos Sociales. Y no se hizo nada.
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¿Y si se revisa todo el sistema de asistencia? Porque está claro que algo falla.
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