Una luz al final del túnel

A estas alturas de este kafkiano e interminable episodio ¿judicial?, no puedo expresar adecuadamente la satisfacción que nos produjo la decisión del señor fiscal pidiendo la transformación de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado.

Llevamos 17 años de investigación, 12 años de instrucción y seis años de cesión absoluta de nuestras vidas y de las vidas de nuestras familias a la Justicia canaria, en un caso insólito en el marco de un Estado de Derecho. Primero, más de dos años de prisión preventiva, y ahora vamos por cuatro años de confinamiento en la isla de Gran Canaria.

Por fin vemos una luz al final del túnel: este calvario algún día va a acabar, quizás el año próximo, o el siguiente… sólo queremos su fin cuanto antes, para retomar el tiempo que nos han robado, para volver a una normalidad imposible, porque es irrecuperable lo que se nos ha arrebatado.

Ignoro si me acusarán de una cosa o de la contraria, de algo nuevo o de algo viejo. Eso sí, por una vez, que se use exclusivamente la vía judicial, en un escrito de acusación y en un juicio ante un tribunal.

No recuerdo muchas penas más mediáticas, no desde luego en Canarias, dilatadas lustros y lustros, ininterrumpidamente y en las que la condena va variando por descarte. Hoy criminales porque hicieron aquello blanco, ayer porque hicieron esto azul. ¿Cuántos informes oficiales han filtrado a la prensa durante más de una década? ¿Por qué se presentaban como hechos ciertos y demostrados, para luego terminar sepultados y olvidados en un sumario elefantiásico?

Con toda humildad, creo que hay profesionales de la comunicación que tienen una reflexión que hacer sobre lo que se ha dicho o escrito. Que una asociación que se hace llamar Pro Derechos Humanos y en los foros internacionales denuncia el abuso del secreto de sumario y la prisión preventiva en España, pelease con uñas y dientes para tener en la cárcel a una persona moribunda que no estaba acusada de nada en particular, es, por emplear una expresión coloquial, para darle una vuelta.

Que la Fiscalía, que con tanto celo persigue «delitos de sobrecostes» en África, mire para otro lado cuando en su presencia a la Udyco se la pille destruyendo una prueba y creando otra para sostener la participación en los hechos de un investigado, es para mirarlo con cierto detenimiento.

Que se mantenga en la cárcel al hijo y a la esposa del investigado, enfermo éste, con absoluto secreto de sumario, todos ellos con la peligrosísima clasificación FIES, reservada para terroristas y delincuentes especialmente violentos, hace pensar si ese método tenía como único fin la tortura psicológica buscando forzar cualquier tipo de confesión. Todo esto, en efecto, en el marco de un estado social y democrático de derecho. Vivir para ver o, en este caso, para sufrir.

Honradamente, no creo que este caso sea tan importante para los canarios por lo que ocurrió hace 20 años en distintos proyectos empresariales de un país de África sino por lo que está sucediendo aquí y ahora en la Ciudad de la Justicia. ¿Habrá valor para reconocer el error judicial en las islas o tendrá que ser declarado éste, pasado el tiempo, por una instancia superior, sea esta nacional o internacional? ¿Estará mi padre vivo para verlo?

Lamento profundamente que me toque a mí redactar esta carta. Sin duda alguna, mi padre lo hubiera hecho mucho mejor, pero a estas alturas no puede ni leer el periódico.