El centro cultural Guaires, en Gáldar, acogió el jueves y el viernes el I Congreso de Reto Demográfico, un encuentro en el que representantes institucionales ... y expertos de campos tan diversos -pero complementarios- como la política, la economía, las ciencias sociales y la arquitectura y el urbanismo intercambiaron reflexiones y experiencias sobre una cuestión que afecta con especial intensidad al archipiélago. Y lo hace con dos caras muy diferenciadas: por un lado, islas y enclaves concretos cuya población crece por encima de la media estatal y otros que, por el contrario, se van despoblando de forma acelerada.
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En cifras globales, la evolución demográfica del archipiélago es de vértigo: ahora cuenta, en números redondos, con 2,2 millones de habitantes, mientras que hace una década eran 124.000 habitantes menos y hace 25 años esa diferencia llegaba a medio millón menos. Las dos islas capitalinas, Fuerteventura y Lanzarote son las que han acusado el mayor aumento, basado sobre todo en la llegada de personas de otras comunidades autónomas y en especial del extranjero, con el turismo como polo tractor.
Por contra, las llamadas 'Islas Verdes' (La Palma, La Gomera y El Hierro) viven una realidad diferente, con crecimientos muy por debajo de la media regional e incluso en muchos municipios con un retroceso demográfico, pues las generaciones más jóvenes se van y lo hacen sin voluntad de regresar.
En cuanto a la población extranjera, sobresalen los datos de Fuerteventura y Lanzarote, con 31,1% y el 24,5%, respectivamente, de residentes foráneos. La Gomera es la tercera isla con más proporción de residentes de nacionalidad extranjera, con el 17,9% del total, seguida de Tenerife (17,7%) y El Hierro (16,5%), mientras que por debajo de la media regional solo están La Palma (13,28%) y Gran Canaria (10,07%).
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Ante este panorama y ante la evidencia de que un crecimiento acelerado y concentrado en determinados enclaves produce desequilibrios, urge tomar medidas. Las decisiones han de encajar en la normativa estatal y en la europea, pero en ambas hay espacio para las excepciones. En ese sentido está trabajando el Gobierno canario de la mano de las federaciones de cabildos y de ayuntamientos canarios. Con esos mimbres se debe articular la ley anunciada en Gáldar por el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo, una iniciativa necesaria y que está llamada a contar con el consenso de los partidos con presencia en el Parlamento.
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