Anomalía democrática

El intento 'in extremis' del Gobierno de recabar el apoyo del Partido Popular fracasó y ahora el Ejecutivo anuncia que volverá a aprobar un decreto similar, un empeño que parece condenado igualmente a otro fracaso si previamente no se abre a negociar.

Depositar la responsabilidad de lo ocurrido en la oposición es un sinsentido. Cuando se gobierna con el apoyo de una pluralidad de formaciones políticas, la primera obligación del Ejecutivo es sentarse con sus aliados si quiere sacar las iniciativas adelante, en especial si opta por el mecanismo del decreto ley, que no permite, salvo modificación a última hora, la inclusión de enmiendas. Sánchez lleva toda la legislatura haciendo exactamente lo contrario: abusa del decreto y no se asegura previamente los votos necesarios para la convalidación de los mismos.

Estamos ante una anomalía democrática: un Gobierno que no presenta los Presupuestos Generales del Estado porque es sabedor de que no tiene apoyos y que alarga una legislatura agónica a base de decretos sin garantía de éxito. Y subrayar esa condición anómala no supone quitar legitimidad al Ejecutivo. El marco democrático parlamentario que consagra la Constitución de 1978 permite esta situación, pero es evidente que no estamos ante lo deseable. Y tampoco ante lo que precisa el país para dotar de seguridad jurídica a los agentes económicos y sociales. Tampoco esta excepcionalidad invita a recuperar el crédito perdido por la ciudadanía en la política. De hecho, lo que está consiguiendo Sánchez es dar la razón a quienes sostienen que el Congreso no representa la realidad política de la España actual.

Sánchez eludió someterse a una cuestión de confianza cuando el caso Koldo se convirtió en el caso Cerdán. Ahora vemos que lo hizo a sabiendas de que el apoyo en sus teóricos aliados se ha quebrado. Y con su empeño en seguir en La Moncloa a toda costa, está quebrando la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. El daño, por tanto, es mayúsculo y ni el Congreso ni España se lo merecen.