El registro de Acciona en Bilbao intervino documentos clave de negocios de la 'trama Cerdán'

El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa, Leopoldo Puente, ordenó la víspera un total de ocho registros: en las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao, en cuatro inmuebles propiedad de Justo Vicente Pelegrini (exdirector de Acciona Construcción) y en dos cooperativas de Antxon Alonso, Erkolan y Noran, ubicadas en San Sebastián. El realizado en la capital vizcaína, en unas oficinas que la empresa tiene en Alameda Recalde, fue de largo el que más horas se prolongó y en el que más efectos documentales se llevaron los agentes para poder avanzar en la investigación.

Según las actas a las que ha tenido acceso este periódico, la UCO se personó en esas dependencias a las 8.30 de la mañana y no terminó hasta las 22.56 de la noche. El registro se realizó en presencia de Tomás Olarte, director de la firma para la zona norte de España, quien ha sido citado como investigado por el juez para el 3 de diciembre y suspendido de forma cautelar en sus funciones por la empresa. Suyos son los dos únicos dispositivos electrónicos intervenidos: un teléfono móvil modelo iPhone 16 y un ordenador de la marca HP del cual se hizo un volcado selectivo.

El resto de material que los agentes de la Guardia Civil se llevaron de allí fueron numerosas libretas y carpetas que guardan información sobre negocios vinculados a la supuesta red corrupta. Entre ellos, el de las obras en los túneles de Belate, en Navarra, que fueron adjudicadas por 62 millones de euros a una UTE entre Acciona, Osés y Servinabar (la empresa de la que Cerdán sería socio y con la que se canalizarían las mordidas por amaño en obras públicas). A partir de los documentos intervenidos, la UCO ha pedido al juez que investigue dicha contratación por parte del Gobierno de María Chivite.

Los archivos intervenidos en Bilbao, que suman un total de 2.146 páginas entre folios impresos y hojas manuscritas, también recogen datos sobre otras obras bajo la lupa por haber sido adjudicadas a Acciona y Servinabar, todas ellas en la zona norte: Mina Muga, la construcción de una mina de potasa en la frontera entre Navarra y Aragón en la que la UCO sitúa el origen de la trama; el pabellón Navarra Arena en Pamplona; la rehabilitación del Archivo General de Navarra; la construcción de unas VPO en Ripagaina; y la variante sur de Logroño.

Ese mismo día, el viernes 14, agentes de la Guardia Civil también desarrollaron una actuación que no había trascendido hasta ahora. A las 9.10 horas se personaron en la sede central del Gobierno vasco en Lakua. El objetivo era que la Dirección de Trabajo y Seguridad Social facilitara «en el acto» toda la documentación obrante en sus archivos o bases de datos sobre las dos cooperativas vinculadas al empresario Antxon Alonso, socio de Cerdán: Noran y Erkolan. Una funcionaria y un alto cargo aportaron un total de 85 archivos y 22 carpetas.

Desde casi dos horas antes, otro grupo de la UCO se encontraba registrando las sedes de ambas cooperativas en San Sebastián. En la de Noran, situada en la calle Portuetxe, intervinieron un centenar de folios. En esta sociedad, que habría recibido más de 600.000 euros por parte de Servinabar, estuvo contratada Paqui Muñoz, mujer de Cerdán, quien cobró 1.900 euros al mes durante cinco meses sin que la investigación haya podido acreditar que fuera a trabajar.

En las dependencias de Erkolan, ubicadas en la Avenida de Tolosa, los agentes se llevaron un disco duro interno extraído de un ordenador portátil que no funcionaba. Servinabar habría transferido cerca de 367.000 euros a esta empresa, que tuvo a sueldo a Belen Cerdán, hermana del ex 'número tres' del PSOE.