La ministra de ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Hacienda María Jesús Montero. / Reuters

La reforma fiscal abre otro frente en la coalición de Gobierno con las heridas de la laboral aún frescas

La ministra de Hacienda tilda de «inoportuna» la propuesta que sus socios llevarán al próximo pleno del Congreso y Belarra reclama su derecho a participar en los «debates centrales»

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERAS Madrid

No es una sorpresa, pero hasta ahora el ala socialista del Gobierno no había sido tan claro al expresar su malestar con la decisión de Unidas Podemos de someter a debate en el Congreso la próxima semana su propia propuesta de reforma fiscal; un texto que aboga por endurecer el IRPF para las rentas más altas, revisar la tributación corporativa y medioambiental e introducir un impuesto a las grandes eléctricas, además de una tasa para las grandes fortunas no bonificable por las comunidades autónomas, entre otras medidas. «Es –dijo este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero– un irrupción inoportuna».

El Gobierno encargó en abril del pasado año a un grupo de expertos un análisis para hacer «más eficiente» el sistema fiscal y dar respuesta a «las nuevas realidades». Sus trabajos se han centrado en cuestiones como la armonización del impuesto de patrimonio –asunto que ya ha desatado las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso–, las criptomonedas, las transacciones digitales y los impuestos verdes (carburantes, billetes de avión, gases fluorados o plásticos de un solo uso). Las conclusiones se esperan, tras algunos retrasos, para el día 28.

«Lo lógico habría sido esperar a tener el documento que el propio Gobierno ha encargado a esos expertos, que han trabajado de forma altruista poniendo lo mejor de su conocimiento al servicio de la sociedad –afeó Montero en TVE a sus socios en el Ejecutivo–. Creo que no es conveniente discutir en paralelo otras iniciativas».

Su tono distó mucho del más neutro empleado la víspera por la ministra portavoz en su comparecencia habitual tras el Consejo de Ministros. Isabel Rodríguez se limitó a señalar, como había hecho el mismo lunes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que la propuesta de Unidas Podemos no es la del Gobierno. «Los partidos pueden reunirse donde quieran y con quién quieran, esto es la democracia –adujo la también ministra de Política Territorial para quitar hierro al asunto–; hacen su trabajo en el ámbito de su organización y el Gobierno en el suyo».

Montero concedió que las formaciones políticas tienen derecho a hacer sus propuestas pero, sin utilizar la palabra, atribuyó a Unidas Podemos un comportamiento desleal. «Habría preferido que hubiesen esperado», insistió.

Batalla previsible

Que la de la reforma fiscal, planteada para 2023, iba a ser la próxima batalla dentro del Gobierno era muy previsible, pero Podemos golpeó primero y golpeó dos veces al adelantarse a cualquier movimiento del PSOE. Lo hizo, además presentando por todo lo alto su proposición este lunes, en un acto de las ministras Ione Belarra (secretaria general del partido) e Irene Montero junto al secretario de Estado y responsable del área económica de la formación, Nacho Álvarez y en el que se lanzó un mensaje a los socialistas tras la aprobación de la reforma laboral con Ciudadanos, aliado al que los morados nunca quisieron cerca.

Podemos invitó al evento a la diputada de ERC Marta Rosique y al senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta y, desde el atril, su líder avisó: «Tenemos que abordar una reforma fiscal que sea ambiciosa, que pueda redistribuir la riqueza y que nos permita llegar a un acuerdo en el Gobierno de coalición, pero también con el bloque de investidura». Justo lo que no fue posible con el acuerdo para la reforma laboral liderado por Yolanda Díaz, fundamentalmente, y que censuran desde algunos sectores de UP porque la negativa de Pedro Sánchez a avalar cambios, bien en el real decreto bien a futuro, al margen del diálogo social hizo inviable la negociación.

Belarra defendió este miércoles su actuación frente a las críticas de la ministra de Hacienda y, durante un acto electoral en Villaquilambre (León), replicó que lo «enormemente inoportuno» es que, en «plena recuperación económica», todavía los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas paguen «el doble» de impuestos que las grandes. «Quiero recordar que somos un Gobierno de coalición y, por tanto, los dos socios tienen que poder participar de los debates centrales, igual que en materia presupuestaria», argumentó.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que peleó con uñas y dientes para que el PSOE no le arrebatara el liderazgo en la negociación de la reforma laboral con sindicatos y empresarios, volvió a interceder en el asunto asegurando que Unidas Podemos «respetará» el trabajo de los expertos y que el Gobierno hablará, en este caso, «a través del Ministerio de Hacienda». Sin embargo, también apuntó que «hay que aligerar la carga fiscal de los que menos tienen para que los más tienen aporten más» y que en eso se basa la propuesta de sus compañeros.

Díaz siempre se ha mostrado poco amiga de la estrategia de escenificación del conflicto en la que se apoyó Unidas Podemos mientras estuvo liderado por Pablo Iglesias, pero la reforma laboral ha creado también una fractura evidente sus planteamientos y los de la dirección del partido. Y fuentes de la Moncloa admiten no tener claro por cuánto tiempo podrá la vicepresidenta seguir ejerciendo de «muro de contención».