Trump envía cazas a Puerto Rico para intensificar la lucha contra el narcotráfico

La movilización armada se ha producido horas después de que Washington acusara públicamente a Caracas de un vuelo «extremadamente provocativo» realizado el jueves por dos aviones de combate venezolanos sobre un buque de guerra de la Marina norteamericana. El Pentágono considera que esa acción fue «diseñada» por el Ejecutivo de Nicolás Maduro «para interferir con las operaciones estadounidenses contra el narcoterrorismo».

La Casa Blanca califica al chavismo como «el cártel que gobierna Venezuela». EE UU mantiene en este momento un total de ocho buques de guerra con misiles y un submarino nuclear en las cercanías de las aguas territoriales de la costa de Venezuela.

La escalada militar tiene lugar en un momento en que Estados Unidos se encuentra en dificultades para justificar la destrucción el martes de una lancha procedente de Venezuela acusada de «narcoterrorismo» por presunto transporte de drogas. Murieron 11 personas.

La Administración Trump inició hace unas semanas una campaña de presión militar contra el Gobierno de Maduro, a quien vincula con el narcotráfico, acusándole sin presentar pruebas de liderar el cartel de los Soles, y ahora también al Tren de Aragua, algo que Caracas niega.

El economista de Columbia y asesor de política pública en numerosos gobiernos de la ONU, Jeffrey Sachs, recordó en una entrevista esta semana que la presión sobre Venezuela ha sido una constante del Ejecutivo estadounidense durante décadas. «Lleva tratando de derrocar al gobierno venezolano desde hace más de veinte años a través de una serie de intentos de golpe, operaciones encubiertas y sanciones económicas», señaló el analista. «Han puesto una recompensa sobre Maduro. Es todo flagrantemente vulgar, ilegal y de (actitud de) matón», añadió.

Expertos legales estadounidenses y exfuncionarios de seguridad nacional cuestionan la autoridad legal de Trump para la ejecución de lo que califican como asesinatos extrajudiciales contra presuntos narcotraficantes. Según Adam Isacson, director de supervisión de defensa del grupo de Investigación y Defensa en América Latina, el homicidio de civiles en aguas internacionales, aun en el caso de que fueran narcotraficantes, viola la ley internacional.