Viticultores de las islas recurrirán al TSJC las medidas del Gobierno canario contra la filoxera

Acudir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TJSC) y presentar una denuncia ante el Tribunal de la Competencia en Bruselas. Esa es la decisión que han tomado por unanimidad 53 bodegueros de la patronal de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) ante la publicación ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de la orden que restringe el transporte de uva fresca y material vegetal de vid entre islas y comarcas.

Consideran sumamente «injusto» que la Consejería de Agricultura del Gobierno regional esté adoptando estas medidas restrictivas para los viticultores de Canarias mientras que siguen entrando «sin control alguno» desde la península con cientos de miles de kilos de uva. «Viene todo de un territorio 100% filoxérico, es un disparate».

Avibo, estrechamente vinculada a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Islas Canarias, a través de su presidente Juan Jesús Méndez, considera que el que se haya detectado 30 plantas con filoxera, la mayoría en zonas no activas para la producción de la vid, no debería «bloquear el funcionamiento normal de las empresas. Es una medida para quedar bien ante la opinión pública pero no es efectiva».

Ambos organismos defienden que la orden infiere en muchas cuestiones «contradictorias y no ejecutables» como la prohibición de transportar cajas de una bodega a otra, habiendo la posibilidad de que sean del mismo dueño o de no poder utilizar tractores para mover la mercancía de una localización a otra. «Las órdenes las lanzan funcionarios desde sus oficinas que jamás han estado vendimiando en una finca, ese es el problema», critica el presidente de Avibo y la DOP Islas Canarias, Juan Jesús Méndez.

Acogiéndose a la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal, la cual establece una serie de actuaciones a ejecutar ante la presencia de una plaga, la orden del BOC recoge que los titulares de las fincas deberán mantener sus cultivos, así como las masas forestales y el medio natural en buen estado fitosanitario para la defensa de todas las producciones, propias y ajenas y aplicar las medidas que se establezcan tras declararse la plaga.

Los propietarios de las parcelas que pudieran resultar afectadas, tanto en la zona infestada como en un radio de un kilómetro, estarán obligados a permitir el acceso a sus parcelas al personal de la Consejería para la ejecución de las medidas fitosanitarias previstas en la orden.

Los propietarios que detecten la presencia de la plaga o de sus síntomas tienen la obligación de comunicarlo a los servicios de sanidad vegetal de su provincia.

El no cumplimiento de estas medidas podría derivar en la aplicación de sanciones administrativas, que según se cita en la Ley 43/2022, oscilan entre los 300 y los 3.000 euros en caso de leves, hasta los 120.000 euros en caso de graves y hasta los tres millones de euros en caso de muy graves.

Méndez recuerda que los primeros interesados en que la situación no avance más son los propios viticultores, «mucho más que un funcionario porque somos los que tenemos intereses en juego». La propuesta es que se siga monitoreando la situación de las fincas y que si aparecen nuevos focos se actué rápidamente para erradicarlos pero que en el resto de zonas libres de la filoxera se les permita seguir trabajando como hasta ahora.

Asaga Canarias propuso durante una reunión esta semana con la Consejería que se realicen análisis del ADN de la filoxera que se ha detectado en Tenerife y se coteje con la que está presente ahora mismo en el resto de España para así determinar si se trata de un foco nuevo y alarmante o si por el contrario, es un foco antiguo que lleva años en la isla y cuya presencia en fincas inactivas no debería causar mayores consecuencias. «Si el ADN es exactamente igual, se podrá afirmar que acaba de llegar y estaríamos ante un foco que habría que acotar de manera urgente», señala el Secretario general de Asaga en Canarias, Theo Hernando.

Por su parte, el resto de Consejos Reguladores de vinos de las islas, responsables de cerca del 90% de la producción han mostrado públicamente su apoyo al Gobierno de Canarias, en su intento de controlar la expansión de la filoxera en el archipiélago. Desde agricultura también ven favorable la propuesta de Asaga en una segunda fase, después de haber puesto los cortafuegos necesarios con esta orden en el BOC.

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