Jéssica de León contesta a Onalia Bueno respecto a la vivienda vacacional: «Los ayuntamientos no quieren dar la cara ante el vecino»

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, sale al paso de las declaraciones de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), y rechaza crear un decreto específico con los requisitos para la actividad clasificada, ya que estos ya aparecen recogidos por ley en el decreto 86/2013. Como apunta, los ayuntamientos «no tienen que interpretar nada», ya que está todo especificado en este texto legal. De hecho, indica que ya hay ayuntamientos que están cumpliendo con la actividad clasificada como Yaiza, Tías, Arona y La Oliva.

–La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y la Fecam se han posicionado en contra de la ley de la vivienda vacacional aprobada la semana pasada y piden que se dejen claros en un decreto los requisitos para decidir si una vivienda vacacional cumple o no con la actividad clasificada. Rechazan que sea un ayuntamiento el que tenga ese 'papelón' y tener que decirle a un ciudadano que su VV no puede ejercer.

–No entiendo las declaraciones que se han hecho. Dicen que políticamente es inviable pero lo que se esconde detrás de esto es falta de valentía. A ver, esos requisitos están ya estandarizados en el anexo 3 del decreto de actividades clasificadas, que es el 86/2013. Ahí dice claramente lo que un propietario tiene que presentar en una comunicación previa para cumplir la ley. A fecha de hoy hay ya miles de propietarios de vivienda vacacional que están cumpliendo con este trámite porque hay muchos ayuntamientos que sí han entendido lo que hay que hacer. Un ejemplo es La Oliva, que ha generado un modelo clarito de actividad clasificada. También están Yaiza Tías, Adeje, Arona... Todos lo tienen perfectamente claro. En el anexo 3 de ese decreto está todo especificado y hay un modelo de comunicación previa. No hay que desarrollar nada más. Se requieren documentación de ocho aspectos que ahí se detallan como el proyecto técnico e informe de compatibilidad urbanística, entre otros. No hay margen de duda.

–Entonces, ¿a qué achaca ahora estas declaraciones?

–Primero porque llevan diez años sin cumplir la normativa de actividad clasificada y declarando que la cumplen. Y además, porque Ascav (Asociación de Vivienda Vacacional de Canarias) ya intentó tumbar el artículo 4 del decreto 113/2015 que incluía la actividad clasificada para la vivienda vacacional y el Supremo le dijo en 2017 que sus quejas «no eran merecedoras» de su amparo y que «no era necesario que el reglamento contuviera una suerte de dictamen sobre la legislación sectorial aplicable», que vuelven a pedir ahora.

–Bueno ha llegado a decir que si tiene que hacerlo lo hará pero que sabe a quien apuntará cuando haya quejas, en referencia al PP y a su Consejería.

– Los ayuntamientos lo que quieren, y ahí se ve claramente, es no ser ellos los que comuniquen a sus vecinos que no pueden ejercer la actividad. Lo que nos están requiriendo es que sean los cabildos los que informen de que no se cumple. Que sean los cabildos los que lo notifiquen.

–Vamos, no dar la cara.

–Efectivamente. O dicho de otro modo, renunciar a sus competencias pero es que la actividad clasificada es un trámite meramente municipal. No es competencia de la Consejería de Turismo. La ley de actividad clasificada apunta a que deben cumplirla todos los alojamientos turísticos y todos los alojamientos turísticos son todos: hoteleros y extrahoteleros. Ahora dice la señora Onalia que hay que equipararlos a apartamentos y a hoteles. ¿Cómo voy a equiparar a un propietario de vivienda con un hotel y con un apartamento? Todos van a autorización previa, salvo la vivienda vacacional, que va a declaración responsable. Una casa rural va a autorización previa y ahí completa su trámite de actividad clasificada; un hotel va a autorización previa y ahí contempla su actividad clasificada pero la vivienda vacacional va a declaración responsable. Por eso tienen que hacer un proyecto técnico que certifique cumple la actividad clasificada, como lo han hecho todas las demás.

–¿Tiene ese informe un coste muy elevado? Porque igual está ahí la cuestión para rechazarlo.

–No y además le invito a que llame al Colegio de Ingenieros porque ya lo están haciendo para miles de propietarios desde hace meses. El coste oscila entre los 500 y 1.000 euros, dependiendo de la vivienda.

– Por lo que estamos hablando el Gobierno no va a preparar ese decreto para la actividad clasificada.

–Pero, ¿cómo voy a hacer un decreto desde Turismo de una ley que no es mi competencia? Es que no puedo. Aparte de que no hay ninguna actividad económica que tenga un decreto de referencia. Si alguien va a abrir un comercio, una farmacia, una refinería..., lo que sea, no tiene un decreto específico de actividad clasificada.

–Esto que me está apuntando tanto Onalia Bueno como la Fecam teóricamente lo saben, ¿no? Porque cuentan con asesoramiento legal.

–Hay que partir de la base de que no todos los ayuntamientos están en estas declaraciones. La Oliva, por ejemplo, ha creado una ordenanza específica para la regulación de esta actividad y está permitiendo a todos sus vecinos, que presenten la actividad clasificada y Adeje, lo mismo. Casi todos los municipios están presentando la actividad clasificada. Tienen su propia comunicación previa. El Ayuntamiento no se tiene que pronunciar en nada que es lo que no acaban de entender. Onalia Bueno lo que está haciendo de forma intencionada y malévola es confundir apartamentos con viviendas. Los apartamentos turísticos no van a poder cumplir pero eso lo sabíamos desde el minuto uno. Hay sentencias que han dejado claro que los apartamentos turísticos no se puede comercializar como viviendas vacacionales porque no son viviendas, porque están en suelo turístico con licencia turística y se rigen por el principio de unidad de explotación. Ella confunde a esos propietarios y les dice que el impacto de la ley es que jamás van a poder tener el trámite de actividad clasificada y es verdad, pero ni ese ni ninguno porque son apartamentos turísticos. Me parece muy cruel jugar con esos propietarios.

–El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, apuntó ayer que aún hay margen de mejora en la ley.

–Sí, claro. De hecho, de las enmiendas 'in voce' que se quedaron pendientes hay tres cosas que se van a incluir: la derogación de la transitoria 6º que nos pidió la Palt ; además se va a dar un año de plazo para que puedan presentar actividades clasificadas y se va a permitir la transmisión 'mortis causa'. Esto es algo que ya hemos pactado los grupos que apoyan al gobierno y que va a salir. Ellos lo saben pero prefieren hacer política y ruido. Lo vamos a incluir en una ley que se va a debatir en 15 días.

–La Fecam reclama también una medida cautelar urgente para suspender o paralizar los plazos de consolidación de la vivienda vacacional hasta que se clarifique el régimen de las actividades clasificadas...

–Primero que no hay ningún régimen que clarificar porque ya está todo detallado, como le he señalado, y después, ¿cómo voy a meter una medida cautelar sobre una ley que ni siquiera está en vigor? Que no se ha publicado en el BOE ni en el BOC. Y por último, se va a dar ese año de plazo para las actividades clasificadas y lo saben.

–Una vez aprobada la ley, ¿qué podrán hacer los ayuntamientos y alcaldes como Onalia Bueno?

– Ahora sólo pueden ir contra la ley si se unen 50 diputados en el Congreso y presentan un recurso de inconstitucionalidad a la norma, que lo harán.

–¿Dan los números?

– El PSOE ya tiene más de esa cifra, así que puede pasar. Nosotros ya sabíamos que iba a haber litigiosidad porque, insisto, aquí lo más importante para ellos es la política, nada más.

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