La energía limpia no se tira

Los datos son contundentes. Según Red Eléctrica de España, solo en los primeros cinco meses de 2025, el porcentaje de energía renovable desaprovechada en Gran Canaria ha superado el 19,38 % (siendo del 24% en abril y del 25% en mayo), multiplicando por 2,2 el valor del año anterior (incremento del 10,72%). No se trata de un fallo puntual, sino de un síntoma estructural de los sistemas eléctricos insulares. Además, la imposibilidad de evacuar toda la energía generada no solo supone un despilfarro ambiental, sino también una merma directa en la rentabilidad de los proyectos renovables, que ven reducidos sus ingresos sin compensación en muchos casos.

La razón de fondo es clara: nuestras redes no están preparadas para gestionar un sistema renovable a gran escala. Es necesario reforzar las redes de distribución para poder integrar adecuadamente tanto las energías renovables como los sistemas de almacenamiento. Y aquí es donde entra en juego una pieza clave: el almacenamiento energético. Sin él, no podremos liberar todo el potencial de nuestras energías limpias.

En Gran Canaria ya se están dando pasos. El proyecto de bombeo hidráulico del Salto de Chira, con capacidad para cubrir hasta un 36 % de la demanda punta de la isla, está en marcha. También avanzan diferentes iniciativas con baterías que está impulsando el Consejo Insular de la Energía. Y el hidrógeno verde, aún emergente, empieza a perfilarse como una solución de almacenamiento de larga duración con múltiples aplicaciones. En este sentido, destaca el proyecto RESH2PORT, liderado por Megaturbinas de Arinaga (participada por el Cabildo, la Autoridad Portuaria e ITC), que prevé instalar un electrolizador en el Puerto de La Luz y producir 40 t de hidrógeno anuales para abastecer entre cinco y seis guaguas públicas cero emisiones. Pero no basta con unos cuantos buenos proyectos. Hace falta voluntad política, financiación adecuada y procedimientos ágiles.

Desde el Cabildo somos plenamente conscientes de este reto, y por ello muchos de los proyectos que estamos impulsando recientemente ya contemplan de forma sistemática la hibridación con baterías. Es el caso, por ejemplo, de la instalación fotovoltaica sobre el nuevo aparcamiento del Jardín Botánico Canario, que incorporará almacenamiento para maximizar el autoconsumo y la resiliencia energética del complejo. También en la zona de la cumbre, donde se prevé dotar de baterías a varias de las nuevas instalaciones renovables que abastecerán a infraestructuras públicas dispersas.

Estamos aportando claramente por el almacenamiento descentralizado. La instalación de baterías distribuidas en hogares, industrias, comunidades energéticas y edificios públicos permite no solo aprovechar mejor la producción local de renovables, sino reforzar la resiliencia del sistema eléctrico frente a apagones. Los repetidos cortes de suministro sufridos en el archipiélago —especialmente en Tenerife, La Gomera, La Palma— han sido una llamada de atención que no podemos ignorar. La reciente declaración de emergencia energética por parte del Gobierno de Canarias evidencia que no estamos ante incidentes aislados, sino ante una muestra clara de la fragilidad y obsolescencia de nuestro sistema eléctrico. En territorios insulares sin interconexiones externas, contar con sistemas distribuidos de almacenamiento es una garantía de continuidad del suministro ante cualquier fallo en la red principal.

Por todo ello, no nos podemos permitir perder proyectos clave como los seleccionados en las convocatorias de ayudas de almacenamiento energético. Muchos de ellos —tanto públicos como privados— representan infraestructuras críticas para avanzar hacia un sistema más limpio y resiliente, pero están viéndose comprometidos por retrasos en trámites administrativos y autorizaciones. Es imprescindible que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITARD), junto con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), concedan una ampliación razonable de plazos, adaptada a la realidad de regiones como Canarias. No hacerlo supondría un fracaso injustificable.

Tampoco podemos ignorar que los sistemas insulares compiten en desigualdad de condiciones en los grandes programas europeos. La reciente subasta del Banco Europeo del Hidrógeno es un buen ejemplo: ganar depende únicamente de quién ofrezca el precio más bajo por kilo de hidrógeno. Pero ¿cómo competir desde una isla cuando los costes logísticos, energéticos y asociados a las infraestructuras son intrínsecamente más altos?

Sin ajustes o criterios que compensen esas diferencias, los territorios ultraperiféricos quedamos en clara desventaja competitiva.

La Agenda de Transición Energética de Gran Canaria marca objetivos ambiciosos: 60 % de renovables en 2030 y 100 % en 2040. Pero esos objetivos no se alcanzarán si seguimos vertiendo energía limpia por falta de almacenamiento. Debemos apostar por un despliegue masivo de infraestructuras, innovación tecnológica adaptada al contexto insular y un marco regulatorio sensible a nuestras particularidades.

Gran Canaria tiene el potencial de ser un laboratorio vivo de energía del futuro. Pero para ello, necesitamos reglas que permitan competir en igualdad; políticas públicas coherentes y ambiciosas; y, sobre todo, infraestructura de almacenamiento para dejar de desperdiciar energía, y crear un escudo contra apagones. Porque cada kilovatio no almacenado hoy, y cada infraestructura pospuesta, nos debilita frente a las emergencias eléctricas que el mañana nos depare.