La economía canaria pierde fuelle aquejada de falta de inversión y planificación

La economía de Canarias mantuvo un buen ritmo de crecimiento a lo largo de 2024, gracias en su mayor parte al elevado dinamismo que viene mostrando el turismo en los últimos años con sucesivos récords en ocupación y facturación.

Pese a ello, la multitud de retos a los que se tiene que enfrentar la sociedad canaria hacen pensar que este año empezará un proceso de desaceleración de la economía, lastrada por la baja productividad, el absentismo laboral, la falta de planificación en la inversión pública y los problemas estructurales como la falta de vivienda, según se refleja en el informe anual de la economía canaria presentado ayer por el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega y el vicepresidente, José Cristóbal García.

Según señaló este último, el archipiélago canario está sufriendo las consecuencias de una mala planificación de la inversión pública durante las últimas décadas, causando un empeoramiento de la competitividad como de los cimientos sociales de la región. «No ha sido un mal año pero hay que tener cuidado con lo que viene», advierte García.

Esta mala planificación de la inversión pública está generando tensiones sociales en sectores que son fundamentales para el bienestar de los ciudadanos como la escasez de vivienda. En la última década, Canarias apenas ha construido vivienda pública, lo que ha provocado una situación de emergencia habitacional la cuál se acentúa debido al crecimiento de la población que parece no tener límite.

El vicepresidente de la patronal recuerda que pese a que. a comienzos de 2024, se aprobó un decreto ley de medidas urgentes para la vivienda en el Parlamento, ha hecho falta un nuevo decreto para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, lo cuál evidencia, el grave problema que sufre Canarias con la burocracia, generando un «estrés normativo que afecta tanto a las administraciones, a las empresas, como a los particulares, generando inestabilidad, inseguridad jurídica, frenando la inversión y la creación de empleo.

Otro de los grandes problemas a los que el archipiélago ya se está enfrentando es el riesgo de ceros energéticos por culpa de unas infraestructuras energéticas obsoletas que aumentan el riesgo de apagones como los vividos recientemente en la isla de La Palma. La renovación de estos equipos no está prevista hasta 2028, por lo que la situación no va a dejar de empeorar. «¿Qué va a pasar cuando no hay luz, estamos hablando de un problema nuevo?», se pregunta García.

A esto también se suman los problemas en la movilidad terrestre. El incremento poblacional y el envejecimiento del parque móvil privado está provocando, de manera continuada, colapsos en las principales carreteras.

Además, según lo previsto en los Presupuestos de la comunidad autónoma para este 2025, la inversión, tanto en los fondos previstos en inversiones reales y en las transferencias de capital se reduce en más de 51 millones de euros en Gran Canaria, Tenerife y La Palma mientras que creció en el resto de islas, con particular fuerza en Lanzarote y Fuerteventura, donde la inversión pública ya supera los 250 millones de euros.

En las islas verdes, el peso de las administraciones públicas sobre el valor añadido bruto es muy superior a la media regional, lo que supone según García una «barrera» para el desarrollo del sector privado que es el que podría impulsar un mayor crecimiento en esas islas. «Si de verdad estamos buscando niveles de crecimiento que se equiparen a esa fuerte apuesta de la inversión pública debe de existir una colaboración público-privada», apuntó.

El uso del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias se antoja, según la CCE como el instrumento «óptimo» para canalizar los recursos disponibles hacia la inversión productiva, incorporando mejoras como la propuesta de Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) o con exenciones al coste que asumen las empresas con la Seguridad Social que beneficiarían el empleo, novedades que deben «complementar y no cuestionar» el fuero fiscal de Canarias y que «han demostrado ser eficaces» para mejorar la inversión en las islas.

Canarias volvió a alcanzar durante el pasado año un nuevo máximo histórico en la recaudación de tributos con un total de 7.941,9 millones de euros, un aumento del 9%respecto a 2023 y un 41% más que en 2019, justo antes de la pandemia.

Este incremento se aplica a la totalidad de los impuestos pero ha tenido particular incidencia en la fiscalidad directa, sobre todo, en los ingresos del IRPF y en la recaudación ligada al IGIC.

Con estos datos, García considera que hay capacidad recaudatoria más que suficiente para afrontar los retos que tienen las islas, pero que es necesario contar con una planificación a medio/largo plazo y determinar cuáles son los problemas sobre los que hay que empezar a actuar con inmediatez.

Este aumento de la recaudación, del 9% es cinco puntos superior al avance del PIB (4%), por lo que se sigue aumentando la presión fiscal sobre las familias y empresas, en ocho décimas respecto a 2023 y en casi un 4% respecto a 2019.

Sobre la incertidumbre que haya podido generar las políticas arancelarias de Trump, la Confederación señaló que la exposición de la economía canaria a los aranceles estadounidenses es muy reducida, aunque podría llegar a tener un impacto directo sobre sectores como el turismo, en caso de que queden afectados países como Alemania.

En 2024, el volumen de ventas de productos canarios al mercado americano apenas superaron los 33,6 millones de euros mientras que el volumen de importaciones supuso un total de 202,5 millones de euros.

La CCE volvió a defender que el elevado nivel de absentismo laboral que existe en Canarias está suponiendo una barrera para que las empresas isleñas mejoren sus niveles de productividad y competitividad.

Por ello, piden ahondar en las causas de este fenómeno y trabajar de forma conjunta entre todos los agentes implicados para encontrar una solución a lo que consideran una «lacra» para la sociedad.

La propuesta de la patronal incluye un mayor protagonismo de las mutuas de accidentes de trabajo, cuyos procesos por contingencias comunes se cierran 35 días antes que los tramitados por la Seguridad Social, lo que también traería consigo un ahorro millonario para la Administración.

Aparte de reforzar el papel de colaboración con las mutuas, mejorar en la gestión de la incapacidad temporal requiere, una mejor coordinación entre la salud pública y las entidades gestoras, aumentar los recursos médicos y de inspección y campañas de sensibilización y formación para dar a conocer el coste laboral, económico, social y sanitario que lleva aparejada una situación de baja temporal.

En la misma línea, hablaron de la mayor participación del riesgo moral, por el cual, un trabajador bajo un contrato o un seguro, tiene menor preocupación o se comporta de forma menos responsable de lo que lo haría si no estuviese amparado por ese seguro, causando un perjuicio para un tercero, en este caso, las empresas.

Según el presidente de la patronal, Pedro Ortega, lo «preocupante» no es solo la elevada cifra de absentismo sino su crecimiento. Considera que es capital hacer un inventario de las causas para saber las razones detrás de las bajas laborales y analizar cuáles son razonables y buscar soluciones para reducirlas y cuáles no para actuar «de forma drástica ante las que no lo son».

Unido con el absentismo, la reducción de la jornada laboral supone otro escollo en la evolución de las empresas. La CCE considera que el Gobierno nacional no está reconociendo el papel que tiene el diálogo social con empresas y sindicatos, causando una subida salarial y subsidiariamente, un aumento del coste laboral que en el caso de Canarias roza el 19%.

Pese a que Canarias continúa creciendo empleo, las horas efectivas de trabajo se han reducido incluso, por debajo de los valores estimados antes de la pandemia, con 18,5 horas menos trabajadas mensualmente por trabajador.

«El diálogo social y la negociación colectiva deben volver a asumir un papel protagonista en el diseño de relaciones laborales para propiciar un marco mucho más eficaz y con garantías de aplicación».

Temas

• economia
• Confederación Canaria de Empresarios
• Donald Trump
• Canarias
• Absentismo laboral
• Bajas laborales
• Inversiones