Los funcionarios de los contratos bajo sospecha de La Laguna, con igual práctica en Puerto de la Cruz

Unos contratos del Ayuntamiento de La Laguna para el alumbrado público, adjudicados en 2023 y 2025, están en el punto de mira de toda la oposición (PP, USP, Vox y Proyecto Drago), que ha solicitado conocer los expedientes ante los indicios de presuntas irregularidades. En el caso del Partido Popular, incluso ha advertido de la posibilidad de promover una comisión de investigación y Vox ya ha lanzado en sus redes sociales la pregunta de por qué se cambiaron con fondos europeos 731 luminarias LED que en realidad ya estaban sustituidas.

Las sombras de estos contratos alcanzan también al municipio de Puerto de la Cruz. El motivo es que tanto la jefa de servicio como un técnico que figuran en las licitaciones bajo sospecha en la Ciudad de los Adelantados, coincidieron años antes en el Ayuntamiento portuense, donde protagonizaron unos hechos similares con el mismo desenlace: la empresa adjudicataria en ambos casos fue ImesApi, de la que es delegado provincial precisamente el marido de la funcionaria.

En La Laguna son al menos dos los contratos rodeados de circunstancias sospechosas, que suman cerca de 20 millones de euros y están bajo la lupa de la oposición municipal. En Puerto de la Cruz, el contrato tuvo un importe de 15,3 millones de euros.

Corría el año 2016 cuando esta ingeniera industrial se encontraba en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz en comisión de servicios como jefa de servicio y él, también ingeniero, tenía un contrato temporal en ese consistorio. Como jefa de servicio en 2014-2015 había dirigido la fase previa del concurso público para la gestión energética integral del alumbrado público, edificios y dependencias municipales de uno de los principales municipios turísticos de Canarias.

Para preparar este millonario concurso en Puerto de la Cruz, el servicio contrató en abril de 2015, antes de su abstención, a una empresa externa que realizó la asistencia técnica para la realización de una auditoría energética, la redacción de los pliegos de condiciones y durante el proceso de licitación.

En febrero de 2016, esta funcionaria se abstuvo formalmente en este expediente porque una de las ofertas sería presentada en diciembre de 2016 por su marido en nombre de ImesApi, al existir un claro conflicto de interés. A partir de ahí, la gestión del expediente quedó en manos del citado técnico, aunque jerárquicamente seguía dependiendo de ella.

Convocado el concurso en octubre de ese mismo año, y dado que ella se había abstenido en febrero de participar en el procedimiento administrativo, fue a partir de entonces cuando él firmaría los trámites y propuestas del resto del procedimiento como ingeniero municipal, apareciendo su correo electrónico en la convocatoria que aún puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Estado.

Esta licitación culminó con la adjudicación a ImesApi en septiembre de 2017, por 15,3 millones de euros y una duración de 13 años. Una decisión que no estuvo exenta de polémica. Durante el proceso de licitación varias empresas plantearon recursos especiales al Tribunal Administrativo de Canarias: uno contra los pliegos, otro por una licitadora al ser excluída y un tercero tras la adjudicación a ImesApi.

En 2020, la funcionaria se incorporó al Ayuntamiento de La Laguna como jefa de servicio del Área de Medio Ambiente y Servicios Municipales, y él se sumó posteriormente a esta Administración, en el mismo departamento que ella dirigía e igualmente por un período de unos meses. Allí habrían aplicado un modus operandi similar: una licitación negociada y sin publicidad, para una obra financiada al 85% por fondos europeos DUSI, para cambiar 1.444 luminarias del alumbrado público por casi 900.000 euros, contrato que también fue adjudicado a ImesApi, representada nuevamente por el marido de la funcionaria.

Así, con el como jefa del Área de Medio Ambiente y Servicios Municipales en el consistorio lagunero, se invitó a tres empresas. Como una era la de su esposo, la funcionaria -al igual que en Puerto de la Cruz- se abstuvo formalmente. Sin embargo, como ya ocurriera antes, fue él quien gestionó el expediente, firmó el pliego de prescripciones técnicas - que incluía el proyecto básico - y avaló la elección de ImesApi, lo que ratificó la Junta de Gobierno Local en mayo de 2023.

Esta licitación fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la empresa Effico, a la que el Ayuntamiento no invitó pese a que tenía encomendada el mantenimiento del alumbrado público municipal y ya había sustituido el 48% de las luminarias del municipio por tecnología LED en ejecución de su contrato. En cambio, se invitó a otras tres empresas: dos del mismo grupo empresarial (ImesApi y Lumican-Etra) y una tercera, Emelsa, que no cumplía con todos los requisitos del pliego y que, poco después, acabaría asociada en una UTE con la primera para ofertar en 2024 el mantenimiento del alumbrado público del mismo municipio.

En el litigio judicial contra esta licitación, Effico ha presentado un informe pericial, firmado por un ingeniero técnico industrial, que bajo declaración jurada, detecta un «injustificado» y «desmesurado» sobrecoste de al menos 372.000 euros.

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