Ramírez exige al Cabildo 5,8 millones por negarle la licencia en La Milagrosa

El empresario Miguel Ángel Ramírez ha reclamado al Cabildo una indemnización de 5.793.200 euros por los daños y perjuicios que ha sufrido como consecuencia de las resoluciones que en 2008 y 2014 le denegaron la Calificación Territorial (licencia de obras en suelo rústico) que había solicitado para la legalización de una serie de obras en su finca de La Milagrosa, un alpendre, una pérgola, una pajarera, muros de contención, parterres, el cerramiento y un camino.

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas reclama al Cabildo 5 millones por vulneración del honor y de la propia imagen y por los daños morales causados a su persona por unas resoluciones que la Justicia anuló después de ser condenado en mayo de 2010 a 3 años de prisión y en julio de 2011 a demoler las obras que el Cabildo consideraba ilegalizables y que hoy sí están legalizadas por ejecución de sentencia judicial.

La reclamación patrimonial por vía administrativa, registrada el pasado agosto, lamenta en particular «el grave daño reputacional y moral causado» por la sentencia que le condenó a pena de prisión de 3 años y un día e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de profesión u oficio por igual periodo, condena que también le obligó al pago de una multa de 43.200 euros.

También reclama 750.000 euros por los daños y perjuicios materiales sufridos por la empresa solicitante, Gestiones y Asesoramientos 3000 (Ralons hasta octubre de 2007), derivados de la demolición y reconstrucción de las obras declaradas ilegales y luego legalizadas, el pago de los 43.200 euros de multa abonados y los intereses.

El escrito basa el derecho de Miguel Ángel Ramírez a ser indemnizado en «la lesión causada por el anormal funcionamiento del servicio público de calificaciones territoriales» y establece una «clara relación de causalidad» entre el acto denegatorio anulado y los daños y perjuicios causados al empresario. Fue obligado, mantiene, a demoler obras «plenamente legalizables y condenado injustamente por un delito contra la ordenación del territorio al considerarse no autorizables unas obras que finalmente han resultados plenamente legalizables».

Al respecto, considera «evidente» que «no cabría reproche penal alguno» al dueño de la finca de La Milagrosa de no haberse denegado las calificaciones con resoluciones anuladas luego por la Justicia «ni haberse informado al Juzgado de Instrucción ni testificado por funcionarios del Cabildo en el juicio oral ante el Juzgado de lo Penal en el sentido desfavorable».

La reclamación defiende que «como consecuencia de la actuación del Cabildo y de sus funcionarios» se ha causado «innecesaria e injustamente un grave daño reputacional irreparable» por la dimensión pública del afectado, tanto como presidente de la UD Las Palmas desde hace 20 años como empresario «de primer nivel en el ámbito regional e incluso nacional».

Las «indeseables consecuencias» que ello ha tenido para su honor e imagen personal exigen «la plena e íntegra reparación de sus derechos, gravemente lesionados», señala el escrito.

La reclamación recuerda que la resolución que el 26 de marzo de 2008 denegó por primera vez la Calificación Territorial para la legalización de las obras citadas, solicitada en octubre de 2006, resultó anulada por la Justicia el 22 de junio de 2013. La que el 18 de julio de 2014 denegó por segunda vez esa petición fue anulada por una sentencia de 10 de marzo de 2019, siendo acatada por el Cabildo el 8 de julio de 2020, fecha en la finalmente le otorgó la Calificación Territorial.