Le niegan el empadronamiento a 120 vecinos del poblado de Bahía de Formas
Los residentes en el asentamiento denuncian que el Ayuntamiento le impide este derecho porque dice que el espacio está «sancionado policialmente»
Los residentes en el poblado ilegal de Cueva Laya, en Bahía de Formas, denuncian que el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana le niega ahora el derecho a empadronarse a 120 personas, cuando ya se han registrado anteriormente otros vecinos en este espacio de infraviviendas. Eunice, la secretaria de la asociación que se ha conformado con la mayor parte de los moradores de la denominada parcela 140, sostiene que tras preguntar el motivo de la demora en hacer el trámite, realizado previamente a la intervención policial que se inició el pasado 23 de agosto, les comunicaron que no pueden hacerlo porque el lugar está «sancionado policialmente».
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Por tanto, denuncia que se trata de un delito contra las familias ya que es un derecho. Sostiene que la ley contempla que una persona se puede empadronar en un espacio si demuestra que reside en él, sin tener en cuenta el estado legal de la vivienda. «Es una arbitrariedad», se queja.
Ella y su familia lograron empadronarse tras seguir los pasos estipulados, aunque le costó seis meses culminar el trámite, detalla. Lamenta que muchas personas necesitan el empadronamiento para realizar cualquier trámite, como apuntar a sus hijos en un colegio o tener derecho a la atención médica.
Bajo investigación judicial
Cabe recordar que este poblado de chabolas está bajo investigación del Juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana por las construcciones de viviendas en suelo rústico y de propiedad privada. Este órgano ordenó hace dos semanas una macrooperación policial que duró varios días para notificar e identificar a los residentes, así como para precintar espacios vacíos o a medio construir. Fruto de esa actuación, en la que participó la Guardia Civil, Policía Local y técnicos del Ayuntamiento, se realizaron más de 130 precintos para evitar que el asentamiento siga extendiéndose y se identificó a 80 migrantes en situación irregular. No se desalojó a ninguna de las personas de las que se constató que ese lugar era la única residencia que tenían.
Esta operación, considerada desproporcionada por los residentes, que aseguran que no tienen alternativa habitacional, ha llevado a que la Diputación del Común se haya interesado en estudiar el caso y mediar en la posibilidad de buscar una solución ante el previsible desalojo, además de proponer una mesa con diferentes administraciones públicas.
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Este viernes los representantes de la asociación mantuvieron una reunión privada con un equipo de mediación conformado con la adjunta de Igualdad, Ana de León, la abogada Gloria Gutiérrez y la mediadora, Silvina Dragonetti, para entregarle documentación.
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