Malestar en los CADI por el anuncio de quitar el agua embotellada a los usuarios
El gerente del instituto responsable de los centros para personas con discapacidad intelectual lo deja claro | No beberán agua del grifo
El anuncio formal por parte de la concesionaria que gestiona en la isla los cuatro centros de atención a las personas con discapacidad intelectual, conocidos como CADI, de que dejará de dar agua embotellada a sus usuarios ha dado lugar a un profundo malestar entre las familias, que califican la medida de «denigrante» e «inaceptable».
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Ricardo Redondas, gerente del Instituto de Atención Social y Socionsanitaria (IASS), entidad del Cabildo que lleva la responsabilidad de estos centros, se mostró este lunes muy tajante. No solo aseguró que a día de hoy no se le ha dejado de dar agua embotellada a los usuarios, sino que subrayó que no beberán agua del grifo.
La voz de alarma la dieron familiares de usuarios del CADI de San José de Las Longueras, en Telde, pero la medida afecta a los cuatro centros, cuya gestión diaria recae desde octubre de 2022 en la empresa Grupo 5. Algunas familias han intentado que la concesionaria les notifique por escrito la decisión de sustituir el agua embotellada que se les daba hasta ahora por la de abasto con el argumento de que esta es potable y apta para el consumo humano, pero no lo han conseguido.
Sin embargo, algunas sí aportan hojas informativas en las que queda constancia por escrito de que el personal de Grupo 5 les indica la cantidad de botellas o garrafas que les harán falta a la semana si al final las familias en cuestión deciden costear esa agua de su bolsillo.
Progresiva pérdida de calidad en el servicio
Las madres que contactaron con este periódico enmarcan este recorte en una progresiva pérdida de calidad en los servicios que se les prestan en estos centros. Entre otras deficiencias, se quejan, por ejemplo, de la ausencia de un enfermero o enfermera, al menos en el CADI de San José de Las Longueras, durante los fines de semana, pese a que figura como una obligación en los pliegos por los que se contrató a Grupo 5.
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También alertan de que sus hijas e hijos les llegan a veces con la ropa manchada de sus propios excrementos fruto de un aseo poco adecuado o deficiente (hay que recordar que algunos de estos usuarios tienen serias dificultades de movilidad). «Mi niña ha llegado a casa sin que le hubieran cambiado su ropa interior». Protestan igualmente porque el centro cuenta con una piscina a la que, según aseguran, no se le está dando uso y porque el personal no cuida como debiera las sillas adaptadas de los usuarios, cuyos desperfectos han de costear las familias.
Con el anuncio del recorte en el suministro del agua se les ha agotado la paciencia y ya han conseguido que el Diputado del Común, Rafael Yanes, les reciba el viernes, a las 10.30, en la oficina que tiene en Gran Canaria.
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Por su parte, Redondas, máximo responsable del IASS, aseguró este lunes a este periódico que el instituto que preside ya ha remitido una notificación a la empresa concesionaria de la gestión de los centros para advertirle de que no podrá dejar de costear y suministrar agua embotellada a los usuarios. El requerimiento se le hizo llegar el 5 de octubre pasado y ahora están a la espera de la respuesta de Grupo 5.
Requerimiento del IASS a la concesionaria, Grupo 5
«Le hemos comunicado que no puede adoptar esta medida y menos de forma unilateral», apuntó Redondas. «No la comparten los usuarios, ni las familias, ni el personal que trabaja en los centros ni el propio IASS, por lo que no la podrán aplicar». En todo caso, subrayó que en estas semanas han podido constatar que toda el agua que se le ha dado a los usuarios ha sido embotellada.
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Sobre el resto de quejas las enmarcó en el clima de «malestar y ruptura de la convivencia que ha supuesto el anuncio de esta medida». Sí reconoció un déficit puntual en un turno concreto del servicio de enfermería por el que ya han advertido a la empresa. «Nos dicen que tienen dificultades para cubrir una baja, pero le hemos dicho que tienen que solucionarlo».
También reconoció el malestar de las familias porque pese a que los pasados miércoles y viernes los CADI estuvieron operativos y abiertos, no se les dio el habitual servicio de transporte y se instó a las familias a llevar y traer a sus hijos. Lo atribuye al hecho de que el protocolo que se aplica a estos centros es el del sistema educativo, que suele activarse por posibles riesgos por lluvias y viento y no por altas temperaturas. «Igual que Educación deberá adaptar su protocolo a estos nuevos escenarios, nosotros también».
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