Un viaje de 170 metros para seguir atrapados en el muelle

Fue un viaje en barco de unos 170 metros. Los que separan el pantalán diez del que está marcado con una zeta, frente por frente, en el muelle deportivo. El cambio de emplazamiento, motivado por la necesidad de dejar sitio a los participantes de la regata ARC, ha sido el último de los cambios que ha sufrido esta familia de Jerez de La Frontera, que se desplazó a Las Palmas de Gran Canaria con contrato de trabajo para empezar una nueva vida y que se ha visto atrapada en un barco en estado semirruinoso, viviendo de la caridad, rea de un laberinto administrativo del que no sabe cómo salir y esperanzada en que la Justicia le abra las puertas de otro mundo.

Había preocupación por las condiciones en las que se iba a efectuar el traslado. La embarcación en la que viven desde mediados de junio, falso trasunto de la casa que acordaron alquilar a través de un portal inmobiliario, tiene algunas vías de agua y su estabilidad está algo condicionada. «Tengo miedo, pero no me queda otra», reconoce Shirley Correia. Ni ella ni su marido, José Francisco Fernández, quieren abandonar el barco por miedo a que su dueña se presente y los expulse. Las maderas de cubierta son el único techo que, por ahora, pueden ofrecer a sus cuatro hijos, Vanesa, Francisco Gabriel, Emily y Carlos Daniel.

Están en el barco porque cuando fueron a firmar el contrato de alquiler de un apartamento en Alcaravaneras, por el que iban a pagar 950 euros mensuales, el casero, Alejandro Jesús A.C., les dijo que no podían entrar porque el piso estaba recién pintado. Y les ofreció quedarse a dormir en el barco mientras se iba el olor de la pintura.

Intentaron que les devolvieran el dinero o que los realojaran, pero su única casa seguía varada en el muelle deportivo. Al final, no solo se quedaron sin apartamento, sino que se encontraron con que el barco en el que estaban alojados era de otra persona. Las dificultades para acceder al pantalán -en breve comenzó a fallarles la tarjeta que abre las puertas- hicieron que José Francisco Fernández perdiera su trabajo en El Sebadal porque no podía cumplir con los horarios requeridos en la empresa.

Por lo menos ahora, en el nuevo emplazamiento, los pases que dan acceso al pantalán funcionan. Pero siguen en otro laberinto: necesitan empadronarse para poder acceder a ayudas sociales, y los recorridos legales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria les están resultando tan difíciles de sortear que, por el momento, viven de la caridad y de la solidaridad.

Gracias a la labor de su abogado, Jesús Alexis Bethencourt Rosillo, y a la mediación del concejal del PP, Gustavo Sánchez, se pudo lograr que la parroquia de Santo Domingo les enviara algo de comida. Eso, la ayuda de algunas personas a título individual y lo que les ofrecen algunos restaurantes de la zona está permitiendo que se vayan a dormir con algo en estómago. «Si no es por eso, los niños ya no tendrían comida», reconoce Shirley Correia.

Ahora esperan que el lunes, los servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria puedan tramitar una carta de derivación con la que poder acceder al reparto de Cáritas.

«No pueden acceder a las ayudas sociales porque el Ayuntamiento insiste en que no están empadronados», expone el letrado. Y, a su lado, Correia aclara que la hora que le dan en las oficinas municipales será en quince días.

La asistencia social requiere de empadronamiento ya que no puede justificarse el gasto en ciudadanos de otros municipios, pero el PP propuso otra solución posible: que fueran empadronados en la Fábrica del Hielo, como se hace con muchas personas sin hogar. De hecho, el Ayuntamiento ha adoptado ya esta medida con 151 personas.

En cuanto a los niños, un volante provisional de empadronamiento ha permitido escolarizarlos. Los dos pequeños tienen uniforme y mochilas gracias a una pareja que los ayuda; y los mayores todavía no han podido empezar el instituto porque no disponen de material escolar.

A su «cárcel flotante», como la define el letrado Bethencourt, solo le ven salida en los tribunales. El Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria ya ha citado a la pareja para que ratifique su denuncia por presunta estafa inmobiliaria. Y también va a tomar declaración a Alejandro Jesús A.C., como denunciado.

«Si cojo todo lo que nos ha pasado y lo escribo, resulta difícil de creer», resume Francisco José Fernández. Es lo que ocurre cuando lo inverosímil está basado en hechos reales.

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