El caso Valka y la renuncia de Inmaculada Medina detonan la tercera crisis de gobierno del mandato de Darias
El representante vecinal Alexis Rodríguez Suárez ocupa el siguiente lugar en la lista y, salvo renuncia, entrará como nuevo concejal
Aunque la concejala Inmaculada Medina se despidió en solitario desde la mesa de la sala de prensa de las oficinas municipales, su marcha no la transitó en soledad. Los primeros puestos de la abarrotada sala de prensa lo ocuparon algunos de sus compañeros de gobierno y de partido. Allí estaban el concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola; el de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque;la edila de Deportes, Carla Campoamor; la de Recursos Humanos, Esther Lidia Martín; el de Movilidad, José Eduardo Ramírez -el único del gobierno que no era del PSOE; la de Igualdad, Betsaida González; y el de Seguridad y Cultura, Josué Íñiguez. Junto a ellos estuvieron presentes Alfonso Campoamor como vicesecretario general de Políticas Municipales y Aridany Romero como vicesecretario general de Coordinación, ambos de la agrupación local del PSOE.
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Un amago sofocado de aplauso y una ronda de abrazos escoltaron a Inmaculada Medina hacia el interior de las oficinas municipales, donde la concejala también se despidió de algunos empleados públicos tras su anuncio de renuncia al acta de concejala como consecuencia de su imputación en el caso Valka.
La salida de la todavía concejala -la entrega del acta se hará en el próximo pleno ordinario de fines de mes- abrirá las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al representante vecinal Alexis Rodríguez Suárez, quien concurrió a las pasadas elecciones municipales de 2023 en el puesto decimocuarto de la lista de Carolina Darias.
Rodríguez es empleado público y una de las voces más identificables del movimiento vecinal del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, así como vocal del grupo socialista en la junta de ese distrito.
Su posible incorporación al gobierno, superadas las reticencias de algunos de sus compañeros de partido, cerrará la tercera crisis gobierno a la que se enfrenta la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, desde que tomara posesión en mayo de 2023.
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El primer cambio al que se tuvo que enfrentar el grupo de gobierno actual fue el que generó la renuncia del concejal de Cultura, Adrián Santana, en verano de 2024. Aquella salida estuvo motivada por la imposibilidad reconocida por el edil de materializar los objetivos culturales que se había marcado al llegar a un área sojuzgada por la irrefrenable expansión del gasto del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
En aquella ocasión, Darias, acostumbrada a lidiar con crisis tras su paso por el Gobierno de España, no actuó bajo el impulso de la urgencia y tardó un mes en cerrar la herida con una reorganización que aupó a Josué Íñiguez, uno de los nombres que aparece en las quinielas como más que posible heredero de las áreas que deja huérfanas Inmaculada Medina.
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Más paciencia ha mostrado la alcaldesa con la segunda de las crisis de gobierno, la que estuvo provocada por el desmembramiento de Nueva Canarias y el paso de José Eduardo Ramírez a Primero Canarias en julio de este año. Fue un terremoto externo al PSOE, pero las réplicas mueven cada cierto tiempo las bases de un pacto de gobierno que aguanta por la imposibilidad de argumentar un mayoría alternativa.
En todo caso, el reparto de áreas entre Nueva Canarias y Primero Canarias sigue pendiente de definición y la tensión se hará mayor a medida que se acerquen las próximas elecciones puesto que la capital será el mostrador donde competirá la gestión de unos y otros en una gran ciudad canaria.
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De hecho, la crisis abierta por la salida de Inmaculada Medina y la necesidad de realizar una reorganización más profunda de la estructura del gobierno municipal son interpretados por algunos miembros del gobierno como la oportunidad de suturar la grieta abierta en julio y en este mes de noviembre.
La concejala Gemma Martínez asegura que no conocía irregularidades en la facturación anterior
La concejala Gemma Martínez, responsable de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía y Parques y Jardines, valora con cautela la imputación de su compañera de gobierno Inmaculada Medina. Insiste en que se enteraron de la investigación la semana pasada y que, desde el primer momento, su área ha actuado con absoluta transparencia y plena colaboración con la justicia. Según explica han sido llamados a testificar, algo que afrontan con normalidad y sin preocupación: «No tenemos nada que ocultar; estamos recopilando toda la información requerida por los juzgados sobre los diferentes tomadores de agua».
Martínez evitó entrar a valorar la renuncia de Medina porque considera que se trata de una decisión ajena a su formación. Para ella, se trata de un asunto interno del PSOE y recuerda que la alcaldesa y su equipo gestionan la situación en su ámbito correspondiente. Desde la parte que corresponde a Podemos, recalca, siempre se ha mantenido una actitud de transparencia total, colaboración con la justicia y plena tranquilidad respecto al trabajo realizado desde su llegada al gobierno municipal. Preguntada por las declaraciones del Partido Popular, que afirma que ella misma debería haber anunciado la situación, Martínez responde con serenidad: «El Partido Popular dirá lo que estime oportuno». Sostiene que el equipo de gobierno ha actuado desde el primer día de manera impecable, algo que subraya ha sido reconocido incluso en el escrito de la Fiscalía. Afirma no tener nada de lo que arrepentirse y reivindica el trabajo riguroso que se ha llevado a cabo en el área de Parques y Jardines desde su incorporación. Sobre las facturaciones anteriores a su gestión, Martínez señala que no existían sospechas de irregularidad. Explica que la facturación llega a la concejalía a través de los técnicos municipales y recuerda que el cambio en los suministros de agua se produjo en noviembre de 2022, antes de que su equipo asumiera responsabilidades de gobierno. Añade que, al detectar que el contrato con Guerra Patrimonial estaba próximo a expirar, se decidió no prorrogarlo y pasar a utilizar el agua de riego suministrada por la empresa pública Emalsa, una transición que ya está plenamente ejecutada. En este sentido, recalca que el Ayuntamiento mantiene todavía otro contrato con Guerra Patrimonial hasta 2027, pero que, una vez concluya, se dará por finalizado ese periodo de colaboración. La estrategia actual afirma se basa en fortalecer el uso de los recursos públicos y garantizar la trazabilidad del gasto, algo que enmarca en los objetivos de sostenibilidad y transparencia que su concejalía impulsa. Respecto a los plazos judiciales, Martínez reconoce que desconoce cuándo tendrá que presentar declaración. Aclara que no ha recibido ninguna notificación oficial por parte del juzgado y que toda la información conocida hasta ahora ha llegado a través de la prensa. Pese a ello, recuerda que ya han entregado a la Fiscalía toda la documentación solicitada.
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