Ciudad de la Justicia. / Arcadio suárez

Sancionan a un magistrado que acumula 50 resoluciones sin resolver

El Supremo confirmó el suspenso por cuatro meses al juez de la Audiencia Provincial de Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria.

El Tribunal Supremo confirmó la sanción de cuatro meses al magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Javier Morales Mirat por acumular 50 procedimientos sin resolver. Se da la circunstancia de que este no es el primer expediente disciplinario al que se enfrentó el magistrado, al que ya habían castigado con un mes de suspensión de sus funciones por la misma razón.

Según informó el portal 'Economist & Jurist', la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso al magistrado una sanción de suspensión de cuatro meses por los retrasos en la resolución de procedimientos. El juez interpuso un recurso de alzada contra esta decisión, que fue desestimado en un acuerdo del Pleno del CGPJ.

Según un informe de la Jefatura del Servicio de Inspección el 10 de junio de 2019, el magistrado tenía sentencias sin resolver desde junio de 2016, año en el que acumulaba cinco sentencias sin dictar. Durante 2017 el número ascendió a 14, mientras que en 2018 fueron 17 los fallos que se quedaron sin ser emitidos. En el momento de la inspección, ya eran 12 las sentencias sin dictar.

El Supremo destaca que el magistrado ha cometido una falta muy grave según lo establecido en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece como infracción muy grave «la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales».

Asimismo, manifiesta que se trata de «una infracción en la que existe una abundante jurisprudencia a la cual han tendido tanto la resolución sancionadora como la resolutoria de la alzada».

El Supremo recuerda que no es la primera vez que este magistrado se enfrenta a una sanción por demorarse en la resolución de causas. Así, en febrero de 2018, la Comisión Disciplinaria abrió un expediente disciplinario al magistrado en el que fue sancionado un mes con suspensión de funciones como autor de una infracción muy grave de retraso.

En esa sanción se destacó que el problema de demora en la resolución de casos en la Audiencia Provincial de Las Palmas no era responsabilidad del propio tribunal, ya que como quedó patente en la investigación llevada a cabo, los señalamientos habían sido llevados a cabo en fecha. En este caso, la responsabilidad de los retrasos recayó en el magistrado por acumular causas sin resolver.

En este sentido, y al hilo del carácter reincidente del juez sancionado, en la sentencia del Supremo se recuerda que algunos de los 50 procesos inconclusos por los que ha sido ahora castigado dieron pie a la suspensión que le fue impuesta anteriormente. Sin embargo, como ha continuado sin resolverlas, el Supremo ha considerado que debe volver a ser sancionado tanto por ellas como por las recientes.