Al rescate de Fernando Guanarteme: Urbanismo extingue el contrato de la obra que debía haber acabado en 2023
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria resuelve el conflictivo contrato de acondicionamiento de la calle, del que no se ejecutó ni la mitad
Se trataba de hacer las aceras de Fernando Guanarteme más anchas. Y, de paso, eliminar barreras arquitectónicas, señalizar nuevos pasos de peatones y crear aparcamientos y zonas de carga y descarga. A priori, un encargo sencillo que debía haber requerido un año de trabajo para transformar el tramo de la calle entre Viriato y Pizarro. La previsión era que la nueva configuración estuviese acabada a principios de septiembre de 2023. Pero dos años más tarde, la obra no solo sigue inconclusa, sino que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido resolver el contrato que había firmado con la Compañía General de Construcción Abaldo, en un proceso tormentoso que ha terminado con la incautación de la garantía definitiva por 49.910 euros.
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La interminable metamorfosis de este tramo de la calle Fernando Guanarteme se inició en junio de 2022, cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó los pliegos del concurso. Casi dos meses más tarde, la Compañía General de Construcción Abaldo se hacía con el proyecto. Su oferta -998.200 euros- fue la única que bajaba del millón de euros y se situaba a solo 34.381,88 euros del límite de temeridad, según refleja el acta de la Mesa de Contratación celebrada el 8 de junio de 2022.
El 1 de septiembre de 2022 se firmó el acta de replanteo de una obra que debía estar concluida doce meses después.
Primeros problemas
Sin embargo, los problemas empezaron a asomar pronto. En diciembre de 2022, solo dos meses después del inicio de los trabajos, la compañía solicitó un modificado. ¿En qué basaba su petición? En una queja por el retraso para obtener los permisos de Tráfico a la hora de alterar la circulación; y, por otro lado, en supuestas contradicciones del proyecto.
Esta petición fue desestimada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de que la constructora insistió en ello.
Entramos ya en marzo de 2023. Deberíamos estar a cinco meses de la finalización del plazo para configurar la nueva calle de Fernando Guanarteme, pero el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya era consciente de que el proyecto se iba a retrasar.
«Encontrándose las obras prácticamente paralizadas desde el mes de enero, esta dirección facultativa ha solicitado por escrito a la empresa contratista el aumento del ritmo de los trabajos (...) y corrija los retrasos acumulados», detalla un informe del 15 de marzo de 2023. Por entonces, cuando había pasado la mitad del tiempo previsto, solo se había ejecutado un 9,38% del presupuesto.
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Entonces se puso sobre la mesa la imposición de una multa a la empresa por el tiempo en que la obra estuviera paralizada. En este caso la cuantía ascendería a unos 300 euros al día. Sin embargo, no consta en el expediente que esta opción prosperara.
Peligro para los peatones
En abril ya se advierte del peligro que presentaba para los peatones la paralización de la obra. Y se hace constar en un informe que la contratista no aceptará retomar los trabajos si no se les aprueba el modificado pedido.
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«Los hormigones provisionales para dar continuidad al paso del os patones se están disgregando, resultando un peligro para los mismos», se especificaba.
El Ayuntamiento sustituye entonces al director de obra y en septiembre de 2023 acordó la prórroga del plazo para acabar la obra. Se le daba a la compañía dos meses más para tener lista la nueva calle.
Sin embargo, esto tampoco sirvió para normalizar las relaciones. Abaldo se negaba a firmar las certificaciones de obra correspondientes a los trabajos realizados entre octubre y noviembre de 2023 por discrepancias en las mediciones y valoraciones.
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El 16 de noviembre de 2023, el coordinador de seguridad y salud ordenó paralizar la obra «al haber un solo operario».
Por entonces, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cuantificaba el nivel de ejecución en un 22,43%, a solo un mes de finalización del contrato. Por esto mismo, la dirección facultativa aconsejó «esperar a la terminación del plazo para proceder a la resolución del contrato».
Ese mes, la empresa adjudicataria solicitó una nueva ampliación del plazo, algo que fue rechazado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ya parecía decidido a esperar a que se acabara el plazo para resolver, de una vez por todas, el contrato.
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Los cálculos de la empresa discrepaban de los del Ayuntamiento. Y situaban en el 50,15% el presupuesto ejecutado. La adjudicataria responsabilizaba a la administración de no pagarle las certificaciones tramitadas y firmadas, «agravando con estos impagos todavía más la situación tan crítica que venimos sufriendo desde el inicio de la obra».
Fuera del plazo prorrogado
El 15 de diciembre, es decir, con posterioridad al plazo prorrogado, la empresa presentaba un escrito de alegaciones en el que criticaba que hubiera obras sin facturar -la deuda se situaba en 407,94 euros- y lamentaba que el Ayuntamiento no hubiera respondido a su petición de una nueva prórroga. Por eso, le solicitaba al Consistorio que fijara un nuevo plazo de ejecución o bien, que resolviera el contrato de mutuo acuerdo.
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La administración, sin embargo, defendía que todas las certificaciones aprobadas fueron remitidas al Cabildo de Gran Canaria, que es quien paga al contratista porque la obra se financiaba con cargo al Plan de Cooperación 2020-2023.
A pesar de ello, el 19 de enero de 2024 la empresa presentó un escrito con el que instaba a la resolución del contrato por impago de las certificaciones de obra por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
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El 21 de febrero de 2025, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordaba la incoación del procedimiento para resolver el contrato de obras de la fase cuarta de la calle Fernando Guanarteme.
Pero la constructora se opuso a esta determinación por negarse a aceptar los incumplimientos y las responsabilidades que le imputaba el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Eso provocó un nuevo pronunciamiento de la dirección facultativa, ya en marzo de 2025, con la que consideraba «improcedentes» las alegaciones de Abaldo. Este informe ratificaba que «el retraso en la ejecución de la obra es responsabilidad única de la contrata por falta de medios y recursos puestos por la empresa y las varias paralizaciones sufridas, así como la mala organización y productividad exigible para una obra de estas características, no considerando que existan razones de índole técnico que imposibilitaran cumplir el contrato».
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Y así, tras un segundo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias que considera que la resolución del contrato era conforme a derecho, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decide finalmente extinguir el encargo e incautar la garantía, que fue dotada con 49.190 euros, por medio de una resolución firmada a principios de agosto.
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