Las Palmas de Gran Canaria

El Consultivo frena la resolución del contrato de la polémica obra de las aceras de Guanarteme

El Consejo Consultivo de Canarias, el órgano autonómico que dictamina sobre la legalidad de la actuación de las corporaciones municipales y otras instituciones, anuló en octubre la resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la que se resolvía el contrato de acondicionamiento de la calle Fernando Guanarteme, en el tramo entre Viriato y Pizarro. Los retrasos continuados de esta obra, que provocaron quejas continuas de empresarios y vecinos de la zona, hicieron que el Ayuntamiento rescindiese el contrato. Sin embargo, el Consultivo entiende que esta decisión no fue conforme a Derecho y ordena reiniciar el procedimiento.

«Se observa que en la propuesta de resolución no se analizan ni justifican adecuadamente los motivos que determinan la concurrencia de la causa de resolución contractual que ha dado origen al presente expediente», concluye el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.

La carencia de algunos requisitos «es susceptible de incurrir en vicio de anulabilidad», advierte el dictamen. Una de estas deficiencias fue el hecho de que el Ayuntamiento no hubiera respondido a la empresa adjudicataria –o, por lo menos, no hubiera incluido la respuesta en su propuesta de resolución- cuando la contratista solicitó la resolución del contrato por incumplimiento de pago por parte de la administración pública.

El dictamen del Consejo Consultivo de Canarias hace un repaso por el accidentado desarrollo de la obra, que tenía como objeto el ensanche de aceras de Fernando Guanarteme, la eliminación de barreras arquitectónicas, la señalización de nuevos pasos de peatones rebajados y la creación de aparcamientos y zonas de carga y descarga.

La obra fue adjudicada a la Compañía General de Construcción Abaldo en julio de 2022 por un precio de 998.200 euros. Los trabajos comenzaron el 1 de septiembre de ese año y tenían una duración prevista de doce meses.

Sin embargo, los primeros inconvenientes surgieron en solo dos meses. En diciembre, la empresa solicitó un modificado del proyecto. La contratista alertó entonces de que había que realizar unidades de obras imprevistas por valor de 472.000 euros de presupuesto de ejecución material. Esta cantidad superaba el 3% del presupuesto global del proyecto, de ahí que alcanzara la condición de modificado, con su proyecto correspondiente.

El Ayuntamiento rechazó esta petición en enero de 2023 porque consideró que no estaba justificado, a lo que respondió la contratista con un nuevo escrito, con el que pide «que realicen de manera urgente, esta vez sí, el análisis realista, imparcial, serio y profesional que este asunto merece (...) y presten la necesaria colaboración como Dirección de Obra para tramitar el necesario proyecto modificado que permita solventar las múltiples indefiniciones, errores o carencias del proyecto que nos permita la continuidad de los trabajos y el cumplimiento de nuestro contrato».

En febrero, tras realizar una visita al estado de los obras de Fernando Guanarteme, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria insiste en que no se justifica la tramitación del modificado. Es más, advierte de que, a la altura de enero, solo se había ejecutado obras por valor de 89.347,06 euros, lo que suponía un 9,38%. «Encontrándose las obras prácticamente paralizadas desde el mes de enero, esta dirección facultativa, ha solicitado por escrito a la empresa contratista el aumento del ritmo de los trabajos, así como la actualización del programa de trabajos que recoja y corrija los retrasos acumulados», le dijo el Ayuntamiento.

En ese momento las discrepancias entre la administración y la empresa ya casi eran irresolubles. Varios informes de abril de 2023 recogen las afirmaciones de los técnicos municipales de que la empresa hacía «caso omiso» a sus peticiones y que, incluso, ya no respondían a los correos electrónicos. «En conversación telefónica que se ha mantenido con la jefa de obra, me comunica que no continuarán con las obras si no se atienden a sus demandas con la redacción de un modificado», deja por escrito la dirección facultativa.

A estas alturas del año, las obras habían ya embarrancado. No se movió ni una piedra entre marzo y mayo de 2023. Esto provocó que las dos partes se sentaran a negociar, lo que permite la reanudación de los trabajos.

El siguiente paso que da el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es sustituir al director de obra y, en septiembre, se acuerda conceder una prórroga por dos meses.

Una semana antes de que se cumpla esta prórroga, la empresa solicita una nueva ampliación del plazo. Reclama diez meses más para poder acabar los trabajos, esto es, hasta agosto de 2024. La contratista argumentaba que la ejecución real de los trabajos se retrasó 44 días al comienzo de la obra porque hasta mitad de octubre de 2022 no recibió los permisos de ocupación de la vía.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se le recordó que no presentó el plan de seguridad y salud hasta septiembre de 2023 –un año después de la firma del acta de replanteo-, «lo cual es totalmente indispensable para que el Órgano de Contratación lo apruebe y se realice la correspondiente apertura del centro de trabajo, sin la cual no se puede comenzar ninguna labor».

La reanudación de la obra no mejoró tampoco después. «No solo ha tenido un ritmo muy lento, por la falta de medios materiales y humanos para la correcta ejecución de la obra en el plazo establecido, sino que también ha habido la falta de diligencia en la organización de la misma», señalan los técnicos municipales, «no solo se ha comprobado constantemente la falta de organización en obra, sino además la mala ejecución que ha habido en todo momento, de lo cual es prueba que se ha tenido que reponer y reparar tajos mal ejecutados, incluso sin tener que ordenarlo esta Dirección Facultativa».

El 6 de noviembre de 2023 se da por abandonada la obra. La empresa se lleva el material y apenas quedan operarios. De hecho, diez días después el coordinador de Seguridad y Salud tuvo que paralizar el tajo en ejecución «al haber un solo operario en obra, lo cual incumple las medidas mínimas a tener en obra».

En ese momento, se había justificado 223.890,82 euros, lo que supone un 22,43% en 14 meses.

«Esta Dirección Facultativa considera que el retraso en la ejecución de la obra es responsabilidad única de la contrata, por falta de medios y recursos puestos por la empresa a disposición de la obra y las varias paralizaciones sufridas, así como a la mala organización y productividad exigible para una obra de estas características, no considerando que existan razones de índole técnica que imposibiliten el cumplimiento del contrato», señala el informe municipal, que concluye que no se puede prorrogar más los trabajos.

La contrata discrepó de las valoraciones hechas por el Ayuntamiento por entender que había ejecutado obras por valor de 500.610,82 euros. Y en diciembre de 2023 presentó un escrito en el que tramite la modificación del contrato y la fijación de un nuevo plazo de ejecución; o bien, que procede a la resolución de mutuo acuerdo; o bien, la resolución por demora en el pago de la Administración. Sin embargo, la respuesta de Urbanismo fue incoar el expediente de resolución de contrato.

Entramos ya en 2024 y la empresa reclama el pago de los trabajos realizados y no pagados, pero el Ayuntamiento insiste en que la responsabilidad de los retrasos de la obra son imputables a la contratista.

Los argumentos del Ayuntamiento de Las P almas de Gran Canaria no sirven, en opinión del Consejo Consultivo de Canarias. De ahí que ahora, el Consistorio tendrá que justificar de nuevo la resolución del contrato de una obra que sigue sin finalizar más de dos años después.

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