Más presión para el juzgado de violencia contra menores: crecen los delitos sexuales un 74%
En 2024 tramitaron 839 denuncias, lo que arroja un incremento del 38,2% con respecto a las diligencias incoadas el año anterior que ascendieron a 607
El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que actúa desde el 1 de octubre de 2021 como Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (JVSIA) dentro de un proyecto piloto a nivel nacional, ha registrado un aumento del 74% en las denuncias por delitos contra la libertad sexual durante el año 2024. Así lo recoge la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que dedica un apartado específico al balance del tercer año de funcionamiento de este órgano judicial especializado.
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Este dato, entre otros tantos, arroja un panorama bastante estresante para la plantilla judicial de este órgano dirigido por el magistrado Tomás Luis Martín Rodríguez, que sigue asumiendo más y más procedimientos, incluyendo algunos que pueden ser considerados como macro causas, y que puede provocar que en breve estén al borde del colapso.
El documento indica que, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, el JVSIA tramitó un total de 839 denuncias, lo que supone un incremento del 38,2% con respecto al volumen de diligencias incoadas en el segundo año de funcionamiento (607 denuncias). De esas 839, los procedimientos penales vinculados a delitos contra la libertad sexual presentan el mayor incremento interanual, con un 74% más de casos registrados respecto al año anterior.
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La jurisdicción del JVSIA incluye la instrucción penal de casos de violencia física, emocional, sexual y de negligencia contra menores de edad, y su consolidación como juzgado especializado responde a las directrices internacionales de protección reforzada de la infancia en contextos judiciales.
Desde su puesta en marcha, ha actuado en coordinación con instituciones del ámbito social, sanitario, educativo y policial, y fue reconocido en 2022 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el Premio a la Calidad de la Justicia por sus prácticas operativas.
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El TSJC, en su memoria, presenta este órgano como referencia dentro del sistema judicial canario en el tratamiento penal de delitos contra la infancia y adolescencia, en virtud de un modelo organizativo especializado.
En términos organizativos, el TSJC recuerda que, si bien el juzgado opera como especializado, aún no se le ha atribuido formalmente competencia exclusiva y excluyente en la materia en el ámbito de la isla de Gran Canaria. La Sala de Gobierno ha reiterado esta solicitud ante el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, como paso necesario para dotar al órgano de autonomía estructural.
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Además, propone la Memoria del TSJC la extensión del modelo del JVSIA a otros partidos judiciales. En concreto, plantea la necesidad de crear un órgano con funciones equivalentes en Santa Cruz de Tenerife, así como la posibilidad de establecer juzgados con especialización progresiva en Arrecife (Lanzarote) y Puerto del Rosario (Fuerteventura).
El informe subraya también que, durante 2024, el juzgado recibió nuevas visitas institucionales, entre ellas una delegación del Consejo de Europa, interesada en el modelo organizativo y de coordinación interinstitucional implementado. Se destaca el interés internacional por las prácticas desarrolladas, pero se insiste en la necesidad de que esas prácticas cuenten con respaldo en recursos materiales estables y personal técnico suficiente.
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Por último, la Memoria 2024 propone la inclusión en el Plan Estatal de Formación Judicial 2025 de un curso monográfico sobre protección judicial de menores víctimas, que sería coordinado por Tomás Luis Martín Rodríguez, titular del juzgado, y se desarrollaría en Las Palmas de Gran Canaria. La finalidad de esta propuesta es reforzar la formación de jueces, fiscales y equipos técnicos en la atención especializada a menores en procedimientos penales.
Este balance anual confirma que el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria se enfrenta a una carga creciente de trabajo, especialmente en los procedimientos relativos a la libertad sexual, y que dicha realidad exige una adaptación estructural del sistema judicial que garantice el cumplimiento de los estándares procesales adecuados a la naturaleza de estos casos.
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El TSJC demanda más medios para proteger a las víctimas
La Memoria no solo detalla la situación cercana al colapso que tiene este juzgado, sino otras carencias materiales y estructurales que afectan al correcto desarrollo de los órganos judiciales. El TSJC señala la ausencia de oficinas de atención a la víctima, esenciales para proporcionar orientación legal, apoyo emocional y acompañamiento procesal a las personas implicadas en procedimientos judiciales.
Asimismo, el documento advierte que la mayoría de las sedes judiciales no disponen de salas de espera diferenciadas para víctimas y personas investigadas, lo que implica que, en muchas ocasiones, deben compartir espacios comunes con los presuntos responsables de los delitos. Esta circunstancia es destacada como un elemento que requiere intervención para ajustar la operativa del juzgado a los estándares normativos nacionales e internacionales en materia de protección de la infancia.
La Memoria también hace referencia a la insuficiencia de equipos psicosociales adscritos al juzgado. La falta de personal técnico especializado -en particular psicólogos, trabajadores sociales y peritos forenses- dificulta la producción de los informes requeridos para los procedimientos judiciales.
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