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El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está marcado por la nueva política tarifaria y las relaciones con Emalsa.
13:38
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado-Taramona, denunció este viernes el aumento de plagas de ratas en la ciudad. La edila lo atribuyó al vencimiento del contrato de control de plagas en abril de 2023, el incremento de la suciedad en las calles o el mal estado de la red de alcantarillado.
La edila recordó que el pliego anterior exigía el compromiso de realización de 2795 actuaciones anuales de desinsectación y desratización en toda la ciudad. «Sin embargo, los últimos datos aportados por la concejal responsable indican que, tras nueve meses del 2024, únicamente se habían llevado a cabo 1214 actuaciones, lo cual representa apenas el 43 % de las intervenciones previstas en el anterior contrato»·, expuso.
«No solo se observan roedores durante la noche, sino que cada vez es más común verlos a plena luz del día. Además de los roedores, se ha constatado la proliferación de cucarachas, hormigas, ciempiés y otras plagas. La falta de personal municipal agrava aún más la situación. Durante el verano pasado, se supo que solo había cuatro operarios dedicados a las labores de fumigación en una ciudad con más de 120 barrios», recoge la moción, que plantea la necesidad de para identificar las áreas de mayor presión de plagas y determinar las actuaciones específicas necesarias, incluyendo la frecuencia y métodos de intervención más efectivos en cada caso. A ello se suma la adopción de medidas para acelerar los trámites administrativos que permitan la pronta licitación y adjudicación de un nuevo contrato que cubra adecuadamente las necesidades de desinsectación y desratización en la ciudad; y el estudio del incremento de la plantilla municipal destinada a labores de control de plagas.
Vox planteó una enmienda para mejorar el próximo pliego para la adjudicación del servicio en el sentido de usar los avances tecnológicos en la prestación de los controles. La concejala Carmen Rosa Expósito lamentó que se sigan empleando métodos arcaicos y se pida a los vecinos que denuncien la presencia de roedores.
En su turno, David Suárez, de Coalición Canaria, criticó la falta de limpieza que padece la ciudad. «Llevamos meses hablando de plagas y no hay mejoría», dijo.
Por su parte, la concejala responsable de Salud Pública, Carmen Luz Vargas, expuso que este problema no es único de esta ciudad. Detalló que las soluciones adoptadas han sido eficaces en el control de las poblaciones, pero reconoció que la resistencia de las ratas a los raticidas ha aumentado en los últimos tiempos en virtud de mutaciones genéticas. Volvió a relacionar las plagas con el aumento de las temperaturas en las ciudades y defendió como «imprescindible» la colaboración ciudadana.
El Ayuntamiento está realizando acciones de desratización en las zonas de mayor afluencia de personas y se están utilizando biocidas de alto poder letal, mientras culmina el procedimiento de adjudicación del nuevo servicio. Habrá dos campañas de choque en primavera y octubre.
Durante el debate plenario intervinieron dos ciudadanos. El primero fue Walter Suárez, quien aseguró que se ve cada vez con más frecuencia ratas y ratones junto a los contenedores, parques o barrancos. «El problema aquí es que se está descontrolando la plaga», expuso.
Luego le tocó el turno a Dolores Cabrera, que forma parte de una plataforma que se llama Las Palmas de Gran Canaria siempre limpia. «La plaga se extiende por todos los barrios», dijo. Lo atribuye al nivel de suciedad que hay en las calles, al desbordamiento de los contenedores de basura... Por eso, le pidió a la alcaldesa que «tome las riendas de este asunto».
La regidora Darias expuso que la presencia de roedores se da en otras partes del mundo y no está relacionada con la gestión de la limpieza. «Hay una preocupación por la presencia de roedores, pero estamos poniendo las medidas», expuso, «mientras, estamos trabajando para adoptar las medidas necesarias y también pedimos la colaboración ciudadana para que avisen si ven una presencia mayor o si se ponen comidas en las calles para las colonias de gatos, o si hay establecimientos que depositan alimentos en las calles».
La moción del PP fue finalmente rechazada.
12:56
El PP defendió este viernes una moción para prevenir el número de incidentes con armas blancas, que, en su opinión, se está incrementado. La propuesta planteaba dos iniciativas: realizar un estudio detallado de las zonas de Las Palmas de Gran Canaria con mayor número de incidentes relacionados con armas blancas, identificando los focos de riesgo para diseñar una estrategia efectiva de actuación; y estudiar la implementación de medidas preventivas concretas bajo la dirección de la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura, orientadas a la requisa de armas blancas y a la reducción de su uso en espacios públicos.
El concejal del PP Ignacio García Marina vinculó estos incidentes a la situación de conflicto laboral que atraviesa la Policía Local y a la gestión que está desplegando el grupo de gobierno en esta materia. Identificó los problemas que está habiendo en San Telmo o la playa de Las Canteras y opinó que la inseguridad está siendo «minusvalorada» por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. «No son un invento mío, es evidente que hay un aumento de incidentes con armas blancas», añadió el edil del PP.
La propuesta fue rechazada por el gobierno. El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, negó que la ciudad tenga un problema de inseguridad. Desmintió que se haya producido un aumento de agresiones con armas blancas y aseguró que el relato de inseguridad de la oposición está construido sobre falsedades, tergiversaciones y mentiras. «La ciudad de verdad, la que reflejan los datos, es una ciudad segura», aseguró, «vamos a seguir apoyando para que esto siga así».
Íñiguez insistió en que los incidentes descienden: «estamos en el mínimo histórico de delitos en la ciudad». Como prueba de ello, indicó que el turismo sigue aumentando porque la ciudad es segura y está limpia.
Vox presentó una enmienda de adición por parte de Rafael de Juan Miñón que insistía en dotar de pistolas eléctricas a todos los agentes de la Policía Local y en formarlos en tiro. En su opinión, el uso de táser es más proporcional contra las armas blancas, que la utilización de armas de fuego. «Además hacen que el agresor deponga su actitud», expuso.
Desde CC, David Suárez, se resaltó la falta de recursos humanos en la Policía Local y puso como ejemplo que este viernes solo había cuatro agentes en labores de control del tráfico. Acusó a Íñiguez de obviar a las víctimas y de soslayar el problema.
12:25
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está ultimando en estos momento su primer catálogo de árboles singulares. Así lo anunció la concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez, en el pleno de este viernes durante el debate de una enmienda del PP para preservar la masa verde de la ciudad.
La propuesta fue rechazada porque se entiende que ya está trabajando en la mejora de los espacios verdes de la ciudad. La edila destacó que se ha plantado más de 200 árboles y 300 arbustos, al tiempo que se ha repuesto 110 árboles en alcorques vacíos. En total, Las Palmas de Gran Canaria tiene más de 60.000 árboles y palmeras.
Martínez resaltó que junto al catálogo, se está desarrollando un plan de infraestructuras verdes y se ha iniciado la redacción de una ordenanza del árbol.
Para el PP, en cambio, se está produciendo un maltrato al arbolado, como demuestra el recorte del parque de Las Rehoyas, en 2017; la falta de árboles en Tamaraceite Sur; la pretendida agresión al parque del Estadio Insular; o la propuesta de tala de algunos ejemplares centenarios, expuso el edil Ignacio Guerra.
Y el portavoz de CC, David Suárez, criticó el argumento de la defensa de la masa verde por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cuando se ha vencido el contrato de mantenimiento de los parques sin que se haya renovado hasta ahora.
12:08
Importante
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria manifestó su «lucha y repulsa» contra la violencia machista. «Es hora de que reconozcamos que la violencia contra las mujeres y las niñas, en todas sus formas, es una mancha en nuestra sociedad», expuso la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, en nombre de la Corporación municipal.
«Las cifras de muertes y agresiones contra las mujeres y los niños y las niñas siguen siendo abrumadoras (una mujer fallece en el mundo cada once minutos) y, año tras año, nos indican que hoy más que nunca es necesario incrementar los esfuerzos y erradicar aquellas actitudes y comportamientos cotidianos que reproducen la desigualdad y que están en el origen de la violencia de género, contribuyendo a perpetuarla», denunció la regidora.
Por eso, entre otras medidas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reivindicado la necesidad de dotar a las entidades locales de las competencias en esta materia así como de suficientes medios y recursos como pueden ser la contratación de personal específico para atender a las víctimas de violencia de género (psicólogos, trabajadoras sociales,...) para, en colaboración con el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares, asegurar la asistencia adecuada, suficiente y necesaria para garantizar la recuperación de todas las víctimas de violencia de género en todos nuestros municipios.
También se instó a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para que los centros educativos incluyan en su programación general anual, la enseñanza afectivo-sexual. Los/as adolescentes están cada vez más expuestos/as a las nuevas formas de violencia, como el control en las redes sociales, y los/as jóvenes disponen de mecanismos muy potentes para ejercer ese control. «Las redes sociales y el uso irresponsable de internet exponen a los/as jóvenes a formas graves de vulnerabilidad y violencia como la explotación sexual o»
el consumo de pornografía«, expuso.»
11:53
Como municipio miembro de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, y aprovechando la celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, leyó un manifiesto en favor de la educación como motor de transformación social.
«El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se compromete a que cada intervención urbana, cada equipamiento, cada programa y servicio municipal se conviertan en herramientas educativas que nos enseñen sobre nuestra historia, nuestra cultura, nuestros valores y sobre la importancia de cuidar la vida y cuidar nuestro planeta», destacó la regidora en nombre de toda la Corporación.
«Este Día Internacional de la Ciudad Educadora 2024 es una ocasión para celebrar unidos nuestros avances, al tiempo que una oportunidad para reflexionar acerca de los retos que aún debemos afrontar. Nuestras calles, plazas, parques y equipamientos educativos, culturales y deportivos no son meros espacios físicos; son lugares de encuentro donde se tejen las relaciones humanas. El encuentro y la convivencia entre personas de diversas culturas y generaciones, enriquecen la vida comunitaria. Por ello, se hace necesario propiciarlo. En este mosaico de diferencias, encontramos la oportunidad de conocernos, aprender unos de otros, de respetarnos, crecer y construir una ciudad inclusiva, solidaria y responsable que no deje a nadie atrás», añadió.
11:47
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se suma a la celebración del Viernes Verde (Green Friday, sus siglas en inglés) que promueven los movimientos ecologistas desde 2015 para concienciar de los problemas ambientales que generan las distintas normas de consumo y las alternativas al mismo.
«La propuesta ecologista pasa por la promoción de productos que contrarresten los efectos medioambientales nocivos promoviendo, por ejemplo, prácticas de economía circular, el mercado de segunda mano, los productos de cercanía, la cosmética natural o la producción textil sostenible», recoge el texto del acuerdo, «también es importante reducir la huella de carbono de nuestras actividades cotidianas y, en mayor medida, adoptar alternativas a los sistemas de suministro energético basados en combustibles fósiles por otros más limpios y sostenibles».
Por eso, el Consistorio ha hecho un llamamiento a la plena consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto el que llama a garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles y reducir los residuos. E insta al tejido empresarial «a encontrar nuevas soluciones que permitan modelos de consumo y producción sostenibles, reduciendo aquellos productos y servicios con fuertes repercusiones medioambientales y sociales y promoviendo la ampliación del ciclo de la vida de sus productos con un diseño que los haga más duraderos, reparables y reciclables».
Por último, se plantea la necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles, reutilizar residuos y promover las energías limpias y sostenibles.
11:40
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha trasladado este viernes su solidaridad a los fa-
miliares de las víctimas y personas desaparecidas, así como a cuantos han perdido su casa o se han visto obligados a abandonar sus hogares como consecuencia de la DANA del 29 de octubre.
El acuerdo declarativo, alcanzado tras el rechazo de una enmienda de adición de Vox en la que se criticaba la «incompetencia» de la Generalitat y del Estado en la gestión «criminal» de la catástrofe, sirvió también para dar a conocer la predisposición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a ayudar a los municipios más afectados con el envío de medios humanos y materiales, cuando se estime necesario.
Además, se valora «el trabajo insustituible de los servicios de Protección Civil y Emergencias, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las organizaciones no gubernamentales, los profesionales sanitarios, los medios de comunicación y todos cuantos han contribuido a reducir las consecuencias de estos temporales», así como de los voluntarios anónimos.
11:33
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha comprometido a promover una «una mayor y más eficiente inversión en la infancia, garantizando que se asignan los recursos necesarios para avanzar en la protección de la infancia contra todo tipo de violencia, y adoptar modelos de trabajo para la prevención de la violencia contra la infancia a nivel local, propuestos por entidades como Unicef España».
La decisión se adopta en el marco de la celebración del Día Mundial de la Infancia, que tiene como objetivo que niños, niñas y adolescentes vivan en entornos seguros y protectores libres de violencia.
La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, defendió la propuesta con las gafas azules de Unicef.
Desde Vox, Carmen Rosa Expósito, considera que la propuesta desprotege a los niños porque «se impone la ideología de género» y permite un «exceso» de intervención estatal.
11:29
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también aprobó un acuerdo en favor del transporte público.
Lo hace siguiendo las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias, en el marco de la Capitalidad Verde Europea de 2024 que ostenta la ciudad de Valencia, que proponen «crear un entorno urbano saludable, en el que el transporte público y la movilidad activa no solo sean una alternativa viable al automóvil privado, sino la opción preferida, contribuyendo así al desarrollo urbano sostenible y a la calidad de vida de sus habitantes».
La propuesta considera «imprescindible incrementar la calidad y eficiencia del transporte público a través de estrategias integradas que aborden tanto la infraestructura como la experiencia de quien lo utiliza: aumentar la frecuencia y cobertura de los servicios, junto con la adopción de aplicaciones móviles que proporcionen información en tiempo real, permite reducir los tiempos de espera y optimizar las rutas. Por otra parte, la coordinación multimodal permite cubrir áreas menos atendidas y tener más flexibilidad, mientras que la priorización del transporte público con carriles diferenciados mejora la velocidad y la puntualidad de los servicios».
En cuanto al fomento de los desplazamientos peatonales, se propone «la creación de aceras amplias y accesibles, la mejora de la iluminación y la inclusión de áreas verdes y de descanso no solo facilitan el acceso a las paradas y estaciones, sino que también hacen que el recorrido a pie sea más seguro y»
agradable«.»
La concejala de Vox, Clotilde Sánchez, lamentó que se imponga el transporte público demonizando al privado.
Pero el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, le respondió que se trata de ofrecer alternativas para que la ciudadanía pueda elegir cómo desplazarse.
11:19
Importante
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha emitido una declaración institucional contra el proyecto de construcción de una planta de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado y una central de generación eléctrica de 70 megavatios en el Puerto de La Luz, como propone la empresa Totisa Holdings.
La petición, que se suma a las advertencias por el peligro de emisiones cancerígenas realizada por el Colegio Oficial de Médicos, se basa en los análisis realizados por el Consejo Insular de la Energía. «La planta, lejos de contribuir a la descarbonización, podría generar un aumento de hasta 12 veces en las»
emisiones de dióxido de carbono en el Puerto de Las Palmas, al pasar de 25.884 toneladas anuales a más de 304.780 toneladas«, recoge el acuerdo declarativo, »además, las fugas de metano, un gas con efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono, podrían invalidar cualquier supuesto beneficio medioambiental de la planta«.»
Para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la iniciativa no responde a ninguna necesidad de los ciudadanos, sino solo a un mero interés económico del promotor. Y además, apunta la importancia que tiene la advertencia realizada por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud del Gobierno de Canarias, que «ha alertado que estas emisiones pueden incrementar la prevalencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares en la población, al tiempo que la planta podría representar un riesgo de accidentes graves debido a su proximidad a otras instalaciones industriales peligrosas».
La perspectiva ambiental y de lucha contra el cambio climático también sustenta el posicionamiento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Así, la propuesta de Totisa no solo va en contra de la estrategia insular de descarbonización y uso de combustibles limpios en los puertos, en la línea de lo que marca la Unión Europea, sino que también «contradice los esfuerzos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar la calidad ambiental de sus espacios urbanos y ser cada día una ciudad más verde y sostenible».
Desde este posicionamiento, el acuerdo declarativo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria plantea tres peticiones:
Instar al Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias a desestimar la autorización administrativa del proyecto de planta de almacenamiento de gas licuado, regasificación y producción de energía eléctrica de 70 MW propuesto por Totisa en el Puerto de la Luz y Las Palmas.
Instar al Gobierno de Canarias y Puertos del Estado a que se analicen y prioricen alternativas sostenibles y respetuosas con el entorno, como el fortalecimiento de la red eléctrica actual para abastecer las necesidades del Puerto de la Luz y Las Palmas, y el fomento de tecnologías que contribuyan a la descarbonización sin incrementar las emisiones en zonas habitadas.
Remitir esta moción conjunta al Gobierno de Canarias y a los órganos implicados, expresando el rechazo a la instalación de esta planta en el Puerto de la Luz y Las Palmas, en defensa de la salud pública y del compromiso con un modelo energético sostenible y limpio.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reconoce que el Puerto de la Luz y de Las Palmas es, «sin lugar dudas, uno de los enclaves estratégicos más importantes para el archipiélago canario, de modo que cualquier decisión que se»
adopte en este ámbito debe estar bien fundamentada y contar con un consenso suficiente, sobre todo, si esa decisión es contraria a los marcos y estrategias institucionales que ya cuentan con el apoyo ciudadano y están en marcha«.»
Coalición Canaria presentó una enmienda que trataba de salvar al Puerto. Para ello pidió que el Estado aportara fondos a la Autoridad Portuaria con el fin de dotar al recinto portuario de energías limpias; y al Ayuntamiento que facilitara, a través del planeamiento, la implantación de proyectos de generación eléctrica basados en fuentes renovables, y que no perjudicara al Puerto «siempre y cuando se demuestre científicamente que no se produce ningún daño a la población». En este sentido, el edil David Suárez pidió al Consistorio capitalino que no se pronuncie en contra de la planta de Totisa hasta que no finalice el procedimiento administrativo en curso.
Suárez resaltó que la seguridad jurídica debe imperar en este asunto. Recordó que el proyecto se aprobó en 2019 en el consejo del Puerto con los votos favorables de Nueva Canarias y PSOE. «No ha habido cambios en el proyecto», expuso el portavoz nacionalista.
Sin embargo, al final esta enmienda fue desechada por la mayoría de los grupos presentes en el Salón Dorado de las Casas Consistoriales.
La concejala Gemma Martínez defendió su rechazo a la regasificadora y reconoció el trabajo de la plataforma social «que defiende la salud y nos recuerda la locura que es intentar meter el gas». Cree que hay que seguir presionado para que el Gobierno de Canarias «pare de una vez este proyecto». Animó al Puerto a realizar acciones que no vayan contra la ciudad, como la apertura del taller de megayates. «Pretenden primar la competitividad de la economía sobre la salud de la ciudadanía», concluyó.
Pedro Quevedo (Nueva Canarias) recuerda que ya hubo un intento de instalar otra regasificadora en Gran Canaria. «Ahora volvemos a las andadas y lo quieren poner en el peor lugar de la ciudad», señaló. Cree que no puede confundirse el interés del Puerto con el de la empresa privada. «Los que quieren hacer un negocio a costa del interés general de esta tierra siempre insisten en lo mismo», argumentó, «tenemos que trabajar en la soberanía energética pero caminamos en la dirección contraria».
Con ellos coincidió el edil de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, quien lamentó que la propuesta de Totisa vaya en contra de la orientación energética que define la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Este edil considera que CC tergiversó el debate con su enmienda. «El Puerto es Las Palmas de Gran Canaria y debe mantener una defensa de las personas, el planeta y la prosperidad, sosteniendo el medio ambiente y la salud», señaló, «hay alternativas respetuosas con la salud de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria». Expuso que el proyecto ha cambiado porque en principio era para suministrar a los barcos y ahora se quiere meter esa energía que se genere en el Puerto en la red de Las Palmas de Gran Canaria. «La ciudad no quiere ese gas porque conlleva contaminación», dijo.
Vox considera que la enmienda de CC es «razonable» porque hay informes pendientes de emisión. «Sin haberlos visto, las instituciones no pueden pronunciarse con carácter previo», expuso Alberto Rodríguez. Entiende que el gas está en la lista de actividades económicas medioambientalmente sostenible y que el Puerto tiene una oportunidad para dar servicio a buques menos contaminantes.
Luego tomó la palabra Jimena Delgado-Taramona por el Partido Popular. Su formación se abstuvo «por prudencia». En su segundo turno de intervención, la portavoz del PP lamentó que no hubiera un debate más profundo. «Lo primordial es salvaguardar la salud de los ciudadanos, pero esto tiene connotaciones políticas», expuso. Recordó que el PSOE y NC «iniciaron este problema» al apoyarlo en el Puerto hace unos años. Además dijo que ni Ayuntamiento ni Cabildo mostraron discrepancias respecto al proyecto en 2022.
Por último, la alcaldesa Carolina Darias expuso que no se discute la generación de energía para el Puerto o los barcos, sino «una planta de 70 megavatios que excede en un porcentaje altísimo para revertirlo en la ciudad». Lamentó que se omitieran en las intervenciones los informes de salud pública. «La ciudad no necesita esta planta para generar electricidad», sentenció. «No estamos ni contra el Puerto ni sus intereses, es una iniciativa en favor de la ciudad, con el máximo respeto y con todos los derechos y legitimidad», argumentó, «vamos a defender la salud y el bienestar de los vecinos, y si eso es hacer política, lo vamos a hacer».
10:43
Un grupo de alumnos del tercer curso del doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho visitaron este viernes las Casas Consistoriales para conocer cómo se desarrolla una sesión plenaria.
10:41
Importante
El campo de tiro de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que debía estar abierto en verano de 2023, vuelve a retrasarse. La aprobación de un modificado de obra tiene como consecuencia principal el hecho de que los agentes se tendrán que desplazar a la galería del Cuerpo Nacional de Policía en Siete Palmas o al Centro de Seguridad y Perfeccionamiento Policial de Santa Lucía de Tirajana para poder realizar el entrenamiento de tiro que es obligatorio por ley.
El modificado que aprueba el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retrasa su apertura al menos dos meses más, con lo que no será hasta primavera de 2025 que la galería pueda abrir sus puertas. Lo hará con un año y medio de retraso respecto a las previsiones iniciales y con un incremento de precio de 309.631,26 euros. Esto deja el precio final de la obra en 2,43 millones de euros, casi un 15% por encima del precio de adjudicación.
Las causas que provocan el modificado del proyecto del campo de entrenamiento de la Policía Local son, según el modificado presentado por la adjudicataria, una de serie de imprevistos que no estaban contemplados en el proyecto original. Se trata de los siguientes:
Inestabilidades y desprendimientos del terreno colindante debido a lluvias posteriores a la redacción del proyecto: "se detectan desprendimiento e inestabilidad en el terreno que hace imposible trabajar de manera segura en la zona, por lo que se propone la creación de falso túnel mediante piezas de hormigón armado prefabricadas que se colocarán mediante el uso de grúas. Igualmente, este imprevisto conlleva la aparición de otras partidas necesarias como son la excavación en espacios reducidos o de acceso difícil, así como la creación de nuevo sistema de recogida de aguas de lluvia y encauzado de otro tipo de instalaciones".
Deterioro acelerado de estructuras metálicas existentes en a nave de entrenamiento: "se encuentra más dañada de lo previsto en el proyecto licitado; además, la misma se encuentra llena de trastos y diferentes objetos procedentes de los escenarios del carnaval. Para la ejecución de los trabajos se hace necesaria la eliminación de estos objetos, así como la rehabilitación de manera urgente de la estructura dañada y la creación de impermeabilización que haga que la estructura no continúe deteriorándose en un futuro".
Aparición de neumáticos enterrados: "si bien en el proyecto existía la retirada de neumáticos, al iniciar los trabajos se observa que gran parte de los mismos se encuentran sepultados y mezclados con tierras, lo que conlleva una forma de actuar diferente a la recogida en el proyecto para una correcta gestión de estos y otros restos de caucho que deben ser retirados de la obra".
El nuevo retraso que acumula la obra del campo de tiro de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria es el tercero. Las dos primeras prórrogas fueron de casi tres meses y medio, en primer lugar, y de otro mes y veinte días, en la segunda.
Hay que recordar que la adjudicación de esta instalación se realizó en septiembre de 2022 y que las obras comenzaron el 17 de octubre de ese mismo año. El campo de tiro debía estar operativo en nueve meses. Sin embargo, en julio de 2023 se amplió el plazo hasta el 31 de octubre; y el 26 de octubre se concedió una nueva prórroga a la obra hasta el 20 de diciembre de ese mismo año.
Como a pesar de todo, los trabajos no iban a terminar en tiempo por los imprevistos encontrados por la constructora, en noviembre de 2023 se autoriza la redacción del modificado del proyecto original. Y un mes más tarde, se acuerda la suspensión total y temporal del plazo de ejecución del contrato de obras objeto del presente hasta la aprobación del modificado.
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes una redistribución de las anualidades del contrato para poder hacer frente al modificado y acabar la obra el próximo año. Así, se quitan casi 700.000 euros de la partida de 2022 y se incorporan a la de 2023. De esta, se detraen a su vez unos 153.000 euros y se meten en la bolsa de 2024. Asimismo, el 10% del importe de adjudicación (casi 212.000 euros) previsto para 2023, se traslada a 2025.
El concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, defendió la redistribución de las anualidades. El edil justificó la nueva planificación por la necesidad de mejorar la seguridad en las instalaciones. «El Ayuntamiento es el primer interesado en que no haya sorpresas en las obras», declaró, «lo traemos por urgencia para terminar lo antes posible».
Desde el PP, Ignacio García Marina responsabilizó a Roque de gestionar obras que nunca se acaban. Recordó que la Policía Local sigue en conflicto colectivo y señaló que «muchos policías no realizan las prácticas de tiro como fija el decreto».
Para el portavoz de CC, David Suárez, «es lamentable» que no se puedan desarrollar con normalidad las prácticas de tiro.
Solo Vox se abstuvo en la propuesta.
10:31
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito para facilitar el pago de facturas antiguas por valor de 1,94 millones de euros. En esta cantidad se incluyen los 328.000 euros destinados a saldar la deuda histórica que existía con el servicio de grúas.
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, detalló que algunas facturas de 2024 se incluyeron porque provienen de contratos que fueron declarados nulos, como el de la limpieza de playas. Respecto a los pagos a Sagulpa, indicó que «nos ponemos al día». Resaltó que en diciembre se traerán cantidades importantes para que la cuenta 413 -facturas antiguas- baje de forma sustancial.
Desde el PP, Diego López-Galán calcula que la cuenta 413 debe estar en torno a los 50 millones de euros. Lamentó que haya empresas que tengan que esperar cinco años para cobrar. «Que estos pagos sean legales no suponen que no sean irregulares», expuso, «hay una mala planificación de los contratos».
El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, considera que «no han hecho los deberes» de superar los contratos en nulidad. «No se puede normalizar el incumplimiento sistemático de los procedimientos de pago», concluyó.
Para Coalición Canaria, es «sorprendente la naturalidad con la que se asume que los contratos siguen en factura», según dijo el edil David Suárez. Lamentó también que las comunidades de propietarios tengan que esperar para el pago de las cuotas de los edificios.
Spínola reconoció que la situación de partida era complicada, pero también defendió los esfuerzos realizados para superar las dificultades. «Estamos bregando todos los días para pagar a los ciudadanos», dijo, «pido disculpas a los ciudadanos que han padecido esta situación, que es imputable al Ayuntamiento». Recordó que se han tramitado más de cien contratos para evitar esta situación.
10:12
Importante
El último expediente que ha abordado el Pleno en relación con Emalsa es el referido a la modificación de los estatutos sociales de la sociedad. Tras el debilitamiento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el seno de la empresa, como consecuencia de la concentración del 66% de las acciones de Emalsa en manos de Saur, en 2018, ahora se quiere contrarrestar esta predominancia mediante el refuerzo del quórum en la toma de determinadas decisiones que afecten a la gestión del servicio público del agua.
Hay que recordar que Emalsa se constituyó en 1992 como una empresa mixta formada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (34% del accionariado), Saur (33%) y Unelco (33%). De esta manera, el Consistorio mantenía la posición mayoritaria. En 2005, Unelco vendió su parte a Valoriza (Sacyr), pero la transacción mantuvo inalterado el peso accionarial de cada socio.
Trece años más tarde Saur, a través de Gestagua, adquirió el 33% de Sacyr, de modo que se hizo con la posición mayoritaria en el consejo, al sumar el 66%. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria objetó contra esta transmisión y defendió que tenía un derecho preferente de adquisición de las acciones. Su intención era pujar y hacerse con el 17% de las participaciones de Emalsa para conseguir controlar, desde el ámbito público, el 51% de la empresa mixta y dejar a los socios franceses con el 49% restante. Sin embargo, los tribunales tumbaron esta pretensión porque el Ayuntamiento debía haber pedido el tanteo y, sin embargo, solicitó un retracto.
Para reforzar su posición, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria propone ahora el cambio de los artículos 15, 16, 17 y 20 de los estatutos sociales. Esto son los cambios por artículos:
Artículo 15: se quiere ampliar las competencias de la junta general para que decida sobre la revisión tarifaria y las decisiones que afecten a la planificación hidráulica de la ciudad. Tanto estas dos materias como aquéllas que se consideren "de vital importancia" tendrán que ser tomadas por consenso de las partes.
Artículo 16: se trata de fijar "quórums reforzados" para las decisiones importantes. Aparte de las citadas en el artículo 15, se incluyen también la aprobación de los planes y proyectos del ciclo integral del agua; los proyectos o inversiones extraordinarias o estratégicas en materia de aguas, energía y medio ambiente; y las propuestas de reglamentos de los servicios.
Artículo 17: se propone la obligatoriedad de contar con un informe favorable del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el nombramiento del consejero delegado.
Artículo 20: se plantea la exigencia de mayoría reforzada en el consejo de administración para la aprobación de los acuerdos marcos en los asuntos referidos en los artículos anteriores.
El concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, considera que ahora se fortalece la posición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el seno de Emalsa. «Las decisiones de vital importancia se tomarán con la anuencia de la ciudad», expuso. También dijo que se reforzará el derecho del tanteo para que el Ayuntamiento tenga el carácter preferente cuando se vaya a vender acciones.
Para el PP, los nuevos estatutos debilitan, sin embargo, la posición del Ayuntamiento porque todo depende del 66% privado. «Si Saur quiere vender Emalsa a los rusos o a los saudíes, lo pueden hacer», advirtió su portavoz, Jimena Delgado-Taramona, «y no podemos hacer nada».
Pero Spínola desmintió esto. «Ni rusos, ni suecos ni búlgaros, no, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en primer lugar», le respondió.
El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, entiende que habría que recuperar la gestión directa del servicio. «Esto no va a blanquear lo que han hecho», expuso, «en una sociedad en la que solo hay dos socios hay unos derechos de adquisición preferente por parte del otro socio y, por tanto, no se ha hecho nada». Pidió un análisis de la concentración del 66% de las acciones, algo que atribuye no a una negligencia, sino a un interés. «Con las tarifas, han conseguido que Emalsa sea rentable, con un monopolio de un servicio esencial», expuso.
09:57
Importante
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaba de aprobar los nuevos precios del agua a través de la ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias del servicio del ciclo integral del agua. La norma está todavía en fase inicial, pero cuando entre en vigor, cada factura que le mande Emalsa cada dos meses crecerá entre 2,71 y 3,65 euros para una familia media.
Para entender esta variación, hay que tener en cuenta que el consumo medio está en los 14,5 metros cúbicos. Por eso, se hace una simulación de cómo quedarán los recibos de 12 y 16 metros cúbicos.
Así, para una familia con un gasto de 12 metros cúbicos, el recibo variará del siguiente modo: de los 19,56 euros de cada uno de los recibos se pasará a 19,29 euros (-1,4%) en 2025; al año siguiente, el importe será de 20,35 euros, un aumento del 5,5%; en 2027 subirá hasta los 20,37 euros (+0,1%); en 2028 hasta los 22,71 euros (+11,5%); y en 2029, hasta los 24,99 euros (+10%).
En cambio para 16 metros cúbicos, la familia pasará de pagar por recibo 28,96 euros a 28,44 euros (-1,8%) en 2025; a 29,9 euros en 2026, lo que representa un incremento del 5,1%; a 29,96 euros (+0,2%) en 2027; a 32,79 euros (+9,4%) en 2028; y a 36,25 euros (+10,6%), en 2029.
Si quiere saber lo que esto supone al año hay que multiplicar por seis estas cantidades. En 2029 se pagará 32,58 euros más que ahora para los 12 metros cúbicos; y para los 16 metros cúbicos, esto supone 43,74 euros más que en estos momentos en el mismo periodo 2024-2029.
Como puede apreciarse, el mayor aumento se registra en 2029 ya que en ese año se empezará a cobrar un nuevo concepto, bautizado como tasa de sostenibilidad (0,1115 euros por metro cúbico) que reportará a Emalsa dos millones de euros. Se propone utilizar este dinero para financiar la renovación de las infraestructuras prevista en el Plan Estratégico del ciclo integral del agua de Las Palmas de Gran Canaria».
La propuesta también supone la diferenciación de consumos, de manera que se aplican precios diferentes a las viviendas vacacionales y hoteles, a las industrias, los centros oficiales, las familias numerosas, los comercios y las empresas que usan agua en sus obras.
Para el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, era importante actualizar las tarifas del agua tras dos décadas estancadas. «A partir de ahora, el abonado pagará por abastecimiento, alcantarillado y depuración de acuerdo a un mismo criterio», defendió, «hemos hecho una segregación de usuarios para distinguir los usos en función del caudal fijo y el consumo».
Recordó los bloques de consumo y señaló la importancia de distinguir hogares de viviendas vacacionales, que se asimilan a establecimientos hoteleros.
«Vamos a implantar un bono social, vamos a asegurar que se pague lo que se consume, vamos a penalizar que se derroche, vamos a hacer que quien contamine, pague», argumentó. Insistió en que la supresión del pago mínimo beneficiará a 7.000 usuarios de la ciudad y que en 2025 el 80% de los abonados mantendrá la tarifa o la verá reducir, y que las familias numerosas se beneficiarán de los nuevos precios.
Spínola detalló que el precio del agua es de los más baratos del agua. Acusó a la oposición de mentir. «En 2025 solo los que consumen 20 metros cúbicos pagarán un 0,6% más», expuso, «no hay mayor tarifazo que el que dio el Gobierno de Canarias con el IGIC».
Calculó que en 2026 subirá un euro para los vecinos. «Los datos son reales», expuso, «los vecinos lo verán en sus recibos».
La edila Jimena Delgado-Taramona, del PP, dijo que se está engañando a los ciudadanos cuando se habla de un marco tributario más justo. «Es el mayor tarifazo de la historia», expuso, «a partir de 2026 la subida es generalizada, y será más gravosa cuando acaba su mandato». Calcula que los vecinos pagarán entre un 25% y un 73% más que ahora. «Muchos pagarán 212 euros más que ahora», planteó.
Entiende que el Ayuntamiento repercute a los ciudadanos la retirada de su subvención. Y le pidió esfuerzos «para que los ciudadanos sepan lo que van a pagar». Entiende que Emalsa no hace grandes esfuerzos para evitar pérdidas. «Las tarifas solo benefician a Emalsa porque la subida no está justificada», abundó, «solo servirá para que los beneficios de Emalsa se incrementen».
La portavoz popular también demandó información sobre la cuantía que supondrá la tasa de basura. «La única manera de justificar la subida de tarifas es si Emalsa demostrara que tiene pérdidas, pero eso no lo he visto», señaló.
Desde Vox, Alberto Rodríguez considera que la norma tributaria es «injusta» porque las tasas se inspiran en la protección ambiental y de lo que se trata es de pagar el acceso a un bien esencial, como es el agua. «La directiva europea no dice que haya que gravar la producción de agua potable», expuso, «no tiene nada que ver con un ciudadano que abre el grifo en su casa» sino con los vertidos. Por eso, rechazó la activación de una cuota de sostenibilidad a partir de 2029.
En cuanto al comercio, considera que sale penalizado por la aplicación del principio que dice que quien contamina paga.
Respecto a las tarifas, lamenta que haya que presentar el certificado de empadronamiento cada año para que se apliquen precios especiales en función del número de miembros del hogar.
El portavoz de CC, David Suárez, explicó que en saneamiento habrá que pagar 9 millones de euros entre todos los abonados y que en alcantarillado también habrá que hacer un esfuerzo. Solicitó que el bono social llegara a los comercios, ya que la mayor parte son pequeñas y empresas que no saben si llegarán a fin de mes con las nuevas tarifas.
El edil nacionalista también apuntó que en 2029 se pagará más.
El debate fue cerrado por la alcaldesa, Carolina Darias, que recordó que en 2010 fue la última vez que se subieron las tarifas. «Procedemos a crear un marco contributivo justo, es la filosofía que impregna la acción política», expuso, «¿es justo que las actividades económicas y un ciudadano paguen lo mismo, es justo que un ciudadano que no contamina pague lo mismo que quien sí lo hace?».
«La mayoría de las corporaciones locales están procediendo a la actualización de las tarifas del agua», expuso, «también las gobernadas por el PP».
Aclaró que Emalsa no recibirá más y que el Ayuntamiento dejará de aportar progresivamente para invertir en otros asuntos. También solicitó más aportación de otras instituciones, como el Gobierno de Canarias, para las grandes infraestructuras hidráulicas de Las Palmas de Gran Canaria.
Las nuevas tarifas solo obtuvieron el apoyo del gobierno. Toda la oposición votó en contra.
09:20
Importante
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado su primera ordenanza reguladora del servicio de saneamiento y vertidos al alcantarillado. Hasta ahora, este servicio se venía prestando de forma indirecta por parte de Emalsa y se repercutía a los abonados una tasa de depuración. El problema es que esa tasa no distinguía entre unos usuarios y otros (domésticos de industriales, por poner ejemplo) y todos acababan pagando lo mismo.
«Es conocida la problemática que dicho modelo suscita, al existir en la red de saneamiento afluentes y vertidos que distan de las condiciones de aguas domésticas y que son aportadas por industrias, explotaciones hosteleras y hoteleras, gestores privados de abastecimiento que, sin recibir agua de la empresa mixta y, por tanto, no estar sujetos a tasa, reciben este servicio de manera gratuita».
La Directiva Marco del Agua obliga, sin embargo, a cobrar de manera proporcional a la actividad contaminante. Esto requiere, no solo, determinar y clasificar el origen de los vertidos a la red para su posterior tratamiento, sino determinar la carga contaminante que puede asumir cada una de las estaciones depuradoras.
Esto obliga a separar las redes pluviales y de alcantarillado de los edificios «con el propósito de proteger los recursos hidráulicos, preservar el medio ambiente, velar por la salud de los ciudadanos y de los trabajadores de los servicios correspondientes, así como asegurar la mejor conservación de las infraestructuras de saneamiento».
La norma establece un periodo de dos años, desde la entrada en vigor de la ordenanza, «para que todos los edificios, industrias o explotaciones existentes regularicen su situación». De hecho, se fijará la exigencia de tener una red separativa de pluviales y residuales para poder considerar legalmente habitable o apto para su uso.
Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se asegura que esta obligación solo se impondrá a los inmuebles de nueva construcción.
La red separativa vendrá acompañada, en el caso de las industrias, de otra red añadida, para evacuar las aguas de proceso. Las empresas obligadas tendrán también dos años para iniciar las actuaciones necesarias para ello.
La concejala de Aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, resaltó la importancia de dotarse de esta regulación, que no existía hasta ahora. Lo primero que resaltó fue la nueva categorización de los abonados, a lo que añadió que la inspección y la vigilancia de los vertidos serán a iniciativa del Ayuntamiento, a petición de los causantes o cuando Emalsa lo estime oportuno.
Desde el PP, la edila María Mas considera que la ordenanza es aceptable.
La nueva norma fue aprobada con los votos de todos los partidos excepto Vox, que se abstuvo.
09:15
La capital se dota de un nuevo reglamento de abastecimiento de agua que viene a sustituir al vigente en estos momentos, que fue redactado en 1981, antes incluso de la creación de Emalsa. El documento que rige las relaciones entre la compañía mixta de aguas y sus abonados presentaba no solo «una gran obsolescencia, al tener más de 40 años de antigüedad», sino que, además, no recoge la Directiva Marco del Agua, en vigor desde finales del año 2000, ni establece una proporcionalidad entre consumo y abono.
El nuevo documento, formado por cien artículos y tres disposiciones, detalla las obligaciones y derechos de los usuarios, así como de la suministradora. Como se anunció con la nueva estructura de precios, Emalsa comenzará a distinguir el uso doméstico -solo para viviendas- de otros usos como el comercial, el industrial, los centros oficiales, los turísticos y hoteleros, y el suministro de agua para obras.
Lo que no cambia es el modo en que se realiza la determinación de consumos: se concretará por la diferencia entre las lecturas de dos periodos consecutivos de facturación. Si no fuera posible determinarlo, «la facturación del consumo se efectuará con arreglo al consumo realizado durante el mismo período de tiempo y en la misma época del año anterior. De no existir o no ser representativo, se liquidarán las facturaciones con arreglo a la media aritmética de los dos últimos periodos facturados».
Una vez emitida la factura, el abonado tiene quince días naturales para pagarla. De no hacerlo, se puede ejecutar una interrupción del servicio.
Si se detecta un consumo excesivo que es atribuible a una fuga o avería de la red, de la que no sea responsable el usuario, se podrá solicitar la aplicación de una tarifa especial conocida como tarifa de fuga fortuita. Esta se calcula mirando el consumo de la misma época del año anterior y haciendo una serie de operaciones matemáticas que concluyen en la fijación del precio. Esta tarifa solo puede aplicarse, previa solicitud, a dos facturas continuadas, cuando el consumo registrado sea más del doble del gasto del mismo periodo del año anterior y exceder de 80 metros cúbicos en el bimestre (la media de consumo en la capital es de 14,5 metros cúbicos).
La concejala de Aguas, Inmaculada Medina, resaltó que esta norma representa un avance significativo en la gestión integral del agua. «Atendemos las necesidades del presente proyectando el futuro», expuso. La edila destacó como novedad principal del reglamento el hecho de que las tarifas estarán formadas por una cuota fija y otra variable.
Medina centró su segunda intervención en la importancia que tiene el reglamento para otorgar eficacia all servicio, garantizando el abastecimiento de agua a los domicilios. «Cuando la norma esté en vigor, se podrán solucionar algunos problemas de forma ágil», expuso. «Lo que hemos hecho es adaptarnos a lo que necesitamos y planificar el futuro».
Desde la bancada de la oposición, la concejala del Partido Popular María Mas criticó el coste «considerable» que van a tener que asumir los ciudadanos. Entiende que el reglamento refleja la debilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. «El agua, que es un bien esencial, queda en manos de una empresa privada», denunció. Para la edila, «el ciudadano tiene más obligaciones que derechos en este reglamento». Puso como ejemplo la responsabilidad de los abonados a reparar los contadores que instala Emalsa.
En nombre de Vox, Alberto Rodríguez se opuso al reglamento porque «favorece a la empresa, genera un gran desequilibrio entre quien presta el servicio y quien lo recibe». En su opinión, «perjudica a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria». En concreto, se refirió a la forma en que se realizan las lecturas de los contadores y las estimaciones de consumos. Para él, «la facturación no debe estar sometido a un margen de eventualidades, y menos a favor de la empresa; si hay alguna duda, debe ser en favor del consumidor».
La alcaldesa, Carolina Darias, cerró el debate para subrayar que se renueva un reglamento de 43 años. Y añadió que se empezarán a instalar contadores inteligentes que darán información del consumo casi al momento.
En la votación, el nuevo reglamento recibió el apoyo del gobierno y el rechazo de la oposición.
08:52
El Pleno acaba de autorizar el pago de los 3.000 euros que cuesta la cuota de pertenencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la asociación Red Innpulso (Arinn), correspondiente al año 2024.
La Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso), proyecto impulsado y cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, es el foro de encuentro de todos aquellos ayuntamientos con la distinción `Ciudad de la Ciencia y la Innovación' que pretenden avanzar en la definición y aplicación de políticas locales innovadoras, según informa la red en su página web.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria obtuvo la distinción de 'Ciudad de La Ciencia y La Innovación' en el año 2021 y se incorporó a la Red Innpulso en 2023.
El concejal de CC, David Suárez, reconoció la valía de la pertenencia a la red y preguntó por los beneficios que supone.
Para el edil de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, «estar en los grandes foros merece la pena porque la ciudad se nutre de innovación».
La propuesta fue aprobada por todos los concejales excepto por Vox, que se abstuvo.
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