La limpieza pasa factura a Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado el pago de 91 facturas que acumulaba en sus cajones por un valor de 23,13 millones de euros. De esta cantidad, el montante principal es el relativo a las labores de limpieza de la ciudad, con trabajos realizados entre julio de 2024 y septiembre de 2025. A ello se destinan 18,3 millones de euros.

Los trabajos de limpieza viaria (barrido y baldeo, básicamente), realizados entre el 1 de julio de 2024 y el 31 de agosto de 2025 suponen un gasto de 14,6 millones de millones de euros. Se trata de facturas que no tuvieron fiscalización previa porque el contrato está en nulidad desde 2019 y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aún no ha podido licitar el nuevo servicio.

Hay que recordar que el Consistorio capitalino todavía está trabajando en la estructura de costes del nuevo servicio de limpieza viaria y limpieza mecanizada, por lo que su adjudicación (con una licitación de 334 millones de euros) no es probable que se produzca antes del segundo semestre de 2026.

Por eso, y por los problemas en Recogida, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió encargar la limpieza de la ciudad por emergencia a FCC Medio Ambiente, la empresa que sigue desarrollando esta labor.

La limpieza viaria tiene un coste de un millón de euros al mes aproximadamente, según las facturas que se reconocen ahora. Se trata del servicio más caro, como demuestra también la contratación de emergencia por la situación de emergencia sanitaria: de los 24,72 millones de euros anuales, el 84% se corresponde a la limpieza viaria, mientras que solo 3,85 millones de euros a la Recogida de Residuos Sólidos.

Las facturas de limpieza cuyo pago se autoriza este viernes se completan con 2,71 millones de euros por el servicio de recogida de contenedores de basura entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, también a FCC; con 288.294,46 euros a Contenur por la situación de nulidad del contrato de suministro, limpieza, mantenimiento, conservación y reposición de contenedores de carga trasera correspondiente al periodo comprendido entre mayo y agosto de agosto 2025; con 450.168 euros, también a Contenur, por la situación de nulidad del contrato de servicio de suministro, lavado, mantenimiento, reposición, ampliación e instalación de papeleras, entre junio de 2024 y abril de 2025; y 168.386 euros más, de nuevo a Contenur, por el mismo servicio de papeleras entre mayo y agosto de 2025.

El otro gran bloque de pago es el referido al de Parques y Jardines. En este caso, a FCC se paga 3.742.841,64 euros por el mantenimiento de zonas verdes entre diciembre de 2024 y junio de 2025; otros 391.638,47 euros por el servicio prestado entre febrero y abril de 2018; y otros 173.121,97 euros por el cuidado dispensado en diciembre de 2024.

El resto de facturas proceden de las áreas de Hacienda (62.595 euros), la Oficina Atención al Ciudadano (184.026 euros), Solidaridad (10.000 euros), Ciudad de Mar (211.899 euros) y Bienestar Social (41.725,53).

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, defendió la aprobación del expediente de modificación de crédito. «Es importante porque asciende a 23,13 millones de euros», indicó, «damos un saldo importante porque empezamos a ponernos al día en los pagos de limpieza, con facturas que vienen ya de 2025; y en parques y jardines por vez primera empezamos a regularizar y pagar».

Por su parte, la portavoz del PP, Jimena Delgado-Taramona, calificó de inepto al concejal de Hacienda. «Celebra que paguemos hoy facturas de 2018», le espetó, «¿ustedes no iban a cambiar las cosas?». Aseguró que en tanto el Ayuntamiento no saque adelante los contratos en nulidad, no se podrán saldar la deuda. «El uso y abuso de este procedimiento de pago no es el correcto», insistió, «son incapaces de sacar los contratos más básicos». Así, atribuyó la emergencia sanitaria que sufre la ciudad a la incapacidad del grupo de gobierno para pagar a tiempo y sacar adelante los nuevos contratos.

Desde Vox, Alberto Rodríguez apuntó que nadie quiere trabajar con el ayuntamiento por la forma que tiene de gestionar los pagos, sobre todo los proveedores medianos y pequeños de la ciudad que no pueden soportar una espera de siete años para poder cobrar.

Para el edil de CC David Suárez, no tiene sentido que vengan facturas de 2018 en parques y jardines si el contrato lleva agotado desde enero de 2024.

En su segunda intervención, Spínola reprochó a Delgado-Taramona que «no hubiera entendido» el funcionamiento del reconocimiento extrajudicial de crédito. «Estamos pagando casi al día, y cuando llegamos nosotros había facturas de 2017 y de 2018, es una pena que no lo haya entendido», señaló.

El edil de Hacienda justificó la presencia de facturas de 2018 en el procedimiento de reconocimiento del gasto, que es más complicado cuando el contrato está vencido, lo que provoca una acumulación de facturas y expedientes en Intervención.

Sin embargo, el edil nacionalista insistió en que el problema está en la nulidad de los contratos. «Tiene un problema importante en la gestión municipal», le reprochó.

Tampoco gustó la intervención de Spínola a Vox, que señaló que la obligación de pagar «se está incumpliendo de manera inadecuada». Rodríguez Almeida reiteró que esta gestión excluye a la mayoría del tejido productivo de la ciudad, que es el que emplea a la mayoría de los trabajadores.

En el turno del PP, Jimena Delgado-Taramona comparó el retraso en el abono de las facturas con lo que sufriría un trabajador que sufre un retraso en el cobro de su sueldo. La edila anunció su voto a favor.

El cierre del debate corrió a cargo de Francisco Hernández Spínola, quien insistió en que, de las 91 facturas, solo hay cuatro de 2018. «Estamos pagando en tiempo y forma», iteró. Y anunció que los macrocontratos de Limpieza estarán adjudicados antes de 2027. También rechazó vincular la nulidad de los contratos con la emergencia sanitaria.

Por su parte, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, reprochó a Delgado-Taramona que liderara la insumisión a la tasa de basura. «Unos 3.000 ayuntamientos de España están gobernados por el PP, ¿qué van a hacer estos alcaldes o alcaldesas con la tasa de basura?», le preguntó, «hay que aplicar la ley, estamos cumpliendo un mandato legal, hay que tener cuajo para declararse insumiso del cumplimiento de la legalidad vigente».

A ello respondió la portavoz del PP, quien atribuyó a Pedro Sánchez la tasa de basura. Dijo que una de las tasas más altas será la que se aplique aquí. «Hay ciudadanos que pagarán más de tasa de basura que de IBI», denunció.

Sin embargo, la alcaldesa le acusó de mentir. Y Spínola recordó que la situación de emergencia sanitaria se produjo porque en muchos barrios no se recogía la basura por la indisponibilidad de personal.

Solo Vox se abstuvo. El resto de partidos votó a favor.

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