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Preparación de un palé con productos en el Banco de Alimentos. Arcadio Suárez
El laberinto sin salida de la lucha contra el hambre

El laberinto sin salida de la lucha contra el hambre

La falta de subvenciones al transporte condena a entidades de reparto de alimento de la capital a no poder distribuir comida entre la población más vulnerable

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 14 de abril 2021, 23:43

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Es un mal endémico de la ciudad. Pese a ser el municipio con más recursos, la ausencia de una línea de subvenciones que permita costear los gastos de transporte desde el Banco de Alimentos hasta los locales donde se efectúa el reparto a las personas necesitadas bloquea, en muchos casos, la posibilidad de que muchas familias, las más necesitadas, puedan sortear los rigores del hambre.

En la capital grancanaria operan 72 asociaciones de reparto de comida, un 56% de todas las reconocidas en la provincia de Las Palmas. A ellas les surte de productos el Banco de Alimentos, bien desde sus naves de Arinaga -cuando la comida procede de Europa-, bien desde su sede en la entrada de Mercalaspalmas.

La mayoría de los municipios grancanarios ofrece sus camiones para proceder a la distribución de los alimentos. Sin embargo, no ocurre esto con la capital. Si bien en el mandato pasado se empezó a usar vehículos de Parques y Jardines para esta labor, al final la falta de autorización sanitaria para el traslado de productos alimenticios y las quejas por el hecho de que se enviaba camiones fuera del municipio hicieron fracasar esta opción.

Desde entonces, se ha intentado encontrar una solución estable que permita garantizar el transporte, pero hasta ahora no ha habido resultados. Y, como consecuencia, muchas entidades han encontrado serias dificultades para proseguir su reparto, cuando no se han visto obligadas a interrumpirlo. En los riscos, en Jinámar, en el Barranquillo de Don Zoilo, en la Vega de San José... se suceden episodios de angustia, las de las personas que se encargan del reparto y que ven que no pueden pagar el transporte de los productos alimenticios.

Un voluntario prepara una caja con productos alimenticios.
Un voluntario prepara una caja con productos alimenticios. Arcadio Suárez

El Ayuntamiento trató de adjudicar la contratación de este servicio pero los reparos de la Intervención municipal a la hora de justificar el abono de las facturas, con el argumento de que no se puede subvencionar las tareas de logística, también hicieron encallar esta iniciativa.

Las entidades de reparto que se inscriben en el programa de reparto de alimentos firman un documento, por exigencias del Estado, por el que declaran que disponen de las infraestructuras necesarias para el almacenamiento y transporte de los alimentos.

Sin embargo, la realidad es que muchos de estos colectivos que asumen la distribución de la comida carecen de esta estructura. En muchos casos, se trata de asociaciones vecinales, colectivos sociales vinculados a parroquias o grupos de voluntarios sin apenas capacidad financiera y que bastante hacen con atender las peticiones que le envía el propio Ayuntamiento y con organizar el reparto de alimentos.

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Hay, pues, comida en el Banco de Alimentos. Hay colectivos dispuestos a repartirla. Y hay necesidad de recibirla porque cada vez hay más personas afectadas por la crisis. Lo que falla es el transporte. Éste es el laberinto en el que se pierde la solidaridad. Lo resumió la concejala de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas, en una comparecencia realizada a petición del Partido Popular para analizar el convenio suscrito con el Banco de Alimentos. «Legalmente no podemos asumir el transporte», dijo, «lo más sensato sería que el Banco de Alimentos financiara el transporte y que luego fuera subvencionado por las instituciones».

Sin embargo, el presidente del Banco de Alimentos, Pedro Llorca, desecha esta posibilidad ya que esta asociación, formada por voluntarios, no tiene ni la dimensión ni la fortaleza económica para afrontar el transporte en caso de que se produzca un cambio de la demanda, como el repunte actual, que es del 71%.

Un informe elaborado por una empresa logística determinaba, con menos casos, que el coste del transporte de los productos a las entidades de reparto de la capital grancanaria rondaría los 60.000 euros anuales, el triple de lo que el Ayuntamiento aporta cada año al Banco de Alimentos para la adquisición de comida, que es de 20.000 euros.

Y mientras la solución se atasca, el Consistorio sigue remitiendo personas a diversas organizaciones para que les ofrezcan una ayuda de comida. Hay que tener en cuenta que el año pasado se redactaron 3.422 cartas de derivación desde el Ayuntamiento a los recursos extramunicipales.

El presidente del Banco de Alimentos planteó en su momento la posibilidad de que la subvención del transporte se hiciera de modo individualizado a las entidades que realizan el reparto, pero el grupo de gobierno rechazó esta posibilidad.

Así las cosas, muchas asociaciones garantizan el reparto tirando de los ahorros de sus voluntarios, recurriendo a la solidaridad de empresarios que financian a coste perdido el transporte o, incluso, se ha llegado a pedir dos euros a los beneficiarios para poder costearlo, lo que ha llegado a provocar quejas de algunos asistidos. Pero se trata de soluciones transitorias, una huida hacia delante.

La subvención

Otro de los aspectos criticados por la oposición en la relación del Ayuntamiento con el Banco de Alimentos es la cuantía de la subvención concedida. Vargas detalló que se había decidido mantener la misma cantidad que el año pasado (20.000 euros) porque en 2021 se va a reforzar el servicio de ayuda a domicilio (11,2 millones), el programa de comida sobre ruedas de Cruz Roja para mayores (193.000 euros), la atención a menores en riesgo que da Adsis (472.000 euros) y a los refugiados de CEAR (60.000), además del programa 'Housing First' para personas sin hogar (80.000).

El edil del PP Ignacio Guerra criticó que no se hallara una solución al transporte, ni que no se quisiera aumentar la partida del Banco de Alimentos, «pese a que el alcalde, Augusto Hidalgo, dijo que no iba a haber límites presupuestarios en asuntos sociales».

David Suárez (CC-UxGC) pidió una respuesta a las entidades de reparto «para que no den los alimentos en la calle». Y José Guerra, de Ciudadanos, planteó la necesidad de solucionar el problema principal, el del transporte.

Para la edila no adscrita Carmen Guerra habría que buscar una salida porque «la situación ha ido a peor».

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