El juez niega un nuevo permiso a Torres Baena y pide que sea examinado por un psicólogo forense
tribunales ·
Un perito debe evaluar su posible reincidencia y tratamiento terapéutico. El karateka ya empezó el Programa para el Control de la Agresión Sexual
El magistrado titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado un recurso sobre la denegación de un permiso penitenciario interpuesto por Fernando Torres Baena -el principal condenado a 302 años de cárcel por el caso Kárate- y además, ha interesado que sea evaluado por un perito forense para que informe sobre su situación psíquica actual y su posible reincidencia.
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Además, tiene que considerar este psicólogo el tratamiento terapéutico al que debería someterse el condenado «en orden a su reinserción en la sociedad, respetando sus reglas de convivencia», una decisión que, según fuentes sindicales, ha generado malestar entre los profesionales del centro penitenciario que califican esta decisión como una falta de confianza en el trabajo que desarrollan a diario con el recluso.
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Sin concesiones Torres Baena es el único de los tres condenados del caso Kárate al que le han denegado todos los permisos carcelarios después de que en abril de 2014, el Supremo confirmase la condena de 302 años de prisión que en su día le impuso la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.
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Condenas históricas A pesar de que Torres Baena, María José e Ivonne González han sido condenados con penas muy elevadas -302, 140 y 126 años, respectivamente-, solo cumplirán como máximo 20 años dentro del penal.
El magistrado titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado un recurso sobre la denegación de un permiso penitenciario interpuesto por Fernando Torres Baena -el principal condenado a 302 años de cárcel por el caso Kárate- y además, ha interesado que sea evaluado por un perito forense para que informe sobre su situación psíquica actual y su posible reincidencia. Además, tiene que considerar este psicólogo el tratamiento terapéutico al que debería someterse el condenado «en orden a su reinserción en la sociedad, respetando sus reglas de convivencia», una decisión que, según fuentes sindicales, ha generado malestar entre los profesionales del centro penitenciario que califican esta decisión como una falta de confianza en el trabajo que desarrollan a diario con el recluso.
El auto, de fecha 29 de noviembre, responde a un recurso que formuló Torres Baena ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria contra el acuerdo de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario Las Palmas II (Juan Grande), que el 5 de agosto pasado desestimó al karateca una nueva petición de permiso. La autoridad judicial entiende que esta decisión -adoptada por unanimidad- se «estima justificada y acorde con la legislación penitenciaria», por lo que los «argumentos alegados por el interno» para rebatirla no han sido suficientes.
El equipo técnico de la Junta de Tratamiento denegó en su momento el beneficio penitenciario atendiendo a la «naturaleza del hecho delictivo y los bienes jurídicos concernidos». Este tipo de patologías relacionadas con agresores sexuales como Torres Baena, según el magistrado, «no se curan con el tiempo», además de que todavía no ha completado el Programa para el Control de la Agresión Sexual (PCAS), que comenzó hace un mes y que ni siquiera se refleja en el auto ya que los informes de los especialistas de la prisión fueron anteriores al comienzo del mismo. En este curso PCAS, según reza el auto judicial, «un grupo de agresores sexuales y/o pederastas se narran sus experiencias y se miran en el espejo para tratar de comprender el dolor y daño que han causado a sus víctimas», pero «exige un abordaje infinitamente más profundo que solo se puede llevar a cabo si el paciente quiere de verdad y no como una actividad que hay que realizar para avanzar en el tratamiento penitenciario». De esta forma, añade la resolución, «considerando este servidor público que, llegado el momento, tenga que accederse a un permiso porque haya superado el curso cognitivo conductual» y asumiendo «la responsabilidad y angustia de crear las condiciones para que se le pueda destrozar la vida a otros menores por haber accedido a dar un permiso sobre el que no se tienen dudas por parte de la Junta de Tratamiento», no ha dispuesto «acceder a dicho permiso».
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Fuentes sindicales dicen que el que Torres sea evaluado por un perito «ha sentado muy mal» a los profesionales de la prisión
Reconoce el magistrado que «gran parte de los integrantes» de la Junta de Tratamiento de Juan Grande que han informado de forma negativa en la solicitud del permiso a Torres Baena «lo forman personas que tienen un cierto grado de convivencia y regular cotidianidad con el condenado» y «quienes no trabajamos en el centro penitenciario, no», apunta. «Al cumplir su condena ya no hay opciones», expone en referencia al preso, «pero ahora sí que las hay y, hoy por hoy, esta decisión [...] es la que mejor defiende los intereses generales de la población».
«Asuntos pendientes»
Por último, destaca el auto que Fernando Torres Baena «necesita trabajarse los asuntos pendientes que le llevaron a estar en prisión», por lo que interesó la designación de un perito forense que evalúe «la situación psiquiátrica actual del interno» a efectos de «calibrar la conveniencia o no de acceder a los permisos solicitados», determina.
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Fuentes sindicales sostienen que la decisión de que un forense del Instituto de Medicina Legal sea quien evalúe a Torres Baena para determinar su situación y sus posibles tratamientos terapéuticos «ha sentado muy mal» a los profesionales de la prisión de Juan Grande. Alegan que «los psicólogos del Centro Penitenciario son los que conocen perfectamente al reo, su situación y evolución y están capacitados para realizar esa evaluación psíquica», sugieren.
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