La jueza cierra la investigación y concluye que hay pruebas para juzgar al clan Kokorev

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega, ha dado por concluida la investigación llevada a cabo contra la trama de los Kokorev, entendiendo que hay pruebas suficientes para juzgarlos por un presunto delito de blanqueo de capitales. La autoridad judicial notificó a las partes el auto de procedimiento abreviado, un documento que se alinea con la tesis planteada por la Fiscalía Anticorrupción, que en un informe previo cuantificó la supuesta cantidad defraudada por los investigados en 109 millones de euros.

Ahora y tras entender la instructora que hay pruebas suficientes para que sean juzgados, se abre el plazo para que las acusaciones y defensas presenten sus escritos y se dicte el auto de apertura de juicio oral contra los investigados.

Hay que recordar que a principios de año, la Delegación de Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, de la mano de Javier Ródenas, estimó en 109 millones de euros la cantidad presuntamente blanqueada por el clan Kokorev formado por el padre Vladimir, su esposa Julia Maleeva y el hijo de ambos Igor Kokorev, el abogado Juan José Arencibia y sus hermanas Margarita y María Luisa Arencibia. El auto relata como los investigados realizaron entre 1999 y 2011, «operaciones ilegales o clandestinas de ventas de armas y material de doble uso», a Guinea Ecuatorial que reportó «un trasvase de dinero de más de 450 millones de euros, desde cuentas titulares del Tesoro del Estado de Guinea en entidades bancarias entre ellas el Banco Rings en EE UU». Este armamento y material militar, consistía en la compraventa de buques, helicópteros de combate, vehículos blindados, corbetas, patrulleras, fragatas, aviones de caza y bombarderos, y armamento militar de doble uso.

Para lograr su propósito, los investigados usaron, según el auto, «un entramado societario, de múltiples sociedades, más de 45, para poder convertir en legal el dinero procedente de sus actividades ilícitas, en concreto de las ganancias obtenidas como consecuencia de inflar los costes de la compraventa de armamento militar», a los fondos públicos de Guinea Ecuatorial, así como para «ocultar los pagos que realizaban a las autoridades militares y funcionarios guineanos, quienes participaban en esos sobrecostes e inflando la facturación de dichos contratos». Estos dirigentes guineanos eran F. A. F, M.E.E, A.N.O.M y L.E.B.A.

Para obtener estas ganancias «utilizaban las figuras contractuales ficticias, de operaciones mercantiles en el sector naval» como, por ejemplo, la venta y reparación de buques a Guinea Ecuatorial. Así mismo, «giraban unas facturas» a dicho estado «con un importante sobrecoste al real que debió haberse facturado», cuyas ganancias era ocultadas en el múltiple entramado societario. Por lo tanto, el auto apunta que el dinero ganado de forma ilegal tenía su origen en dos fuentes delictivas: la compraventa ilícita de armamento militar y la venta de ese material por un precio superior al gobierno guineano.

La obtención de dichas ganancias procedentes del sobrecoste consistía en inflar el precio realmente pagado por el material militar comprado en Ucrania, a través de la sociedad Spetctechnoesport y Life&Thecnologies, registrada en Akra (Ghana), y Thecnolocallity Inc, ésta última con cuentas bancarias en Hungría, con el coste verdaderamente abonado al material comprado.

De esta forma, el Estado de Guinea Ecuatorial, abonaba las facturas que les presentaban a las que le incrementaban ese sobrecoste con el precio realmente abonado. Este sobrecoste no era el incremento de las comisiones por la intermediación que recibían los Kokorev, lo cual era también abonado por el acuerdo con Guinea, sino era un «sobrecoste ocultado» al Ejecutivo a quien «giraban unas facturas que no se correspondían su importe con el verdaderamente abonado», incrementado normalmente entre el 30 al 40%, de su precio real.

La práctica habitual consistía en que el Gobierno «abonaba previamente a las sociedades intermediarias» dirigidas por los Kokorev, la llamada Kalunga y las posteriores, «encargándose con el dinero recibido de abonar los costes reales de quienes se adquiría el material», para luego girar unas «facturas irreales» que la familia elaboraba «al estar en posesión del material necesario» como vendedores, «falseando las facturas» que presentaban al Gobierno africano. Esto, a juicio de la instructora, «ha reportado unos beneficios superiores a los cien millones de euros, solo a la familia Kokorev-Maleeva».

La compraventa de armamento militar por parte de los investigados y su intermediación con Guinea Ecuatorial, se inició con la empresa Kalunga Company en el año 1999 hasta 2005, utilizándose en alguna ocasión a Internacional Shipping Advisor. A partir de 2005 hasta 2012, usaron Intracostal Trading Services y SJ Marine Company, de la que los investigados eran sus titulares.

Para ocultar esta actividad, las empresas tenían una actividad naval que enmascaraba su verdadera actividad.

Para lograr su supuesto propósito, el clan Kokorev se sirvió de la participación «fundamental y decisiva» del asesor fiscal y financiero y abogado, Juan José Arencibia. El mismo, a partir de 2004 «ideó junto a los investigados el entramado societario de sociedades instrumentales, constituido por empresas sin actividad real, ni empleados, las cuales solo servían para ocultar la procedencia de esa millonarias ganancias», apunta la resolución.

Arencibia contó con la participación activa de sus hermanas Margarita y María Luisa, quienes «por una remuneración, se pusieron al frente de algunas de esta sociedades, como administradoras o apoderadas».

Esta trama «ha generado unas ganancias» a la familia Kokorev de 109 millones de euros, según el fiscal Javier Ródenas.

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