Las Palmas de Gran Canaria

La Isleta se moviliza contra la planta de gas en el Puerto

La Isleta encadena luchas. Estos días lo hace sin el viejo brío de las revueltas de estibadores sobre las que se esculpió la imagen de unas calles hostiles en las que la clase obrera se hacía respetar ya muchas décadas atrás. Pero lo hace con el fundamento de los informes técnicos y el pulso de la movilización. En esa puja nace la plataforma contra la pretensión de Totisa de instalar una planta de almacenamiento de gas licuado, regasificación y generación de energía eléctrica de 70mw en el Puerto de La luz.

Con ese mandato se abrió este miércoles el local social de la plaza del Pueblo, pulmón de las calles portuarias sobre la que mientras se celebraba una asamblea informativa la vida continuaba con su quiosco rebosante de público y los niños emulando a sus ídolos futbolísticos sin una miga de sombra, eliminados los árboles de ese entorno urbano.

En esa concentración, impulsada entre otras organizaciones por el Foro por La Isleta, había una consigna clara: documentarse sobre los riesgos que entienden que dicha planta puede tener sobre la población palmense, especialmente la que cruza el istmo, y planificar acciones que muestren la oposición de la ciudadanía a esa decisión que también origina debate en el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, con algo de demora, allí se personó Gemma Martínez Soliño, concejala del rimbombante área de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Accesibilidad, Parques y Jardines y Agricultura, Ganadería y Pesca.

La asamblea se fundamentó en datos y en la opinión de expertos. María Luisa Pita Toledo, durante casi cuatro décadas responsable como jefa del servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, fue una de las que expusieron las razones que fundamentan esta oposición. «Hay que sacar a la gente a la calle. Esto es un disparate. En mi experiencia en otro tipo de episodios de este tipo he visto más receptividad en cargos políticos cuando les explicabas la situación; incluso con los informes técnicos», indicaba minutos antes de dirigirse al público que espera su intervención.

Según los datos que exploran los opositores a la instalación de la planta en el Puerto de La Luz, «partir de la combustión de gas natural fósil que intenta promover Totisa, va a emitir a la atmósfera a través de cuatro chimeneas de 25 metros de altura, equivalente a un edificio de ocho plantas, grandes cantidades de metano, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas, compuestos orgánicos volátiles e hidrocarburos aromáticos policíclicos, durante las 24 horas del día, los 365 días del año, que los vientos dominantes de componente norte van a dirigir hacia la ciudad, con el consiguiente riesgo para la salud de la población de Las Palmas de Gran Canaria».

Esa impresión no solo es de la ciudadanía organizada en la protesta sino de los profesionales del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria, cuyos técnicos correspondientes han elaborado informes que también avalan la posición de los contrarios a la planta de gas. La reconocida profesional ejemplificaba con un dato algunos males que podría traer la regasificadora, como en un aumento del 16% en las afecciones relacionadas con enfermedades como el asma.

Ese hecho está en la carpeta de argumentos que Pita Toledo esgrime, profesional que se muestra absolutamente sorprendida que con esa documentación de libre acceso para todo el que la quiera consultar no sirva para que se tome una decisión política rotunda. «Ahora todo el mundo mira para otro lado como si fuera una decisión tomada. Y tenemos que tener en cuenta que es el mayor foco de contaminación con el que nos vamos a encontrar. Me parece una temeridad que cuando en todo el mundo se están retirando las chimeneas y los focos industriales de contaminación de las ciudades aquí vayamos a introducir de nuevo las chimeneas en el corazón de la ciudad y a solo 1.100 metros de La Isleta. Y eso la gente lo tiene que saber», dijo.

La asamblea de este miércoles es el primero de los elementos de contestación ciudadana organizados en el barrio al respecto. Sigue la senda de otras movilizaciones que siguen vigentes como las de la petición del regreso de la doble vía de circulación a la calle Doctor José Guerra.

Un manifiesto que se cierra con un ruego fue dado a conocer en la asamblea. «Instamos al Gobierno de Canarias y al Gobierno central a actuar con decisión contra este proyecto cuyos costes son muy superiores a sus potenciales beneficios. No puede haber beneficio alguno en algo que perjudica gravemente a la salud. Nuestro empeño en los próximos meses será llamar a la ciudadanía en torno a la defensa de su salud, la lucha por una descarbonizacion racional y la búsqueda de mejores soluciones energéticas.», finaliza el documento.

La experiencia de otros conflictos similares inundó también el salón de la plaza del Pueblo. Entre otros tomó la palabra el abogado Antonio Hernández, que lideró con Ben Magec el conflicto en Arinaga en 2008. En su intervención valoró aquella acción y la actual, y evidenció la falta de garantías de seguridad que el actual proyecto tiene para la población de la ciudad.

Camisetas de 'Canarias tiene un límite' se exhibían en la sala, en consonancia con un movimiento social que prepara más respuestas para los modelos ya agotados de gestión en las islas. Entre otros, el de esta regasificadora que es contraria, aseguran, a la idea de descarbonización en la que se supone que Las Palmas de Gran Canaria, como ciudad más poblada del archipiélago, debería ser referencia.

La primera parte de la respuesta social ya está activa y espera próximos movimientos. La ciudadanía de La Isleta ya tiene sobre la mesa los argumentos técnicos que fundamentan la acción de los contrarios a esa obra en el Puerto de La Luz. Queda por comprobar el carrete que le queda a la contestación social en una ciudad en la que desde los barrios se están articulando políticas de movilización conjunta frente al Ayuntamiento.

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