Contra la inseguridad: Las Palmas de Gran Canaria quiere siete nuevas cámaras de vigilancia en sus calles
El Ayuntamiento quiere abarcar «un entorno con notables índices de actividad delictiva» en Vegueta, Triana, Lugo y Santa Catalina
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado autorización a la Delegación del Gobierno en Canarias para instalar siete cámaras de videovigilancia en cuatro barrios de la ciudad: Vegueta, Triana, Lugo y Santa Catalina. El permiso, en caso se obtenerse, tendrá una vigencia máxima de un año.
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La comunicación remitida al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, detalla los puntos concretos en los que se quiere instalar los nuevos sistemas de grabación.
Los puntos donde irán las cámaras
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1
Vegueta: se colocarían dos en la calle Mendizábal -una cámara en la esquina con Pelota y otra en la confluencia con Roque Morera- y otra más en la calle Obispo Codina con Mesa de León.
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2
Triana: el lugar escogido ha sido la intersección de la calle Muro con la plaza de la Alameda de Colón.
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3
Lugo: el emplazamiento elegido es la confluencia de Suárez Naranjo y Castrillo.
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4
Santa Catalina-Guanarteme: las cámaras irían en la calle Joaquín Costa y en la plazoleta de Farray, en Fernando Guanarteme.
Estos puntos concretos «abarcarían un entorno con notables índices de actividad delictiva y de infracciones relevantes para la seguridad ciudadana», según consta en la petición oficial que firmaron a principios del pasado mes de agosto el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, y la jefa de la Policía Local, Carmen Delia Martín Mederos.
«Las zonas para las que se solicita la instalación y utilización de las videocámaras, significativamente pequeña en relación con la extensión territorial de esta ciudad, se caracteriza por variada incidencia en la seguridad ciudadana, toda vez que en ellas se cometen hechos susceptibles de infracción penal o administrativa», argumentan.
EN DETALLE
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Aunque el número de cámaras de videovigilancia es dinámico, puesto que las autorizaciones son temporales, en el recuento de 2024 era de 16: 8 en la zona Puerto-Santa Catalina; 3 en el entorno de Guanarteme; otras 3 en el eje Arenales-Lugo; y 2 más en Triana
Las zonas escogidas concentran una gran diversidad de actividades comerciales, de ocio y restauración que favorece la concentración de personas. «Se produce una alta incidencia de actividad delictiva, así como la comisión de infracciones administrativas relevantes para la seguridad ciudadana», reconoce el escrito, donde se hace mención no solo a la inseguridad «objetiva» sino a la sensación de inseguridad que padecen vecinos, trabajadores de la zona, turistas que se alojan en los establecimientos alojativos y clientela de los negocios.
Pero la Policía Local y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no solo han detectado un aumento de la actividad delictiva. De hecho, se habla que se ha producido «desde algunos años, una gran conflictividad social».
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Así, se detalla que «son frecuentes las intervenciones policiales en la zona por tráfico de droga, agresiones, ruidos, reyertas, tanto en horario diurno como nocturno, incrementándose estas incidencias los fines de semana, circunstancias de las que se han hecho eco los medios de comunicación en repetidas ocasiones».
Sin grabar sonido
La propuesta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria plantea la instalación de cámaras que no graben sonidos para limitar la posible afectación de los derechos al honor, la propia imagen y la intimidad de las personas, «al quedar suprimida físicamente la posibilidad de grabación de conversaciones privadas».
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La petición municipal debe recibir el visto bueno en la Comisión de Garantía de la Videovigilancia. Este órgano es el que pondera la idoneidad de la instalación de los equipos de grabación, analizando el equilibrio entre la seguridad y los derechos y libertades de los ciudadanos.
La comisión de Garantía de la Videovigilancia está compuesta por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el fiscal jefe, un abogado del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en Canarias y otro de la Federación Canaria de Municipios.
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Un instrumento «eficaz» en la prevención de actos delictivos
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria defiende la instalación de videocámaras «como un instrumento eficaz en la prevención de actos delictivos e infracciones administrativas contra la seguridad ciudadana».
En este sentido, la petición remitida a la Delegación del Gobierno en Canarias detalla los buenos resultados que ha tenido el funcionamiento de las videocámaras en otros puntos de Las Palmas de Gran Canaria. «La puesta funcionamiento en los últimos años de videocámaras ubicadas en el sector de Santa Catalina, en el sector de Arenales y en la zona de Triana, han servido para culminar con éxito diversas actuaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», detalla el documento oficial, «las grabaciones correspondientes fueron solicitadas posteriormente por distintos Juzgados de Instrucción de esta capital así como por la Jefatura Superior de Policía, a través de los diferentes grupos operativos, con el objeto de constatar las actividades ilícitas llevadas a cabo en las zonas objeto de vigilancia: lo que demuestra la gran utilidad de este sistema de grabación de imagen».
El escrito detalla también que hasta el momento el uso de las cámaras de videovigilancia en Las Palmas de Gran Canaria no ha generado denuncia o queja alguna sobre un posible uso arbitrario o abusivo, «lo que indica que dicha utilización ha sido estrictamente respetuosa con los derechos y libertades de los
ciudadanos en cumplimiento con el mandato contenido en el Real Decreto 596/1999».
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