Los dos investigados en el caso Valka abandonan el órgano de control interno de Geursa
El instrumento responsable de cumplimiento normativo se queda como un órgano de carácter unipersonal
La Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa) ha decidido cambiar la configuración del órgano responsable de cumplimiento normativo -el instrumento que se encarga de las denuncias internas de la sociedad- y dejarlo como una herramienta unipersonal. Aunque en la documentación de alteración del órgano no se cita de manera expresa el caso Valka, en la práctica esta decisión supone la exclusión de este dispositivo de los dos trabajadores de Geursa que están siendo investigados en la causa judicial, en fase de diligencias previas: Luis Manuel Pérez Cañón, asesor jurídico en la empresa municipal; y Carlos Cabrera Suárez, coordinador de la oficina técnica de Geursa.
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El caso Valka trata de conocer si en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria operó una supuesta trama corrupta. La investigación fue iniciada por el Juzgado de Instrucción 2 y las fiscalías de Medio Ambiente y Urbanismo y contra la Criminalidad Organizada a partir de una denuncia de la asociación de vecinos Rehoyas Avanza por unas permutas de suelo en Tamaraceite Sur que supuestamente dañaron el patrimonio público. Sin embargo, la investigación se amplió luego tanto en el ámbito urbanístico, con epicentro en Geursa, como en el de Parques y Jardines.
Los dos empleados se inhibieron en la investigación interna sobre Valka que emprendió el órgano de cumplimiento normativo, y la sociedad municipal decidió recurrir, en octubre de 2024, a una asistencia externa y contratar a Isora Roca, hasta ese momento una abogada externa que ya formaba parte del instrumento de control interno de Geursa.
Ahora, la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística impulsa un cambio en el modo de funcionamiento de este instrumento, que es el encargado de desplegar el modelo de prevención de riesgos penales para detectar posibles infracciones o ilícitos. Y lo que hace es transformar un órgano colegiado en otro unipersonal.
Hasta ahora se defendía que la composición plural facilitaba «un enfoque multidisciplinar que permite un conocimiento integral de la actividad que desarrolla la entidad, para aplicar medidas de vigilancia y control eficientes». Sin embargo, ahora se hace reposar todo en la oficial de cumplimiento normativo. «Esta configuración garantiza autonomía e independencia, agilidad operativa y minimiza potenciales conflictos de interés, contando con el apoyo del personal administrativo adscrito al órgano», detalla el nuevo texto.
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Estos cambios fueron aprobados este martes en el consejo de administración de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de las Palmas de Gran Canaria, donde también se aprobó el presupuesto de 2026.
Posibles pérdidas económicas
Las cuentas del próximo año reflejan una «disminución en la previsión de los encargos a esta Sociedad en 1,7 millones de euros respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2025, lo que supone un 16,1% menos aproximadamente de la cifra de negocio».
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El presupuesto advierte de que «esta situación se agrava teniendo en cuenta que normalmente no llega la totalidad de los encargos previstos, poniendo en riesgo la capacidad de la entidad para poder llevar a cabo su actividad y compromisos con la ley de lucha contra la morosidad, así como el que a menor ingreso, Geursa podría incurrir en pérdidas en el ejercicio».
De acuerdo a los datos aprobados en el consejo de administración, se espera que la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística ingrese 2,96 millones de euros por las labores de dirección de distintas obras; otros 3,96 millones de euros por la redacción de proyectos; y 2 millones de euros más en otros trabajos.
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Esto hace un total de 8,92 millones de euros en la cifra de negocios prevista para 2026 frente a los 10,62 millones de 2025.
En estos momentos, Urbanismo y el Instituto Municipal de Deportes son las dos principales fuentes de ingresos de Geursa, tras la retirada de Ciudad de Mar y de Guaguas Municipales.
El TSJC impone celebrar el pleno extraordinario sobre el caso Valka
El PP dio a conocer este martes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que confirma íntegramente la victoria lograda en primera instancia y concluye que el gobierno municipal (PSOE, Podemos y NC) vulneró su derecho fundamental de participación política -consagrado por el artículo 23 de la Constitución- al impedir el debate en un pleno extraordinario solicitado para abordar el caso Valka, ordenando además la inclusión de los nueve puntos vetados y la celebración del pleno con ese orden del día específico.
La resolución desestima el recurso de apelación del Ayuntamiento, confirma la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de febrero de 2025 e impone las costas al Ayuntamiento.
«Resulta especialmente paradójico que, justo el lunes, la alcaldesa participara en Madrid en unas jornadas donde destacó el papel de las ciudades en la defensa de la democracia y del Estado del Bienestar y, sin embargo, como presidenta del pleno, vulnerara los derechos fundamentales del Partido Popular al impedir el debate político y el control democrático que corresponden al máximo órgano de representación de la ciudad», detallan los populares.
Conviene recordar, además, las palabras que la alcaldesa, Carolina Darias, pronunció en el pleno cuando se rechazó el debate de esta sesión extraordinaria: «En un varapalo jurídico por su desconocimiento brutal», espetó a la portavoz popular, Jimena Delgado en referencia al informe de la Secretaria General. Frente a esas afirmaciones, el TSJC considera que se vulneraron los derechos fundamentales del PP al cercenar el control político del pleno, desmonta las excusas empleadas para impedir el debate y obliga a celebrar la sesión extraordinaria con todos los puntos planteados.
«El TSJC es cristalino. La Alcaldía no podía dificultar, como así ocurrió, el control político del Pleno ni excluir del orden del día los asuntos propuestos por el principal grupo de la oposición para depurar responsabilidades políticas por el Caso Valka», afirmó la portavoz del PP, Jimena Delgado, quien subrayó que el tribunal reafirma que corresponde al Pleno fiscalizar a la Alcaldía y a la Junta de Gobierno y que impedir ese debate vacía de contenido sus funciones y lesiona el derecho fundamental de los concejales a participar en los asuntos municipales.
La sentencia desmonta, además, los argumentos esgrimidos por el gobierno. La excusa del «secreto de sumario» era improcedente porque dicho secreto ya se había levantado antes del informe municipal que se usó para denegar la convocatoria, de modo que no existía obstáculo legal para debatir públicamente el Caso Valka en el Pleno. Incluso los puntos que instan a Geuursa son plenamente encajables, máxime cuando la Junta General de la sociedad la constituye el propio Pleno municipal.
En la misma línea, el Tribunal recuerda que la revisión de oficio -reclamada en varios de los puntos- es competencia del Pleno y que el Ayuntamiento dispone de medios para identificar los expedientes o contratos afectados, por lo que no puede emplear la falta de concreción como coartada para impedir un debate solicitado conforme a derecho.
«Primero perdieron en el Juzgado, luego apelaron y ahora el TSJC les corrige con firmeza y les obliga a hacer exactamente lo que no querían: celebrar el Pleno extraordinario del caso Valka con los nueve puntos que vetaron», añadió Delgado, quien exigió a la alcaldesa que acate sin dilación el fallo y convoque la sesión extraordinaria en los términos indicados por la Justicia.
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