El cese en la Asesoría Jurídica, por la «mejora del clima laboral»

La falta de personal que desató una guerra entre Recursos Humanos y la Asesoría Jurídica en el seno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el mandato pasado ha terminado ahora, con la llegada de Carolina Darias a la alcaldía, con el cese salomónico de sus dos responsables, Mercedes Cejudo y Felicitas Benítez.

La primera decisión se justificó por la supresión de la dirección general de Administración Pública en la organización administrativa municipal, según consta en el acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la Ciudad del pasado 29 de junio.

La segunda se produjo casi un mes más tarde. «El fundamento de la decisión se basa en que con el inicio del nuevo mandato en el ayuntamiento, se hace necesario dar un nuevo impulso al órgano directivo de la asesoría jurídica, a fin de enfrentar los problemas organizativos que ha venido padeciendo referidos a la insuficiencia de recursos humanos y cargas de trabajo, así como la mejora de los aspectos relativos al método, la planificación del trabajo y la mejora del clima laboral», expone el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, en un escrito en el que solicita la tramitación del cese de la directora general de la Asesoría Jurídica.

Debajo de esta formalidad entreluce el malestar que produjo en el nuevo equipo de gobierno el enfrentamiento que protagonizaron Recursos Humanos y la Asesoría Jurídica mediante una sucesión de escritos que se produjo a fines de 2022 a cuentas de las carencias de personal en el cuerpo municipal de letrados.

En aquel choque, Personal denunció el clima laboral «insostenible», que estaba provocando un elevado número de bajas y la sobrecarga del resto de trabajadores; la directora de la Asesoría Jurídica, por su parte, rechazaba estas acusaciones y atribuía el colapso del servicio a la falta de personal y a la antigüedad de los sistemas de trabajo.

La situación llegó a tal punto que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el mandato anterior, llegó a contratar un servicio de mediación para tratar de poner paz a este conflicto laboral, lo que costó 4.930 euros de dinero público.

En este contexto, los abogados del Consistorio capitalino denunciaron su situación «precaria y lamentable». Fue en octubre. Ahora se conoce un informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas que inicia «el correspondiente procedimiento administrativo sancionador al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por infracción en material laboral», que se considera grave en virtud del artículo 7.5 del Real Decreto Legislativo 5/2000 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

En concreto, se hace mención a «la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores».

Y ello porque se detecta un «riesgo psicosocial muy elevado en relación con la carga de trabajo del personal de Asesoría Jurídica». El 16 de mayo de 2023, el jefe accidental de Recursos Humanos de la corporación municipal manifestó ante la Inspección de trabajo que «existe una situación de excesiva carga de trabajo en el departamento de Asesoría Jurídica, lo que ha llevado a diversas bajas de sus compañeros debido al estrés por no cumplir con los plazos requeridos por jueces y tribunales».

La Inspección de Trabajo hace mención a otro informe de Administración Pública que detalla que «en la medida de lo posible, y dado que existe un déficit de personal muy alto, se palía de tal manera que la directora general de la Asesoría Jurídica (ahora cesada) asume la mayor carga de trabajo, asumiendo la carga de trabajo de los letrados que están de baja, por ejemplo, actualmente, asume su trabajo y el de los letrados que están de baja, con un coste personal muy alto».

La situación no ha mejorado por ahora. Fuentes consultadas por este periódico indicaron que ahora mismo solo hay dos letrados operativos -el nuevo director general provisional de la Asesoría Jurídica y otra abogada-, mientras que otros cuatro están de baja y un quinto se encuentra en excedencia. A ello se suman tres puestos de letrado que están vacantes y otro más reservado para un licenciado en Derecho que tampoco ha sido ocupado.

El Ayuntamiento ha aprobado las bases para la elección de una persona que dirija la Asesoría Jurídica, mediante publicidad y libre concurrencia,

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