Casa Fataga: «Es un malentendido que ya estamos solucionando»
Los actuales responsables de la concesión del emblemático bodegón de Santa Catalina aseguran que están invirtiendo en resolver las deficiencias subrayadas por el Ayuntamiento
Los actuales responsables de local de restauración en la Casa Fataga de Santa Catalina, a los que en un decreto de esta misma semana el Ayuntamiento de Las Palmas les exige la paralización de la actividad hasta subsanar una serie de deficiencias, aseguran que es un «malentendido» y que han realizado la inversión necesaria para ajustarse a los requerimientos.
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Así lo asegura su actual gestor, Sergio Verge, que además asegura no haber recibido todavía la notificación municipal. «Nosotros solo llevamos seis meses con la concesión, apostamos por recuperar el espacio, que llevaba tiempo abandonado y que había sido tomado por okupas», señala.
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Casa Fataga se cierra por ser un peligro
El actual gestor de Casa Fataga advierte de que lo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria demanda es la paralización de la actividad hasta subsanar los errores que se destacan en los distintos informes de los técnicos municipales y de agentes de la Policía local. «Hemos invertido mucho dinero en arreglar la situación. Tenemos un sonómetro en el local y hemos hecho pruebas de sonido desde los hoteles de la zona para comprobar que nuestra música no molesta», indica.
Salidas de emergencia
La controversia principal que se destaca en el informe tiene que ver con la ausencia de puertas de emergencia en el local, convirtiendo el inmueble en un peligro para su clientela. Según apunta Verge esa situación no casa con la realidad. «Se trata de una única puerta que está cubierta con un biombo. Además, entendemos que según la Ley de Espectáculos no se dan las medidas que se exigen», comenta.
Verge asevera que la última inspección a la que fue sometido el local fue el pasado mes de julio y que se han realizado, para tranquilidad de su clientela, las modificaciones que se le exigen.
Este periódico informa este miércoles de una resolución el pasado lunes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la que se les indicaban que debían proceder a «la paralización de la actividad, debiendo permanecer en ese estado hasta que se acredite mediante certificado firmado por técnico competente que las puertas de acceso y desalojo del local son practicables tanto para la entrada como sobre todo, para la salida en caso de emergencia, con advertencia de clausura y precinto del establecimiento en caso de incumplimiento».
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