Captaban a menores migrantes de centros de Gran Canaria para traficar con drogas

Este procedimiento está siendo tramitado por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana, que ordenó, entre otras diligencias, la entrada y registro en los domicilios del investigado Said A., en el Centro Comercial Eurocenter y una vivienda en los apartamentos Los Molinos, propiedad de Yahya Z. También se realizó el clonado de los dispositivos digitales que se encontraron en ambas viviendas.

Esta entrada y registro se llevó a cabo el pasado mes de julio después de que el Grupo de Información de la Policía Judicial entendiera que los investigados estaban cometiendo un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal, inducción de menores al abandono de domicilio y falsedad documental.

Tras las diligencias practicadas y las intervenciones telefónicas que realizaron a los miembros de la presunta banda criminal, los agentes contaban con indicios suficientes para entender que los investigados, además de favorecer la inmigración irregular, también estaban cometiendo un posible delito de tráfico de drogas.

Así, Said A. sería quien presuntamente se encargaría de facilitar su número de teléfono en los centros de menores no acompañados para que los extranjeros que allí estaban acogidos se pusieran en contacto con él. A cambio, el investigado les facilitaba el hospedaje de dichos menores en su domicilio, que estaba frecuentado habitualmente por Alicia María M.S.

Esta mujer, presuntamente, también se habría encargado de colaborar en los hechos delictivos investigados comprando los billetes para que los inmigrantes irregulares pudieran viajar, así como realizando la documentación falsa a tal efecto.

La Policía Judicial entiende que también colaboraba con ellos Yahya Z., quien supuestamente utilizó su domicilio para alojar o esconder a los menores antes de llevarlos al aeropuerto. También realizaba labores de traslado al recinto de Gando para que intentaran viajar con una identidad falsa. Para conseguir la documentación falsa, la banda contaba con la participación de Adil A. y Amed D. De dicha organización también formaba parte, determinan los agentes, Said O., que colaboraba con Said A. en la captación de los menores en los centros de la isla de Gran Canaria.

Según la Policía Nacional, aparte de estas presuntas actividades delictivas en las que usaban a menores, los investigados alojaban a numerosos migrantes en inmuebles ubicados en la isla que se encontraban bajo circunstancias no aptas para ser habitados y que no tenían las mínimas condiciones de salubridad ni higiene.

El entramado obtuvo unos beneficios que ascendieron a más de 250.000 euros en total y, según los investigadores, los implicados también recibían información de otras organizaciones criminales que se dedicaban al tráfico de personas acerca de las salidas de embarcaciones desde Marruecos.

La organización se dividía en dos ramas diferenciadas, una asentada en Marruecos y la segunda en España y sus integrantes se encargaban de la recepción de los migrantes que venían en embarcaciones desde Marruecos y arribaban en Gran Canaria, gestionaban la manutención y su traslado a la península.

Los implicados se distribuían las diferentes funciones de piloto de embarcación, intermediario o responsable del cobro de dinero.

Los miembros asentados en España gestionaban los trámites necesarios para adquirir las tarjetas de embarque y salir de la isla y además se encargaban de recibir los pagos para los traslados y de controlar los inmuebles donde alojaban a los migrantes.

La red recibía información de organizaciones criminales que se dedicaban al tráfico de personas y éstas les indicaban cuándo partían las embarcaciones desde Marruecos con destino a España y los datos de las personas que habían pagado por adelantado el alojamiento en España.

Una vez llegaban a Gran Canaria los trasladaban a la Península u a otro país europeo dependiendo de la cantidad de dinero que aportaran y para ello al parecer utilizaban inscripciones de nacimiento y certificados de empadronamiento falsificados para regularizarlos.

Los integrantes de la trama criminal establecida en España cobraban a cada migrante entre 250 y 400 euros, lo que dependía del lugar y trayecto de traslado e incluía su alojamiento y manutención además del viaje a la península pero si el tráfico migratorio se debía hacer por vía aérea aéreo la cifra podía aumentar hasta los 4.000 euros.

A los detenidos, que fueron localizados en Arucas y Las Palmas de Gran Canaria, se les atribuye la presunta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal, inducción de menores al abandono de domicilio y falsedad documental.