Las cancelaciones del Cabaret Festival generan pérdidas por valor de un millón a la promotora
La organización asegura que reclamará los daños causados por el Ayuntamiento con su denegación de autorización
Cada día que no se pudo celebrar el Cabaret Festival en el parque de Santa Catalina, la empresa organizadora de los conciertos perdía unos 200.000 euros. La denegación de la autorización por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria generó, por tanto, unas pérdidas cercanas al millón de euros, según detalló el director de producción del evento, José Reyes. «Eso sin contar el daño a la marca», añadió.
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El grupo Concert Tour reclamará las pérdidas al Consistorio capitalino después de que por fin, tras cuatro días de suspensión, este martes se diera autorización al evento organizado en Santa Catalina.
Los promotores de los conciertos consideran que han sufrido «un atropello» por parte del Consistorio capitalino
El Ayuntamiento denegó el permiso el viernes pasado, horas antes de que el primero de los artistas, Goyo Jiménez, saltara a escena y con el público ya congregado en el parque. Para ello se basaba en dos informes policiales que determinaban que no se podía garantizar la seguridad en el exterior del recinto, en el marco de la pandemia actual. Además se apuntaba que la promotora no había cumplido los plazos establecidos.
Reyes niega este extremo y asegura que toda la documentación se presentó entre el 7 y el 9 de junio. Y que el lunes antes de la celebración del evento, el Ayuntamiento le requirió un nuevo documento de seguridad que fue presentado al día siguiente.
«Ha sido un atropello por parte del Ayuntamiento», explicó el director de producción, «nos dijeron que no tenían policías locales para cubrir el festival».
Esto deriva de la negativa de muchos agentes a realizar horas extra. En los comandos 108 y 109 de la Policía Local, la jefatura pidió refuerzos, en concreto, un mando y siete policías, pero no se cubrió el dispositivo. Y además, no se pudo exigir las tres jornadas de libre disponibilidad que los agentes deben cumplir porque estas horas obligatorias no pueden prolongarse más allá de las 22.00 horas.
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La solución adoptada para controlar las previsibles aglomeraciones en el exterior del recinto de conciertos consistió simplemente en la instalación de 150 vallas adicionales.
Concierto seguro
«El problema ha sido siempre el exterior», indicó Reyes, «nosotros redujimos de 1.500 a 880 el aforo por salud pública y contratamos a la mejor empresa para luchar contra la Covid-19». Así, detalló que se utiliza ozono y otros productos de desinfección, y además se colocaron 21 hidrogeles para sectores de 30 personas.
«Llevo treinta años en este negocio y jamás me he enfrentado a una situación así», añadió. Y eso que el Ayuntamiento es colaborador del acto y que los conciertos se celebran en el parque de Santa Catalina por decisión del propio Consistorio capitalino.
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Por su parte, la portavoz del PP, Pepa Luzardo, aseguró que «si el alcalde, Augusto Hidalgo, o uno de los concejales del ejército de Pancho Villa en el que se ha convertido su gobierno instó a la productora a que este festival se celebrara en el parque, el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de propiciar su celebración».
Para Lidia Cáceres (C's), el daño causado a la ciudad «es irreparable» y lamenta que no se hubiera actuado antes. «Esto es un cachondeo», sentenció.
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