La Asociación Pro Derechos Humanos aplaude que Anticorrupción quiera juzgar al clan Kokorev

La Apdhe sigue con la causa por el blanqueo de capitales -que fue cifrado en 109 millones de euros- y tráfico de armas en Guinea Ecuatorial

El ciudadano de origen ruso y residente en la capital grancanaria, Vladimir Kokorev. / ARCADIO SUÁREZ
El ciudadano de origen ruso y residente en la capital grancanaria, Vladimir Kokorev. / ARCADIO SUÁREZ
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe) ha recibido «con suma satisfacción» la decisión de la Delegación de Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en la que pide al Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria juzgar por delitos de blanqueo de capitales a Vladimir Kokorev, Julia Meleeva, Igor Kokorev, Margarita Arencibia, María Luisa Arencibia y Juan José Arencibia. El fiscal Javier Ródenas cifró en su informe en 109 millones el dinero supuestamente blanqueado por el clan ruso.

El caso Kokorev aglutina la mayor causa por blanqueo de capitales iniciada en toda Canarias y, tras el informe emitido por la Fiscalía Anticorrupción y que fue ratificado en su momento por la acusación popular, las partes siguen pendientes de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria dicte el auto de procedimiento abreviado después de una instrucción que se ha dilatado en el tiempo durante doce años.

Como informó CANARIAS7 el pasado domingo, Anticorrupción concluye que los investigados, presuntamente, constituyeron, gestionaron, ejecutaron y aceptaron la utilización de un conjunto de sociedades instrumentales sin actividad comercial real. Asimismo, estas personas jurídicas no contaban ni con empleados, ni capacidad de producir recursos económicos. Todo este entramado societario se efectuó con el propósito de canalizar de forma segura las millonarias ganancias por actividades ilícitas con origen en la presunta celebración de contratos clandestinos de compraventa de bienes militares; acuerdos ejecutados de manera corrupta con funcionarios del alto estamento militar de la República de Guinea Ecuatorial, como también sostiene la Apdhe que está personado en este procedimiento.

El caso, pendiente de que el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital dicte el auto de procedimiento abreviado

Anticorrupción, según sostiene la Apdhe, inició las investigaciones contra la familia Kokorev y sus colaboradores en España en 2004 tras la denuncia presentada por la Apdhe contra el dictador ecuatoguineano, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y varios de sus ministros y familiares más próximos. Según esta asociación, la familia Kokorev «utilizó presuntamente sociedades pantallas para distribuir en España más de 26 millones de euros de la entonces cuenta de petróleo de Guinea Ecuatorial», abierta en el extinguido Riggs Bank, una cuantía «que fue transferida a la cuenta abierta por la entidad Kalunga Company SA en una sucursal del Banco Santander Central Hispano» situada en Palmas de Gran Canaria. Este operativo permitió –supuestamente– al entorno de Teodoro Obiang la adquisición de «múltiples inmuebles en España utilizando instrumentos como distintas transferencias, negocios entre empresas inexistentes o formalizando contratos de compraventa de bienes entre ellas; malversando, de esta forma, los caudales públicos de Guinea Ecuatorial en detrimento de su población empobrecida», según esta parte.

Tras la investigación de las autoridades judiciales españolas, que dio comienzo tras la querella de la Apdhe en 2008 por presuntos delitos de blanqueo de capitales, la ampliaron por el delito de tráfico de armas.

Ante este nuevo giro de los acontecimientos en el denominado Caso Kokorev, la Apdhe ha trasladado que aún continúan « con la acción dirigida contra altos cargos y colaboradores del gobierno de Guinea Ecuatorial para tratar de lograr, entre otros fines, la devolución de los bienes robados al pueblo ecuatoguineano».

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La Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe) ha recibido «con suma satisfacción» la decisión de la Delegación de Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en la que pide al Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria juzgar por delitos de blanqueo de capitales a Vladimir Kokorev, Julia Meleeva, Igor Kokorev, Margarita Arencibia, María Luisa Arencibia y Juan José Arencibia. El fiscal Javier Ródenas cifró en su informe en 109 millones el dinero supuestamente blanqueado por el clan ruso.

El caso Kokorev aglutina la mayor causa por blanqueo de capitales iniciada en toda Canarias y, tras el informe emitido por la Fiscalía Anticorrupción y que fue ratificado en su momento por la acusación popular, las partes siguen pendientes de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria dicte el auto de procedimiento abreviado después de una instrucción que se ha dilatado en el tiempo durante doce años.

Como informó CANARIAS7 el pasado domingo, Anticorrupción concluye que los investigados, presuntamente, constituyeron, gestionaron, ejecutaron y aceptaron la utilización de un conjunto de sociedades instrumentales sin actividad comercial real. Asimismo, estas personas jurídicas no contaban ni con empleados, ni capacidad de producir recursos económicos. Todo este entramado societario se efectuó con el propósito de canalizar de forma segura las millonarias ganancias por actividades ilícitas con origen en la presunta celebración de contratos clandestinos de compraventa de bienes militares; acuerdos ejecutados de manera corrupta con funcionarios del alto estamento militar de la República de Guinea Ecuatorial, como también sostiene la Apdhe que está personado en este procedimiento.

El caso, pendiente de que el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital dicte el auto de procedimiento abreviado

Anticorrupción, según sostiene la Apdhe, inició las investigaciones contra la familia Kokorev y sus colaboradores en España en 2004 tras la denuncia presentada por la Apdhe contra el dictador ecuatoguineano, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y varios de sus ministros y familiares más próximos. Según esta asociación, la familia Kokorev «utilizó presuntamente sociedades pantallas para distribuir en España más de 26 millones de euros de la entonces cuenta de petróleo de Guinea Ecuatorial», abierta en el extinguido Riggs Bank, una cuantía «que fue transferida a la cuenta abierta por la entidad Kalunga Company SA en una sucursal del Banco Santander Central Hispano» situada en Palmas de Gran Canaria. Este operativo permitió –supuestamente– al entorno de Teodoro Obiang la adquisición de «múltiples inmuebles en España utilizando instrumentos como distintas transferencias, negocios entre empresas inexistentes o formalizando contratos de compraventa de bienes entre ellas; malversando, de esta forma, los caudales públicos de Guinea Ecuatorial en detrimento de su población empobrecida», según esta parte.

Tras la investigación de las autoridades judiciales españolas, que dio comienzo tras la querella de la Apdhe en 2008 por presuntos delitos de blanqueo de capitales, la ampliaron por el delito de tráfico de armas.

Ante este nuevo giro de los acontecimientos en el denominado Caso Kokorev, la Apdhe ha trasladado que aún continúan « con la acción dirigida contra altos cargos y colaboradores del gobierno de Guinea Ecuatorial para tratar de lograr, entre otros fines, la devolución de los bienes robados al pueblo ecuatoguineano».

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