Los palmerales centenarios de Fuerteventura, otra vez sin financiación del Gobierno para luchar contra las plagas
Medio ambiente ·
La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias financió en Lanzarote un plan de erradicación de la Diocalandra frumenti con cuatro millones de euros en 2025 que nunca llegó a las palmeras de Fuerteventura. El PSOE denuncia que, en el presupuesto autonómico de 2026, tampoco se destina ni un solo euro al control de plagas en la isla
El PSOE de Fuerteventura avisa que en los presupuestos autonómicos para 2026 elaborados por el pacto CC-PP, no refleja ninguna partida específica para la lucha contra el escarabajo Diocalandra frumenti en Fuerteventura. La presencia de este insecto, letal para las palmeras, se ha constatado en la isla y «la posible inacción del Gobierno de Canarias (que sí actuó en Lanzarote) dejaría a los palmerales majoreros a su suerte».
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José Cabrera, secretario de política municipal, sector primario, alimentación y soberanía alimentaria del PSOE de Fuerteventura, avisa de que el problema de no actuar contra el escarabajo Diocalandra frumenti antes de que se constituya en plaga en Fuerteventura, tiene tres vertientes: la medioambiental, la identitaria para los majoreros y majoreras y la afección a la imagen exterior del destino.
Los palmerales de Lanzarote recibieron este año 2025 cuatro millones de euros del Gobierno de Canarias para su control y erradicación. Sin embargo, Fuerteventura no ha obtenido recursos autonómicos para luchar contra este insecto destructivo para los palmerales este años, ni aparecen reflejados en el proyecto de las cuentas autonómicas de 2026. En consecuencia, los palmerales de Fuerteventura quedarían expuestos y sin protección otro año más.
El pasado mes de marzo de 2025, el Cabildo de Fuerteventura analizó,mediante su programa 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' para certificar, con datos científicos, el estado de salud de los palmerales que forman parte del Parque Rural de Betancuria (Madre del Agua, Pájara, Buen Paso y Ajuy), todos ellos incluidos en la Zona Especial de Conservación (ZEC) y en la Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA).
El resultado fue concluyente: existía presencia de Diocalandra frumentis y en aquel momento todavía era controlable. Sin embargo, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias miró para otro lado y financió un Plan de Control y Erradicación para Lanzarote, con 4 millones de euros, e ignoró el problema de Fuerteventura.
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