Blas Acosta se enfrenta a una condena de cuatro años de prisión e inhabilitación que pide el fiscal

Cuatro años y tres meses de prisión y de inhabilitación para cargo público solicita la Fiscalía para el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, por presuntos delitos de administración desleal (un año y nueve meses de prisión) y de insolvencia punible ( dos años y seis meses de cárcel) en Gesturpa, la empresa pública de Gestión Urbanística de Pájara, entidad de la que fue administrador único durante su etapa de concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento del sur. Diario de Fuerteventura publica en exclusiva el escrito del fiscal que pide la apertura del juicio oral y quien enumera varias irregularidades que datan de 2012, de tal manera que en 2015, cuando finalmente Blas Acosta cesó al frente de Gesturpa, dejó una deuda de casi dos millones.

En el llamado caso Gesturpa, que partió de una denuncia de Margarita Martín (exconcejala socialista del Ayuntamiento de Tuineje), la Fiscalía apunta que el entonces concejal Blas Acosta llevó a cabo una serie de «conductas ilícitas», a pesar de que sabía que la empresa municipal «incurría en causa legal de disolución» y «se encontraba en una situación de inminente insolvencia», según cita Diario de Fuerteventura. En concreto, destaca la Fiscalía, «formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales» de la empresa, propiedad al cien por cien del Ayuntamiento de Pájara, «aún sabiendo que las mismas contenían constantes y graves irregularidades contables».

Esas irregularidades abarcaban, según el escrito de acusación, «la valoración de existencias, reservas, impuestos diferidos y la contabilización de deudas y gastos». El Ministerio Fiscal subraya que esas deficiencias impedían «sistemáticamente» que las cuentas «reflejasen la imagen fiel» de la empresa pública.

El fiscal Tomás Fernández de Páiz, especializado en delitos económicos, detalla que el 27 de marzo de 2012, la empresa administrada por Blas Acosta concertó un préstamos con el Ayuntamiento de Pájara por más de 1,7 millones de euros, «con conocimiento de que nunca la entidad podría devolverlo dada su evidente falta de viabilidad económica». Ese préstamo, agrega el fiscal, se concedió para el pago de deudas que no figuraban en la contabilidad de Gesturpa.

Otro de los presuntos hechos delictivos que la Fiscalía atribuye al hoy presidente majorero consiste en el abono en el año 2012 de 897.270 euros a una empresa, Mahlec Mantenimientos, «por cuenta de un tercero al que luego nunca le reclamó el pago», publica Diario de Fuerteventura.

Por todos movimientos económicos presuntamente delictivos, la empresa pública pasó de contar con 241.181 euros de fondos propios en el año 2011 a arrastrar casi dos millones de euros en negativo cuando Acosta cesó en el cargo, en julio de 2015. Esta situación, subraya el fiscal de delitos económicos, provocó «un evidente y grave perjuicio irreparable» tanto al socio, que era el Ayuntamiento de Pájara, como a los acreedores de la empresa cuyo fin era la construcción de viviendas públicas.

Como trae a colación Diario de Fuerteventura, el pasado mes de septiembre trascendió que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Puerto del Rosario había finalizado la instrucción del caso Gesturpa, donde el único acusado en Acosta. Su defensa impugnó el auto del Juzgado que estableció la culminación de las diligencias previas, que se iniciaron en 2015, y el pase de la causa a la fase de procedimiento abreviado.

Falta saber ahora en qué medida afectará la petición de condena de cárcel e inhabilitación a la moción de censura en ciernes en el Cabildo donde está en minoría desde el 22 de diciembre.