Domínguez actuó por su cuenta y sin dar información al comité, según el Ejecutivo

El Gobierno de Canarias trasladó al juez instructor del caso Mascarillas la información que no ofreció en su momento a petición del fiscal Anticorrupción acerca del funcionamiento y radio de acción del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria de Canarias. En este documento, el jefe del servicio de Asuntos Administrativos, Manuel Alcaide Díaz-Llanos, detalla que el investigado Conrado Domínguez gestionó el contrato fallido de cuatro millones de euros con RR7 United SL de forma individual, sin rendir cuentas con los restantes miembros del comité y que estos desconocían de la existencia de la adjudicación por la vía de emergencia y sus detalles.

En síntesis, que nadie sabía nada de RR7 United SL dentro de este órgano consultivo encabezado por el presidente canario Ángel Víctor Torres, un comité en el que «no había» detallado «un reparto de tareas» concretas dentro de sus miembros, como explicó ahora el Ejecutivo en un documento de fecha 7 de octubre entregado a los agentes adscritos al Grupo II de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial encargado de estas pesquisas.

Este escrito complementa la información facilitada -tras dos requerimientos- por el Gobierno el 14 de septiembre a petición del Ministerio Fiscal y que, según esta parte, fue a todas luces insuficiente porque apenas respondieron a tres de las numerosas cuestiones que planteó para determinar el grado de participación de Conrado Domínguez en la gestación de la presunta estafa de las mascarillas 3M.

Por este motivo, el fiscal interesó la citación del propio Ángel Víctor Torres para que, en calidad de testigo, declarara a fin de contestar a todas las preguntas que quedaron sin respuesta. Esta comparecencia, fijada para el próximo 2 de noviembre, no se celebrará de forma presencial ya que el presidente canario comunicó que se acogerá a su derecho de responder por escrito. Por este motivo, el magistrado instructor emplazó a las partes para que enviaran, en el plazo máximo de cinco días que acaba el viernes 21, las cuestiones que debían de ser aclaradas por el mandatario.

El jefe del servicio de Asuntos Administrativos, Manuel Alcaide Díaz-Llanos detalló en el documento remitido al órgano judicial que las reuniones que celebraba el comité se llevaban a cabo para que sus miembros «aportaran lo mejor de sus conocimientos ante una situación imprevista, inédita y de consecuencias graves» como era la pandemia.

Además, en «función de la evolución de los acontecimientos», añade el texto remitido por el Ejecutivo, «se fueron convocando a distintos miembros, sin que todos ellos participaran en la totalidad» de las reuniones que tuvieron desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021. En este sentido, corrigieron que, a pesar de que en la anterior comunicación incluyeron a Blanca Méndez Sánchez como miembro de este órgano, ella «nunca asistió» ni perteneció al mismo.

Detalla el texto que este comité «no se creó como un órgano colegiado» y, al no tener ese carácter, no existió «nombramientos de miembros, funciones y ámbito competencial». Tampoco se concretó la «capacidad de decisión dentro de las facultades de los miembros», no se contó con la «habilitación legal» por el hecho de serlo, no «existía un reparto de tareas» y tampoco hubo «sometimiento a revisión, autorización previa, votación o cualquier otra forma de visto bueno» en las decisiones que se adoptaban.

Aclaró Manuel Alcaide Díaz-Llanos que las reuniones de este Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria de Canarias no tenía «relación» con el Comité Ejecutivo de Canarias ni tampoco con el Comité Científico de Canarias.

Al «no existir actas» que recogieran lo que se trató en las reuniones, el Ejecutivo detalló en este documento que tuvieron que preguntar a sus miembros «a través de correo electrónico» para poder responder a las preguntas que les formuló el fiscal.

Tras recabar toda la información -que el juzgado pidió por primera vez el 21 de julio-, desde Presidencia se trasladó ahora al juzgado que los miembros del comité «no tuvieron conocimiento» de la adjudicación del contrato a RR7, que «no se les informó» de que Conrado Domínguez solicitó a la investigada Ana María Pérez que suscribiera el mismo, que desconocían o no sabían si «fue una decisión exclusiva o autónoma» del director del SCS, y que «no estaban al corriente» de las negociaciones vía WhatsApp entre los intermediarios de RR7 y el propio Domínguez.

Ahora, tras la presentación de este informe, solo falta que el presidente Torres responda a las preguntas que le formulen el magistrado y las partes.

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