Un presidente bajo sospecha

A nadie le gusta estar bajo el foco de la justicia. Un proceso penal destroza una carrera y la vida misma. Salvo arrogancias excesivas o impunidades mal entendidas, el miedo siempre se apodera de quien es objeto de una investigación, le quita el sueño, lo distrae de sus tareas, tuerce su agenda, exaspera su vida personal y familiar. Ni siquiera la convicción sobre la propia inocencia calma la ansiedad, y si, eres poderoso, tampoco te consuela la impunidad de la que puedes gozar o los poderosos amigos que creas tener. La Justicia es implacable, y el sistema, cuando busca la verdad, no repara en quién presentó la denuncia, ni si es un agricultor de La Laguna, su alcalde o el presidente del Gobierno.

Serán los tribunales los que diriman si en el caso Grúas, donde se investiga la gestión del ahora presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en su etapa como alcalde de La Laguna, hay materia penal para condenar a los implicados. Lo que nadie puede negar es que el asunto empaña notablemente la gestión del presidente, lo coloca en una delicada posición, ahora y de cara al futuro como candidato de CC y colapsa seriamente la legislatura, ya en sí misma compleja.

El trasiego judicial al que la maquinaria somete al presidente del Gobierno es intensa, pero imprescindible para despejar la verdad sobre lo que ocurrió con una concesión administrativa del servicio de grúas de La Laguna a empresarios del sector, alguno de ellos trabajadores de la empresa Autogrúas Poli, que declararon tener relación de amistad con el presidente. Lo conocían, de la práctica del kárate y de Leroy Merlin, la empresa en la que Clavijo trabajaba de encargado de una de sus secciones antes de desembarcar en el Ayuntamiento de La Laguna. Esa concesión y rescate de la empresa se hizo con todos los informes técnicos y legales en contra, tal y como señala el auto de la Audiencia Provincial de Tenerife. Ésta obligó a reabrir el caso, actuación de la que se podrían derivar delitos, entre ellos el de prevaricación y malversación de caudales públicos.

No es bueno para el presidente estar debajo del foco de la justicia, pero mucho menos sano, para él y para los ciudadanos canarios, es no despejar las dudas y las sospechas que el caso ha arrojado en su corta pero intensa carrera política.

La verdad tiene un precio y la sospecha tiene otro. Nos merecemos un presidente libre de sospecha, no enrocado en los pueriles argumentos de que estamos ante un caso político. Tiene derecho a defender su inocencia pero no a hacernos comulgar con ruedas de molino. Lo importante en un caso judicial son los hechos y la verdad sobre los mismos, las pruebas, no el lugar de dónde viene la denuncia, que es siempre de la parte contraria, política, económica o de enemigos reconocidos. La denuncia no es sino una virtud del sistema de contrapesos arbitrados por la democracia. En la justicia no hay casos políticos, salvo que el presidente quiera emular a los independentistas catalanes y sus «presos políticos». Se está ante los tribunales por la sospecha de quebranto de la ley, no porque un partido político denuncie unos hechos. Este derecho, por otro lado, que asiste también a quien políticamente decide tomar ese camino, quizás porque no hay otro para restablecer la legalidad quebrada. No es la primera vez que un partido político o sus miembros van a un juzgado, ni será la última, y no por ello la verdad deja de ser menos verdad, ni la justicia menos justicia.

Tampoco parecen argumentos respetables para el presidente los que esgrime su entorno, lanzando sospechas sobre el presidente de la Audiencia Provincial de Tenerife, Joaquín Astor Landete, por reabrir la causa. Quizás a ATI no le guste este magistrado porque presidió y votó la sentencia que condenó a parte de sus elites, las que mandaron mucho en esa isla y en Canarias y de las que Fernando Clavijo es su neorepresentante.

La rotunda condena del caso de Las Teresitas de mano de la sección primera de la Audiencia Provincial de Tenerife, presidida por el juez que ahora ponen en cuestión los allegados y voceros del presidente, ha dolido mucho, como duele en el chicharrerismo que alguien ose perturbar sus equilibrios y la impunidad en la que suelen moverse.

Por eso duele este asunto, como dolió el caso Corredor, archivado en el justo momento que el candidato de Coalición Canaria más lo necesitaba para presentarse a las elecciones autonómicas de 2015.

Dos casos sobre su gestión en el Ayuntamiento de La Laguna que podrán traspasar o no los límites de la legalidad, pero que reflejan una forma de conducirse en la gestión de lo público bastante arraigada en algunos sectores de CC, especialmente en ATI, la de pasar por encima de quien tiene en las instituciones la autoridad para señalar la legalidad de las actuaciones.

«Dime qué quieres y ya lo arreglamos jurídicamente». Es una frase acuñada por un alto cargo de CC, pero que refleja muchas actuaciones. No tener en cuenta a los interventores, despreciar sus reparos, pasar de los informes jurídicos de los secretarios de las instituciones o usarlos a su antojo. Es lo que ha hecho recientemente el propio presidente del Gobierno encargando un informe jurídico sobre las competencias del presidente del Consejo Rector de la Radio Televisión Pública Canaria, para que Ángel Víctor Torres pudiese presentarse ante su Ejecutiva y cambiar el criterio del partido respecto de Santiago Negrín. Actuaciones que chirrían mucho desde el punto de vista de los procedimientos democráticos, a los que deben estar sujetos los políticos en las instituciones que son de todos, y no propiedad de ATI y de Clavijo.