Toda una vida

Toda una vida. Eso es lo que nos pasamos pagando las hipotecas de nuestras viviendas. En mi caso veinte años que finalizan en el 2019. Y mejor no hacer números al final del proceso, con perdón. No es muy agradable comprobar que hemos pagado al banco más del doble del precio de la casa. Y que ha supuesto, aproximadamente, un tercio del salario durante esas dos décadas. Sin contar las cantidades destinadas a las inevitables reformas y mantenimiento, los seguros y el IBI.

Por supuesto que más amargo aún es el caso de los que perdieron el empleo durante la reciente crisis económica y se vieron desahuciados por no poder hacer frente a las cuotas de la hipoteca. Aunque hay polémica sobre las cifras se estima en más de 150.000 las familias que en España perdieron su vivienda habitual entre 2008 y 2016. A ellas se les suman las que también debieron abandonar los hogares en los que residían por no pagar el recibo de su alquiler.

Hoy son muchas las personas jóvenes que continúan viviendo en la casa de sus padres por que con su situación económica –sean desempleadas o tengan un empleo precario y un bajo salario- no se encuentran en condiciones de adquirir una vivienda. Ni tampoco de abonar lo que cuestan los cada vez más caros alquileres, especialmente en las grandes ciudades.

Hace unas semanas en la cola del embarque de un vuelo Gran Canaria-Barcelona, justo detrás de mí un joven canario explicaba a un amigo su difícil situación en este sentido. Le señalaba que su sueldo apenas superaba los 1.000 euros y destinaba más de 600 al alquiler de un piso que compartía con otra persona. Y no era en el centro de la ciudad. Se planteaba incluso el trasladarse a algún municipio cercano a la capital catalana para reducir algo los costes. «Llevo tres años así», decía, y añadía que era desmoralizante que entre piso y transportes el fruto de su trabajo se quedaba prácticamente en nada. Al final de la conversación deslizaba la posibilidad de regresar a las islas, «al menos puedo quedarme algún tiempo en casa de mis padres y ahorrar un poco».

Digna y adecuada. En numerosas ciudades europeas el nivel de especulación con la vivienda es impresentable, entre ellos, pero no solo, la capital del Reino Unido, una de las más caras en este ámbito; también en el del transporte, por cierto. Pueden encontrarse ofertas de habitaciones en garajes, sin iluminación ni ventilación alguna, en los huecos de una escalera o en una terraza. Y no precisamente a precios de saldo.

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos». No es el Manifiesto Comunista, sino el artículo 47 de la Constitución Española del 78, que tiene contenidos, en esta y otras materias, muy interesantes. Otra cosa es que luego se cumpla con sus preceptos, claro.

Y el de la vivienda sigue siendo una de las asignaturas pendientes. En España y en la Canarias con elevado desempleo, extendida pobreza y salarios muy bajos. Y el panorama lejos de mejorar, empeora. Especialmente con la extensión del alquiler vacacional que impacta negativamente en el sector. Incrementando los precios de los alquileres de los residentes y expulsando a la población local de los barrios en que se va extendiendo. El fenómeno, muy presente en Barcelona, Madrid o Baleares, comienza ya a hacer estragos también en nuestro archipiélago.

Informe. Un informe publicado estos días señala que el precio de la vivienda comienza a repuntar en España. Respecto a Canarias, después de estar a la cola en tantas cosas, en una no nos colocamos en el podio de los campeones pero casi. Y no es, que quieren que les diga, para estar muy contentos: Canarias es la cuarta comunidad del Estado en la que más han crecido los precios medios de la vivienda entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017, solo por detrás de Cataluña, Baleares y Madrid.

Se trata de un estudio realizado por la Sociedad de Tasación, dado a conocer esta semana, que sitúa el precio medio del metro cuadrado de vivienda en España en 1.532 euros a finales de 2017, un 4,3% más que un año antes. Las mayores subidas en ese período se producen en Cataluña (8,7%), Baleares (7,5%) y Madrid (6,9%). En el cuarto lugar aparece la Comunidad Canaria, con un 3% de incremento, por delante de Comunidad de Valencia (2,2%) y Andalucía (2,1%).

Las comunidades donde es más caro el metro cuadrado de vivienda son, por este orden, Madrid (2.259 euros), Cataluña (2.149) y País Vasco (2.106). Canarias está muy por debajo, con una media de 1.285 euros m2, pero también nuestra estructura salarial es muy inferior a la media estatal y al conjunto de las comunidades; y a esas tres en concreto.

Eso se confirma cuando se analiza el denominado índice de esfuerzo inmobiliario, es decir, los años de sueldo íntegro que tenemos que dedicar para adquirir una vivienda. Una lista que encabezan, para pesar de sus ciudadanos y ciudadanas, Baleares (14,7 años), por delante de Cataluña (8,4), Madrid (8,1) y Cantabria (7,5). Canarias está en quinto lugar, con 7,4 años, empatada con Galicia y País Vasco. Resulta menos generoso el esfuerzo en La Rioja (4,9 años), Murcia (5,1), Castilla La Mancha y Aragón (5,3) o Extremadura (5,4).

Las administraciones públicas no pueden permanecer pasivas ante la actual y lamentable situación. En nuestro caso el Gobierno de Canarias, que tiene competencias exclusivas en la materia. Deben cumplir el mandato constitucional mediante promociones públicas de vivienda, ya sea en régimen de compra o de alquiler, para dar respuesta a las decenas de miles de familias que en Canarias no tienen condiciones económicas para adquirir una casa en el mercado libre. Para las que disponer de un hogar propio es casi una utopía. Toda una vida.

«Un informe publicado estos días señala que

el precio de la vivienda comienza a repuntar

en España»

«Las administraciones públicas no pueden permanecer pasivas ante la actual y lamentable situación. En nuestro caso el Gobierno de Canarias, que tiene competencias exclusivas en la materia. Deben cumplir el mandato constitucional mediante promociones públicas de vivienda».