Tanto tiempo sin un gobierno estable exige ahora un periodo de adaptación. Se había olvidado la gente de la importancia de la Justicia, hasta que llegó la fiscal general y eso que todavía no ha tomado posesión. En cuanto aplique los primeros volantazos crecerá el rebumbio, porque los cambios de dirección suelen traer reacciones inestables. Será la hora de hacer justicia universal, ya verán lo rápido que se resuelven los pleitos. En la inmediatez está buena parte de la función reparadora de las leyes, lo van a saber hasta en Cataluña.
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Creía también el público que las pensiones eran asunto inaplazable, prioridad sobre otras causas. La veteranía de la generación de los 60 reunió inquietudes en las calles, las promesas parecían alas capaces de aliviar cargas a los mayores. La inyeccción de seis euros mensuales tiene efecto relajante sobre esos músculos al menos en este primer semestre. Así el progreso gobernante podrá ordenar con clama sus desafíos.
Y por eso, antes que a los mayores, llega la necesidad de atender a los niños. Así se discute si los hijos son propiedad pública o privada, todo un signo de los tiempos. Esa consideración de la infancia como mercancía no es nueva; basta con leer el estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) sobre los nuevos hábitos de ocio juvenil vinculados a las apuestas, para entender que la adolescencia es un negocio con grandes sumas de dinero en juego. Otros defensores de la infancia avisan de la creciente mercantilización del cuerpo de niñas y niños, un caldo calentito donde flotan los salvadores de la patria. La educación sexual de los menores puede medirse cualquier sábado en la puerta de los prostíbulos. Esto no hay familia ni escuela ni gobierno que lo repare, por mucho que griten los majaderos.
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