El horizonte político próximo de Fernando Clavijo es muy complicado. Al caso Grúas, que imputa al presidente del Gobierno en funciones tres delitos relacionados con la corrupción (prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos), se añade el caso Reparos en el que debería entrar en breve la Fiscalía Anticorrupción. Ayer el concejal Santiago Pérez lo solicitó por escrito dada la inacción (alargada y sorprendente) del Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna que lleva año y medio con unas diligencias previas que no se concretan en nada. Tanta es la magnitud de dicha inacción que ni siquiera ha sido citado el interventor del consistorio para corroborar la autoría de los informes.
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En el caso Reparos está todo documentado. No tiene dificultad y es más sencillo que el caso Grúas. Pero también mucho más grave, siendo conservadores estaríamos hablando de un montante de no menos de 70 millones de euros de los que Clavijo como regidor de La Laguna tendría que responder pues se saltó a la torera la legislación de contratación del sector público. En concreto, Clavijo dictó 47 decretos para levantar los reparos que afectaban a las empresas que iban prestando el servicio público. Según se desprende de la documentación manejada en sede judicial, lo que habría ocurrido es que Clavijo siendo alcalde cuando vencía la vigencia del contrato y su prórroga, en vez de abrir un nuevo proceso de adjudicación los volvía a dar a dedo. Se los daba a las empresas sin título jurídico alguno. Una presunta irregularidad mantenida en el tiempo hasta el punto de que ya hay algunas sociedades beneficiándose por más años de los que inicialmente en su día recogía el contrato.
No es normal la pasividad del Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna al que la parte denunciante le ha pedido en varias ocasiones el impulso procesal oportuno sin ser por ahora atendido. Insisto, es un año y medio de diligencias previas abiertas sin materializar en nada que permita darle cuerpo a la instrucción del caso Reparos. Por eso, de entrar en acción la Fiscalía Anticorrupción, que por la enjundia de la problemática debería, subrayo que es más grave incluso que el caso Grúas, se perfilaría el obrar arbitrario de Clavijo desdeñando los procedimientos de contratación que están reglados y, por consiguiente, sujetos a la ley. Y es que los contratos, que son de obligado cumplimiento para las partes, no pueden ir contra la ley. Existen límites. Y Clavijo de manera recurrente prolongó contratos extinguidos y con su plazo de prórroga finalizado una y otra vez con diferentes empresas. El peso del caso Reparos es mayor que el de Grúas y mucho más sencillo en cuanto que está todo documentado y no hace falta testigos como los trabajadores amigos de Clavijo de Autogruás Poli. Si la Fiscalía Anticorrupción se suma, y tendría que hacerlo como lo hizo con el caso Grúas, estaríamos ante un escándalo (otro más) que retrata la podredumbre en la que algunos se manejaron durante años en el consistorio lagunero. Un nuevo frente judicial acorrala a Clavijo.
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