‘No’ a la ‘ley Gallardón’ en dos municipios del PP

Los plenos de los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, gobernados por PP-AV y PP respectivamente, acordaron este viernes por unanimidad apoyar la moción presentada por los socialistas e instar al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar con la reforma de la ley del aborto. Con gestos alegres, de satisfacción y muchas sonrisas acabó ayer el pleno del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Tanto es así que las doce concejalas presentes en el pleno (6 de PP-AV, 3 de NC, 2 del grupo mixto y 1 del PSOE) no dudaron en hacerse una foto de familia, escenificando de manera clara que su postura en defensa de la libertad de las mujeres para decidir respecto al aborto está más allá de ideologías y partidos políticos. El rechazo unánime al anteproyecto de Ley Orgánica por el que se pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo contó en San Bartolomé de Tirajana con los votos favorables de PP-AV, NC, PSOE y grupo mixto. Esto ocurría a las 9.49 minutos. Tres horas más tarde la misma votación unánime se repetía en el pleno del Ayuntamiento de Mogán. El intento del alcalde Francisco González, del PP, de modificar la propuesta «cambiando la coletilla» no prosperó. La portavoz socialista María del Pino González defendió que se aprobara sin cambios. Votaron a favor PP, PSOE, Ciuca y NC. En San Bartolomé de Tirajana el alcalde Marco Aurelio Pérez (PP-AV) votó en silencio. No intervino para nada. Dejó que todo el protagonismo se lo llevara la portavoz del PSOE Conchi Narváez, quien defendió con firmeza y serenidad la moción. «En ningún momento ha existido reclamación de la sociedad española con la actual ley, y lo que hace la ley de Gallardón es prohibir absolutamente y penalizar la interrupción voluntaria del embarazo, lo cual va a crear una enorme inseguridad jurídica y traerá clandestinidad y abortos inseguros», afirmó. Narváez señaló que la aprobación de la ley impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, «creará mujeres de primera, con recursos económicos y que se pueden pagar viajes a países de la Unión Europea con todas las garantías sanitarias, y mujeres de segunda, sin dinero, que acudirán a la práctica del aborto clandestino, como si fueran delincuentes y con grave riesgo para su salud». Idéntica defensa realizó la portavoz de NC, María del Pino Torres. «Esto es un problema serio porque va a condenar a la mujer a la clandestinidad», señaló.

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