«Varapalo» para la oferta turística
La patronal turística lanza un llamamiento al Gobierno de Canarias para que se sume al Cabildo grancanario en la defensa del proyecto de parque acuático de Loro Parque en El Veril, suspendido cautelarmente por la Justicia. FEHT Las Palmas considerada la iniciativa «vital» para el desarrollo turístico.
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El auto judicial que ha suspendido cautelarmente la concesión administrativa del cauce de El Veril a la empresa que quiere construir allí el mayor parque acuático de Europa y un hotel de cuatro estrellas de 220 habitaciones ha sentado como un jarro de agua fría a las organizaciones empresariales: «No solo estamos hablando del empleo inmediato que generarán las obras, sino del valor añadido que supondrá para la oferta turística de la Isla», recalcan los empresarios.
«Es increíble que seamos incapaces de ponernos de acuerdo para que salga adelante una inversión que el Gobierno de Canarias considera estratégica en una zona turística como El Veril que necesita esta oferta porque se ha quedado sin más atractivos que la propia playa», añade el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, Fernando Fraile. A juicio del representante de la patronal, «es en situaciones como esta cuando las instituciones públicas deben demostrar el interés que tienen por el desarrollo turístico de Gran Canaria».
La federación valora en este sentido el «esfuerzo» del Cabildo de Gran Canaria, cuyos servicios jurídicos han dado el visto bueno a la Institución que preside Antonio Morales para personarse ante la Justicia por la suspensión cautelar de los permisos otorgados por el Consejo Insular de Aguas a Loro Parque para la construcción del parque acuático. Se sumará así a la entidad privada presidida por Wolfgang Kiessling, que presentará un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas.
Es la misma idea que defiende el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos, Tom Smulders, que considera que «lo coherente sería que el Gobierno canario estudiara también si puede personarse para defender un proyecto que declaró de interés estratégico, sin minusvalorar los derechos del denunciante».
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