Primeros pasos para abrir el Gobierno
El consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, acaba de poner en circulación su propuesta de lo que debiera ser un gobierno abierto. Este concepto alude básicamente a la obligación de la Administración de ser transparente y accesible a la ciudadanía para que ejerza más control. Giannina Segnini, creadora y editora de la Unidad de Investigación e Inteligencia de Datos del diario La Nación de Costa Rica contó recientemente en la sede de El País como los costaricenses han podido enterarse de cuántos maestros que estaban dando clase habían sido sentenciados penalmente por pedofilia. Y en plena discusión sobre un proyecto de reforma fiscal que impulsaba el Gobierno, también se pudo descubrir que el ministro de Hacienda y su esposa tenían cinco propiedades de las que no pagaban los impuestos correspondientes. Esto, además de ser ejemplo de un periodismo diferente, demuestra la importancia que tiene el reconocimiento del derecho del ciudadano a disponer de información pública. No sólo la transparencia sirve para aumentar el control sobre el funcionamiento de la Administración, sino que posibilita la participación ciudadana.
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Cierre. El comisionado para la información de Escocia entre 2003 a 2012, Kevin Dunion, explica como un grupo de padres y profesores consiguió paralizar el cierre de 60 escuelas rurales acogiéndose a la Freedom Of Information Law, que les permitió acceder a los datos. Con ellos elaboraron un informe alternativo en el que demostraron que los cálculos oficiales eran erróneos y los cierres estaban injustificados. En España acaba de aprobarse la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Un par de meses después, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, entregó a los grupos parlamentarios un borrador para ir trabajando en este asunto. Básicamente, Spínola plantea someter a la futura ley de transparencia al Gobierno y a su sector público. El Parlamento lo regulará en su reglamento, y las corporaciones locales tendrán que asumirla en sus leyes específicas que también maneja el mismo consejero.
Privado. Según el borrador, la transparencia alcanzará al sector privado que contrate productos y servicios con la Administración, o que reciba fondos públicos mediante subvenciones o ayudas a partir de determinadas cantidades. El Gobierno tendrá que informar y mantener actualizados permanentemente los datos sobre su estructura, gasto, personal -retribuciones, indemnizaciones, curriculum y puestos de trabajo, entre otras cosas-, funcionamiento e iniciativas vinculantes -en su inicio, desarrollo y desenlace- como proyectos de ley, decretos, órdenes, o el propio programa de gobierno. Además, de lo que se trata es de volcar la mayor cantidad de datos posible en lo que se llama portal de transparencia, no esperar a recibir la solicitud de información. También es fundamental que esa información sea entendible y accesible tanto para personas con discapacidades como en función de las plataformas tecnológicas. Al mismo tiempo, cuando se deniegue la petición, la Administración autonómica tendrá que decir por qué no la hace pública; en este sentido, solamente la protección de datos y la «legislación básica» del Estado determina los límites de acceso.
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