Porcentaje
Un niño con cáncer no tiene problemas de integración. La enfermedad no le añade barreras a su plena participación en la vida social, y de hecho se desenvuelve en igualdad de oportunidades que el resto de la especie. Algunos funcionarios son tan eficaces, que observan a estos pequeños valientes como si lo suyo fuera una incapacidad transitoria, una manera de escaquearse del colegio durante unos meses. Por eso, no les reconocen ningún grado de discapacidad física, ni social; prefieren esperar a que finalice el tratamiento de choque a ver cómo queda la cosa. Como si fuesen al hospital de vacaciones.
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Cuando las familias de estos pacientes discuten con ellos, estos burócratas se sienten poderosos. Saben que los afectados son pocos, apenas unos 250 casos en toda Canarias, y sus protestas pasajeras y menguantes. Nada temen desde la perspectiva contencioso- administrativa, porque el reloj de la vida acelera más que el de la justicia. El castigo es más cruel. Tampoco entienden la actitud de esos colegas que se atreven a acelerar los trámites, y conceden certificados de discapacidad desde que se diagnostica la dolencia. Unos blandos, que no saben aplicar la ley. Alguno de estos guardianes de la moral ha llegado a insinuar que el Gobierno debería querellarse contra los que cuestionan sus procedimientos. O como alternativa, que se le conceda la medalla al mérito burocrático. En señal de desagravio.
Claro que esto no es asunto de alta política; no necesita urgente adaptación al suelo, ni altera los pactos de gobierno, ni condiciona las gráficas de la economía. Los clientes de la oncología infantil pretenden una minucia; que se les reconozca un grado del 33% de discapacidad, cuando los porcentajes están bajo sospecha desde que Urdangarin llegó a Mallorca. A fin de cuentas, cada uno carga sus cruces, y la salud es una cuestión muy personal. Hay que defender lo público de los especuladores, deben saberlo los débiles.
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