Me gusta la bandera

El delegado del Gobierno en Canarias debería saber que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado nunca reciben “sugerencias”, sino órdenes, y que las indicaciones y los deseos expresados a media lengua, se entienden como requerimientos que hay que satisfacer. Disculparse ante la opinión pública con un lacónico “fue una sugerencia” retirar del Estadio Insular de Gran Canaria la bandera tricolor no satisface a nadie, sobre todo cuando existe una clara intención de ocultar símbolos ampliamente aceptados por los canarios, respaldados por una respetable historia y la acogida afectiva de los que piensan que la identidad es un factor importante para los canarios, un pueblo que ha elaborado y delimitado una cultura propia, una forma de ser, un sentimiento que nos aglutina y que se expresa en un símbolo.

La simbología forma parte de la vida, especialmente de las creencias y sentimientos que comparten los ciudadanos, y el de la canariedad ha encontrado acomodo en las bandas amarillas, celestes, blancas y las siete estrellas verdes de la tricolor tan compartida en las fiestas más populares de Canarias, aunque politizada, en algunas ocasiones, por las organizaciones políticas.

No tiene reconocimiento institucional, aunque en la constitución de la autonomía estuvo a punto de convertirse en la bandera de Canarias. Se optó por un rediseño de la tricolor para recoger mejor el espíritu de diálogo y reconciliación de las distintas fuerzas políticas que pactaron la transición y el modelo autonómico, lo que no impidió que la enseña perdiera popularidad y se convirtiera en uno de los símbolos más aceptados entre los canarios.

Es verdad que la bandera es patrimonio del Partido Nacionalista Canario, y que otros partidos del ámbito del nacionalismo, de derechas y de izquierdas, han adoptado la enseña como símbolo de sus organizaciones. La inmensa mayoría de estos partidos, son de talante nacionalista, pero no independentista, como ha interpretado la Delegación del Gobierno para hacer esa “sugerencia” a la Policía. Es verdad que hay alguna que otra organización, muy minoritaria y sin relevancia política ni social, que la usa como estandarte propio, lo que no puede descalificar, ni criminalizar uno de los pocos símbolos en los que muchos canarios han reconocido su identidad, y que además, ha traspasado los límites de la isla, para convertirse en distintivo de toda Canarias. El isloteñismo propio de la política canaria no ha logrado imponer ni en los propios peñascos, sus señas de identidad. Ahí están las banderas de de Gran Canaria, o la de Tenerife, que poco o nada han logrado calar en el sentimiento de canariones y chicharreros, como lo pudo hacer el pasodoble “Islas Canarias”, la bandera tricolor o la marcha “Me gusta la bandera”.

Mucho menos se trata de un símbolo que incite a la violencia, al racismo, a la xenofobia o la intolerancia, como recoge la ley (19/2002). La motivación legal parece claramente sobrepasada en su interpretación y sólo revela cierto celo policial por la complacencia e interés político, tampoco demasiado intenso, de ocultar símbolos políticamente aceptados por partidos de corte nacional, como el PP, que prefiere el culto a la enseña nacional e identifica con el “independentismo” lo que no es más que, en su origen y en su uso, un símbolo de canariedad que logra aglutinar muchas sensibilidades. A nadie se le esconde que la tricolor con siete estrellas verdes identifica la acritud, el olvido y el agravio de la España que representan muchos de sus defensores, pero esa, precisamente, es también una de las señas de identidad, la que se inspira en la propia construcción de Canarias como pueblo en el seno de España, alejado, dependiente y necesitado de gestos de amparo.

Detrás de la sugerencia de Hernández Bento, delegado del Gobierno en Canarias, sólo se adivina una especie de sospecha ideológica, de temor infundado y el deseo de reprimir la visibilidad y repercusión de este símbolo en eventos que levantan pasiones y llega a millones de personas en los partidos del equipo que juega en la división de honor. No es ni mucho menos un asunto grave, pero el Cabildo de Gran Canaria debería valorar la propuesta del consejero de CC, Fernando Bañolas, y recurrir a los mecanismos necesarios para que la libertad de expresión no se confunda con otras indeseables actitudes que se muestran en los estadios de fútbol.