El acuerdo en el caso Union vició la grabación clave

El auto del juez Alba que anula la grabación que da origen al caso Unión, sobre el supuesto intento de soborno a Carlos Espino, se basa en que todo se preparó un mes antes entre la Guardia Civil y Espino, sin supervisión de un juez. Alba entiende que hay vulneración de derechos fundamentales de los acusados.

El auto del magistrado presidente del tribunal del jurado, en esta pieza que dio origen al caso Unión, anula la grabación realizada el 5 de junio de 2008 por Carlos Espino, del encuentro que mantuvo con el empresario Fernando Becerra, en su despacho de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, dependientes del Cabildo de Lanzarote, por entender que vulneró el derecho a la intimidad del señalado Becerra. El magistrado ordena que se suprima esta grabación por haber sido preparada de forma «subrepticia» entre el propio Espino y la Guardia Civil, sin acudir al juez previamente para pedir una orden judicial, con el añadido de que esa preparación se hizo un mes antes. Según el auto de Salvador Alba, no se debe confundir una investigación judicial abierta, en la que un juez, garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, decide vulnerar el derecho a la intimidad de Fernando Becerra, y quebrar lo que llama el «poder de exclusión y la expectativa razonable de privacidad, sobre la base de unos principios de proporcionalidad y especialidad en aras a la investigación y descubrimiento de hechos supuestamente delictivos, a que un particular auspiciado por las Fuerzas de Seguridad, y siendo un evidente intermediario de las mismas, utilice un medio para realizar una grabación subrepticia que en absoluto estaría autorizado por nuestra Carta Magna ni por la Carta Europea». Según el auto del magistrado, Carlos Espino utilizó una grabadora oculta facultada por la Guardia Civil, lo que es igual a que, precisa Alba, se ocultó en el despacho del señor Espino dicho dispositivo y obtuvo la grabación, sin autorización judicial, ni conocimiento judicial de dicha limitación de derechos fundamentales, y ello sin que existiera una investigación judicial abierta, «pues la misma se abre después de efectuar la grabación, y sobre la base de esta grabación». Además, añade el auto, incluso se puede ir más lejos, ya que cuando se realizó la grabación «subrepticia por el señor Espino», no solo no existía una investigación judicial de supuestos hechos delictivos, sino que ni siquiera existía una investigación policial. El magistrado señala que llama la atención que en el origen de todo el procedimiento se encuentra una comparecencia de Carlos Espino en su propio despacho profesional. Es decir, añade el auto, que no fue Carlos Espino quien acudió a dependencias de la Guardia Civil a denunciar los hechos, sino que fue la propia Guardia Civil la que «por alguna razón», se presentó en el despacho oficial en los Centros Turísticos de Carlos Espino, para que este hiciera una comparecencia en la que relató lo sucedido un mes antes con Fernando Becerra, denunciando su presunto intento de soborno. Es entonces cuando vino a manifestar a los agentes que necesitaba algún dispositivo para grabar una conversación que iba a tener lugar al día siguiente, y es entonces cuando precisamente, y sin más indicios del posible delito que la palabra del propio Espino, se decidió grabarle sin orden de un juez.

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• Salvador Alba