Dura sentencia para Cazorla

El Código Penal permitía imponer a Cazorla una condena más baja, pero el fallo opta por la más elevada que prevé el tipo penal al compartir la impresión del jurado de que los hechos «son muy graves». La magistrada presidente del caso, Pilar Parejo, afirma: «Esta juzgadora (...) está totalmente de acuerdo con las apreciaciones del jurado en cuanto a la gravedad de los hechos y la condición de alcalde del acusado, que hace que su conducta sea más reprochable, si cabe, que si el delito se comete por otro funcionario».

Recuerda el fallo que Hernández Cazorla, nacido en 1955 en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), es y era cuando se cometieron los hechos el alcalde de un municipio eminentemente turístico y con un crecimiento urbanístico my importante. «Es alcalde porque los ciudadanos han depositado su confianza en él para que defienda los intereses de su pueblo», recuerda la magistrada, «y no para que se enriquezca personalmente con su gestión como máximo responsable del Ayuntamiento».

Además, agrega el fallo, de los hechos probados de la sentencia «se desprende que el ambiente que se vivía en torno a las licencias que se concedían en el Ayuntamiento de Antigua era de corruptela (pagando dinero se podían agilizar o solucionar los problemas que existieran con las licencias)», explica, «y si bien es cierto que no se ha probado que el alcalde tuviera relación alguna con las solicitudes de dinero que hicieron los acusados José María Pena Hevia y Emilio Fondevilla, la conducta plenamente acreditada del alcalde y por la cual se le condena, fomenta los comportamientos de personas que, como los otros dos acusados, solicitan dinero a cambio de obtener favores del Ayuntamiento, que lo único que consiguen es desacreditar y desprestigiar en concreto al Ayuntamiento de Antigua, y en general, a todas las instituciones públicas».

EMPRESARIOS ABSUELTOS. De acuerdo con el veredicto que el jurado emitió el pasado miércoles, la magistrada Pilar Parejo absuelve a los promotores inmobilarios José Hernández Navarro, Emilio Fondevila y José María Pena Hevia del delito de cohecho que les venía imputando el fiscal.

No obstante, recuerda la sentencia que el tribunal popular consideró probado que los gallegos Fondevila y Pena Hevia solicitaron dinero a terceros para «arreglar» problemas en la tramitación de licencias -Pena Hevia, 12 millones de pesetas a José María Díaz para acelerar una licencia en Caleta de Fuste; Fondevila, 10 millones a Lucio Martínez para solventar los problemas burocráticos en licencias en Caleta de Fuste y la urbanización anexa al Castillo- .

«Sin embargo», resuelve la magistrada, «el jurado no considera probado que dicho dinero fuera para el alcalde de Antigua, con lo cual no se cumple con el requisito básico del delito de cohecho, que es la condición de autoridad o funcionario público de la persona para la que se solicita la dádiva o promesa», y, por tanto, no se les puede condenar como autores de cohecho.

El acusado que mejor parado sale es el constructor grancanario José Hernández Navarro, de 70 años, uno de los constructores clave de Fuerteventura. «El jurado ha considerado que no se practicó ninguna prueba que acredite la participación del acusado en los hechos», se lee.

«Y concretan una comisión ilegal para el alcalde»

La sentencia declara probado que en enero de 2002 José María Pena Hevia, intermediario en negocios inmobiliarios nacido en Marín (Pontevedra) en 1961, "interesó el pago de 12 millones de pesetas al promotor José María Diaz en relación con la tramitación de la licencia urbanística de la parcela 7 del polígono 35 de la tercera fase de Caleta de Fuste, cuya urbanización se encontraba paralizada, sin que conste que dicho dinero fuera para el alcalde de Antigua".

Añade la resolución que el promotor Emilio Fondevila Camino, nacido en Salcedo (Pontevedra) en 1953, "sugirió a Lucio Martínez, con intereses en las urbanizaciones de Caleta de Fuste y el Castillo, que con diez millones de pesetas se arreglaría cualquier tipo de problema, negándose el requerido a pagar cantidad alguna", Detalla que tampoco se considera probado que en este hecho estuviera implicado el alcalde.

DISCUSIÓN. Finalmente, la magistrada Pilar Parejo da por acreditado que el 4 de marzo de 2002 Cazorla y el empresario José María Oyarbide (inicialmente acusado en el proceso, ya fallecido) mantuvieron una conversación telefónica "En la que discuten y concretan el pago a este (al alcalde), como comisión ilegal, que sería de 45 millones de pesetas, para agilizar los trámites en relación a la licencia de las parcelas 31, 32 y 9 de Nuevo Horizonte, propiedad de la empresa Inverdela, sin que se llegara a realizar pago alguno debido a la intervención de las autoridades».

Todo sigue igual durante medio año

No fue mal encaminado Cazorla cuando afirmó el pasado viernes que había alcalde «para rato». La defensa ha anunciado que va a presentar recurso de apelación contra la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia. La interposición de ese recurso paraliza, automáticamente, la ejecución de la sentencia, lo que implica que hasta que no se resuelva el recurso -tardará entre tres y seis meses- el alcalde sigue siéndolo.

En cuanto a la pena de prisión, probablemente no tendrá que cumplirla, ya que carece de antecedentes. La suspensión es potestad de la magistrada Pilar Parejo.

La causa ni siquiera se acaba con el fallo del TSJC. Si este confirmara la condena, el acusado podrá acudir en casación ante el Supremo, y ese trámite puede dejar el caso en suspenso más de un año. También el fiscal puede solicitar la ejecución cautelar de la pena. En ese caso, Parejo tendría que tomar una decisión tras escuchar a las partes.