Redes en pie de guerra: por qué Brasil bloquea X y Francia arresta al fundador de Telegram

«Libertad de expresión es permitir que alguien a quien detestas diga lo que no quieres oír». Es la descripción que hace Elon Musk, y es la máxima que rige X -o sea, Twitter- desde que el magnate adquirió la red social. Musk, libertario, defiende que la plataforma esté abierta a todo tipo de ideologías, razón por la que reinstauró cuentas tan polémicas como la de Donald Trump -suspendida tras el asalto al Capitolio-, y por la que se niega a interferir en los mensajes que publican sus usuarios.

Su última polémica llega de Brasil, donde esta semana el Tribunal Supremo ha ratificado la orden de uno de sus magistrados, Alexandre de Moraes, para bloquear la red en todo el país. El juez argumenta que X no cuenta con un representante legal en el país, requisito para operar en él, y que la red alberga desinformación y cuentas que promueven el discurso del odio. Musk se defiende afirmando que Moraes está atacando la libertad de expresión y exigiendo que censure a los usuarios. «Sus acciones son incompatibles con la democracia», denunció X en un comunicado.

Algo similar sucede con Pavel Durov, fundador de Telegram. En su aplicación de mensajería, convertida en una red social, los mensajes están encriptados y se publican sin filtro alguno cuando el grupo es privado. Por eso, las autoridades de diferentes países afirman que se ha convertido en el territorio favorito de todo tipo de delincuentes: desde los que comercian con pornografía infantil, hasta el narcotráfico. Desafortunadamente, Telegram no colabora con las investigaciones judiciales para desenmascararlos. Y esa es la base legal a la que se aferra la justicia francesa para justificar la detención de Durov como cómplice de los delitos que se cometen en su aplicación.

Su caso es especialmente peculiar, porque el emprendedor ruso decidió trasladar la sede de Telegram a Dubái para escapar de la presión que sobre ella ejercía el régimen ruso. Desde entonces, ha mantenido relaciones tensas tanto con el Kremlin como con otros gobiernos. Pero también se ha acercado a Occidente, y muestra de ello es que el propio presidente francés, Emmanuel Macron, le concedió la nacionalidad gala en 2021. Y prueba de que en Telegram impera la libertad absoluta es que lo utilizan los ejércitos de Rusia y Ucrania.

La falta de cooperación con los estamentos judiciales traza un paralelismo entre los problemas de ambas redes, a las que les interesa presentar sus casos como una lucha entre libertad y censura. Pero Borja Adsuara, abogado especializado en derecho digital, subraya grandes diferencias. «Soy un acérrimo defensor de la libertad de expresión, pero lo que sucede con Telegram no tiene nada que ver con eso: sino con pornografía infantil, narcotráfico y demás delitos. Apelar a las libertades es una coartada para buscar la impunidad», comenta sobre el caso del ruso.

Carmela Ríos, experta en redes sociales e información, coincide. «Los narcos de Marsella, por ejemplo, utilizan Telegram para mostrar su mercancía a clientes, y la red también se ha convertido en un nido de pederastas», critica. No en vano, Corea del Sur ha denunciado a Telegram por negarse a cerrar grupos con hasta 200.000 usuarios en los que se compartían fotos 'deepfake' sexuales con cuerpos desnudos y los rostros de adolescentes. Al final, tras la detención de Durov, Telegram ha comenzado a cooperar. «No puede ser que albergue a actores del mal para que operen con impunidad», sentencia Ríos.

«En Brasil, sin embargo, se habla de delitos de odio que son difíciles de determinar. Hay mensajes que pueden ser odiosos pero que no son ilegales porque no hay riesgo de que inciten a la violencia», explica Adsuara. Como ejemplo de algo que sí puede ser tipificado como delito de odio pone el de los mensajes que Alvise Pérez publicó tras el asesinato del niño Mateo en Mocejón, un crimen que imputó injustamente a magrebíes. «Eso sí lo es porque señala a un colectivo y lo hace, además, con bulos».

El abogado también compara las dos medidas tomadas por Brasil y Francia: «El bloqueo de X en todo el país es desmedido y además ineficaz, porque se puede saltar con una VPN; el arresto de una persona particular por no colaborar está mucho más justificado». Ríos amplía el foco y aprecia «un choque entre el poder tradicional y el de las nuevas redes, que a menudo supera al de los estados y que trata de imponer sus reglas por encima de las leyes».

Fátima Martínez, profesora de Comunicación y Redes Sociales y especialista en márquetin, coincide y considera que plataformas como X o Telegram «ya son el quinto poder». Y también utiliza a Alvise Pérez como ejemplo de ello. «Es una persona que ha logrado 800.000 votos gracias a lo que publica en redes, y esto pone nervioso a los gobiernos», analiza. Y subraya que sí existe un problema de libertad de expresión. «Lo he sufrido yo misma en Twitter. Antes de que llegase Musk, empecé a hablar de política y mi cuenta estuvo 'baneada' -como se conoce a las que no tienen visibilidad aunque no lleguen a ser eliminadas-. Cuando la compró, mi número de seguidores se disparó», cuenta, dando a entender que el milmillonario ha levantado el veto que los anteriores gestores tenían sobre la derecha política.

Ríos también señala el giro que han vivido tanto Twitter convertida en X como la cuenta del propio Musk. «Se ha convertido en un amplificador de la propaganda política de populistas como Donald Trump», afirma, convencida de que, al contrario de lo que sostienen las empresas, «las redes sociales si tienen responsabilidad sobre lo que se publica en ellas». Por eso, considera que la decisión de Brasil «lanza un mensaje contundente a las plataformas para que entiendan que no están por encima de la ley».

En el caso de Telegram, Adsuara ve un claro componente geopolítico que no existe en el de X. «Parece que Durov ha hecho las paces con Putin, que en su día le pidió información sobre disidentes que se comunicaban en su red, y Rusia la está utilizando de forma masiva, también para operaciones militares. Incluso Wagner se comunica con ella en África. Por eso les preocupa su arresto. Moscú teme que la información que circula en Telegram acabe en manos de la OTAN», analiza.

En el fondo trasciende siempre el dilema de la colaboración con las Autoridades, sobre todo si se trata de regímenes dictatoriales. En el caso de China, por ejemplo, la mayoría de las redes sociales han seguido los pasos de Google y se han marchado del país, que exige mantener los datos personales en servidores ubicados en su territorio y el cumplimiento de una legislación local que garantiza al gobierno acceso casi pleno a todo lo que se publica. «China va por delante en estas cortapisas, pero luego Estados Unidos hace algo similar con TikTok y exige su venta. Musk ahora tiene que atenerse a las consecuencias en Brasil», concluye.

Un problema añadido que ven los tres expertos consultados es que, cada vez más, son las redes sociales, y no la ley, las que marcan los límites a la libertad de expresión a través de sus términos y condiciones. Un ejemplo de ello es la censura de desnudos y de pezones femeninos en Instagram. «Lógicamente, los gobiernos también tratan de influir en el contenido, tratando de censurar lo que les conviene afirmando que polariza a la sociedad o cualquier otra cosa, y las plataformas borran contenido por miedo a sanciones que pueden alcanzar en Europa el 6% de la facturación», indica Adsuara.

Martínez también aprecia un intento de los gobernantes de «hacer que predomine un discurso único», pero reconoce que «todo tiene su lado oscuro» y pone como ejemplo Internet y la 'dark web'. «Creo que, con la excusa de la criminalidad, se van a ir capando las redes sociales y eso afectará a la calidad de la libertad de expresión», avanza.

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