A la izquierda, un perro incluidos en la lista de los potencialmente peligrosos recibe sumiso las muestras de cariño de su dueña. En esta página, un joven azuza a su perro en el jardín de su casa, y un pitbull intervenido por la Policía encerrado entre rejas. / adobe/EFE

Ganarse el derecho a no llevar bozal

El Gobierno planea cambiar la ley de ejemplares potencialmente peligrosos. Busca evaluar a todos los animales de más de 10 kilos en lugar de demonizar a determinadas razas

Sergio García
SERGIO GARCÍA

Si algo hay que reconocerle a la Ley 50/1999, de Animales Potencialmente Peligrosos, es el rechazo unánime que ha concitado entre veterinarios, genetistas, etólogos, adiestradores, criadores o expertos en Derecho. Ni siquiera quien muestre más desapego por el mundo canino tiene datos que avalen que la actual normativa haya contribuido a reducir los ataques, que todas las fuentes consultadas para este reportaje coinciden en señalar que ha aumentado. Desde hace casi 22 años, hablar de pitbulls, rottweilers o bull terriers evoca automáticamente un escenario de violencia desatada, lo que ha conferido a estas razas y a otras como ellas un aura amenazante que nos lleva a cruzar la acera o coger en brazos a nuestro hijo cuando vemos uno de estos ejemplares venir hacia nosotros, no importa que vaya atado en corto y con bozal.

La ley y el posterior Real Decreto que la desarrolló tuvieron una tramitación meteórica al calor de la alarma social que despertaron varios ataques, algunos con resultado de muerte, y en especial el que sufrió el hijo de la presentadora Ana Obregón, agredido por un rottweiler, que después de dos años de batalla judicial se saldó con una indemnización. Tanta celeridad, sostienen los expertos, no fue buena consejera, y se tradujo en un texto sin respaldo ni contraste científico cuyas consecuencias llevan años dejándose notar.

María González Lacabex es abogada especializada en Derecho Animal. A su juicio, la norma se ha revelado «inadecuada» para lograr sus objetivos y genera muchos problemas de aplicación, debido a la disparidad normativa a la hora de decidir qué razas están incluidas (a las recogidas por la Administración central se suman las elegidas en el marco autonómico), la inseguridad jurídica que plantea a los propietarios, un sistema de licencias que realmente no acredita la capacidad para su tenencia y unas condiciones que contravienen las garantías de bienestar que la ley sí ofrece a otras razas y que actúan en detrimento de su adopción».

«La norma no sólo no ha resultado eficaz para generar un espacio de seguridad ciudadana ante posibles ataques, sino que ha estigmatizado a algunas razas desde su nacimiento hasta su muerte», advierte Sergio García Torres, director general de Bienestar Animal y artífice de la modificación de la normativa que está cobrando forma bajo el paraguas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La solución, sostiene, pasa no por «criminalizar» a estos grupos, los conocidos como PPP (Perros Potencialmente Peligrosos), sino por implantar un sistema que evalúe de manera individual a todos los ejemplares o al menos -y esto está todavía por concretar- a los que pesen más de 10 kilos.

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El 'semaforo'

García no se propone derogar la ley, ni tampoco se cuestiona que haya determinados perros que por su morfología representen un problema. «Un San Bernardo puede llegar a pesar 120 kilos y ser un riesgo para la seguridad si tiene algún problema de comportamiento, y sin embargo no forma parte de ninguna lista. Y al contrario, un pastor belga malinois, que adiestran las Policías de medio mundo, no significar ninguna amenaza para la seguridad de los niños que viven en su misma casa, porque ha sido educado y tratado con cariño, y encaja con su entorno».

La nueva ley tratará, en definitiva, de «dar una oportunidad a individuos que, en base a su comportamiento, se demuestre que son óptimos y aptos para la sociabilidad, sin que esto suponga una merma para la seguridad de las personas». Estos perros, que pasarán a llamarse 'de manejo especial', deberán someterse a un mecanismo de valoración, una suerte de semáforo, donde el rojo perpetúa el concepto de peligroso y el verde levanta las restricciones. ¿Sólo ellos? «No, también los demás perros, y con carácter revisable para determinar que la conducta no cambia».

En esta línea, el Gobierno acaba de poner en marcha un registro integral de animales de compañía, encaminado a establecer un mecanismo de coordinación estatal que facilite el control de la cría ilegal, el abandono de animales y la tenencia responsable, «un aspecto clave», resalta Juan Carlos Ortiz, presidente de la Asociación Española de Veterinarios Municipales, quien no puede evitar preguntarse si ponemos demasiado el foco en los animales y muy poco en quienes son responsables de ellos.

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Cuidado... con el dueño

La reforma planteada no satisface, sin embargo, las inquietudes de todos. Ortiz no comparte el sistema del semáforo, «otra forma de estigmatizar al animal. Nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario, pero con los animales no es así, tienen que demostrar que no representan ningún riesgo». Tampoco Mariano Peinado, dueño de 22 american pitbull terriers - «su único peligro es que te cubran de babas», dice- y presidente de la Asociación Internacional para la Defensa Canina y sus Dueños Responsables, arremete contra una normativa que persiste, dice, en la «discriminación» por especies y que sólo persigue abrir nuevos frentes de negocio «con una exigencia de revisiones que, en tiempos de crisis, va a propiciar el abandono y el sacrificio de miles de animales, como ya pasó hace años».

Tomás Camps es etólogo, un veterinario capacitado para diagnosticar, prevenir y tratar temas de comportamiento en los animales. Opina que la nueva ley, que García espera que sea una realidad el 1 de enero próximo, debería ante todo conjugar dos objetivos: mejorar el bienestar de los perros , «algo para lo que el texto actual no sirve»; y reducir el número de ataques a las personas, «para lo que es fundamental incidir en la educación no sólo de los animales, sino también de las personas».

Lo corrobora Raquel López, de Reborn, asociación con sede en Cataluña que reeduca perros. Ella tiene dos american bully, que conviven en casa con tres gatos, niños pequeños, que van a fiestas... Es de las que piensan que a menudo a quien hay que atar en corto es al dueño. «Conseguir buenos perros pasa necesariamente por propietarios responsables, que sepan corregir al animal», lo que no significa doblegarles a base de gritos y castigos, porque entonces se frustran y el vínculo que quieres establecer salta hecho pedazos.

«La ley, tal y como está concebida, ha llenado las perreras de animales supuestamente peligrosos, ejemplares que han tenido muy mala vida, que han sido maltratados y que ahora son muy difíciles de colocar. Yo -abunda Raquel- tengo animales que sé que se van a morir conmigo». González Lacabex espera de la nueva norma un riguroso control de la cría. «Carece de sentido endurecer las condiciones para la tenencia de estas razas mientras no se disponen medidas para controlar su reproducción y cesión». Camps va más allá. «Los primeros meses de vida son fundamentales para el comportamiento animal. La importación de perros criados en condiciones que no ofrecen garantías debe activar las alarmas y hace necesario un registro de criadores. Una norma tan transversal como ésta tiene que tenerlo en cuenta».

El nuevo texto, como ocurre con todas las leyes, tiene por delante un desafío condicionado por la «histórica insuficiencia de recursos públicos destinados a la protección animal», destaca Lacabex. Por su parte, Juan Carlos Ortiz desliza que «para que una norma sea efectiva tiene que ser aplicable. Es muy difícil hacer cumplir algo cuando quienes lo han redactado no tienen experiencia en cómo debe implementarse. En España hay más de 400 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y el 80% de ellos carecen de un veterinario municipal. Si no dispones de los medios humanos y materiales para gestionar este escenario, el alcalde acaba otorgando licencias para la tenencia de PPP sin disponer de ningún respaldo técnico».

Camps, presidente de Gretca -que agrupa a 155 etólogos en España- cree, en cambio, que es posible, «siempre que el Gobierno nos permita certificar a educadores que realicen las pruebas y a veterinarios que las evalúen». Plantea también que los test de conducta y salud «no sean obligatorios para todos los perros, sólo para aquellos cuyos dueños quieran entrar en el sistema. Pretender otra cosa no es realista, porque no hay medios para evaluar a todos, al menos a corto plazo».

8 son las razas catalogadas como potencialmente peligrosas en la Ley 50/99. La lista la forman american Staffordshire terrier, dogo argentino, pitbull terrier, akita inu, rottweiler, fila brasileiro, Staffordshire bull terrier y tosa inu. Las autonomías pueden engrosar esta relación (Galicia o la Comunidad Valenciana la elevan hasta 15).

El foco puesto en las características físicas. También se consideran ppp los canes que incluyen alguna o todas de estos rasgos: marcado carácter, fuerte musculación, pelo corto, perímetro torácico de 60-80 cm, altura a la cruz de más de 0,5 metros y más de 20 kilos, mandíbulas grandes y fuertes, extremidades robustas... Esta catalogación ha sido fuente de fuerte controversia.

La agresividad. Es la tendencia a actuar o responder con violencia. Se activa por dominancia, miedo o territorialidad, eso cuando no hay una lesión orgánica. Si no está cómodo, el perro avisa de que no nos acerquemos con gruñidos, enseña los dientes, arruga los labios o altera la postura.

¿A quién se reserva la licencia para tener PPP? A los dueños y personas que paseen al animal siempre que sean mayores de edad, no hayan sido condenados por delitos ni sancionados por infracciones graves, dispongan de capacidad física y aptitud psicológica para tener estos animales y acrediten un seguro de responsabilidad civil a terceros con una cobertura no inferior a 120.000 euros.